Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/2/1995 12:00:00 AM

LA TIERRA DEL OLVIDO

Con la masacre del martes las FARC escalan una sangrienta ofensiva contra la población civil de Urabá y reactivan una guerra que ya va para dos décadas.

LA TIERRA DEL OLVIDO, Sección Nación, edición 696, Oct  2 1995 LA TIERRA DEL OLVIDO
LAS CARAS DEL PRESIDENTE ERNESTO SAMper y de su recién posesionado ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, hablaban por sí solas. Era como si hubieran visto a la muerte en persona. Y, la verdad, no estuvieron muy lejos de ello. En su visita a Urabá, realizada con ocasión del Consejo Extraordinario de Seguridad convocado a raíz de la masacre de 19 personas ocurrida en Carepa en la madrugada del martes, a los funcionarios del gobierno los golpeó el horror de las historias de los casi 700 muertos de este año y la realidad de un conflicto que va a cumplir dos décadas y que, lejos de solucionarse, cada vez parece más enredado.
El último capítulo de esta novela de terror se presentó el pasado martes, en las horas de la madrugada, cuando los vehículos que transportaban a los obreros de varias fincas bananeras fueron interceptados por una treintena de guerrilleros del V frente de las Farc. Los subversivos hicieron bajar a los 150 trabajadores y los formaron contra una vieja construcción de la finca Los Cunas, a escasos kilómetros del pueblo de Carepa. Leyeron una lista de nombres en la cual sólo figuraban dos de los obreros presentes. "Matémoslos a todos" dijo uno de los asaltantes. Sin embargo, seleccionaron a un grupo de 24 hombres y se los llevaron hasta la cancha de fútbol de la finca, donde los acostaron boca abajo con las manos atadas a la espalda.
Cuando el Ejército llegó al lugar, los soldados sólo encontraron los cadáveres de los trabajadores, vainillas de fusil y de pistola y el testimonio de quienes aseguraban que la guerrilla había huido llevándose a siete obreros más.
El día anterior, en el otro extremo del mundo, los serbios habían atacado con proyectiles de mortero un mercado público en Sarajevo. Allí murieron 39 personas. Indignados, los países miembros de la Otan enviaron aviones bombarderos para controlar la zona. En Colombia, en la región de Urabá, van 60 muertos en este mes, y nadie sabe a ciencia cierta cómo controlar la región. Ni siquiera el recién decretado estado de conmoción interior puede hacer milagros. Esa impotencia era lo que reflejaban las caras de Samper y de Esguerra el jueves durante el Consejo de Seguridad en Carepa. Y también es lo que transmiten las palabras del ministro de la Defensa: "Los correctivos serán estrictos y severos, pero la conmoción interior no es la lámpara de Aladino. Estos hechos son difíciles de evitar en una zona tan complicada como Urabá. Habría que poner un soldado en cada mata de plátano". La matanza del martes se parece a muchas otras que han sacudido a la región. Ya han sido varias las veces que los encapuchados llegan, lista en mano y a la madrugada, a llamar por su nombre a los simpatizantes de sus enemigos. Y el desenlace es siempre el mismo. Así sucedió con Honduras, La Negra, La Chinita y muchos otros episodios trágicos. La única diferencia es que antes los hechos eran atribuidos a los paramilitares. Esta vez no es así. El V frente de las Farc buscó con ello continuar con su campaña de exterminio contra los reinsertados del EPL. Aún no han logrado perdonarles su reintegro a la vida legal en 1990, ni su amplia base social y electoral, ni el control que ejercen sobre los sindicatos, ni la supuesta alianza que éstos habrían pactado antes de reintegrarse con los paramilitares de Fidel Castaño, ni la consecuencia última de esta alianza: la creación de unos comandos populares, aliados del Ejército y de los grupos armados de derecha.

ZONA ROJA
Y es que el problema de Urabá es tan complejo como antiguo. La esquina noroccidental de Colombia ha sido tradicionalmente un hervidero de conflictos laborales, políticos, económicos, sociales y de orden público. Su historia siempre ha ido de la mano de la del banano, el monocultivo del cual, aun hoy, depende el 80 por ciento de su economía. Fue el banano el que llevó la tardía colonización y las oleadas de inmigrantes del interior a instalarse allí, donde las compañías agroindustriales -dueñas de una tierra donde el Estado no existía- impusieron sus reglas de juego. La explotación por parte de las bananeras a una masa trabajadora mal paga, que vivía en condiciones precarias y que estaba descontenta, fue el caldo de cultivo perfecto para la instalación de una guerrilla para la cual la zona representaba importantes intereses políticos y geoestratégicos.
Durante muchos años los partidos de izquierda y la guerrilla -sobre todo las Farc y el EPL- fueron los únicos defensores de los trabajadores. La subversión los representó y los organizó en sindicatos. Muy pronto pasó, además, a ser su intermediario en las relaciones laborales, al punto que en la década pasada muchos patronos entregaban la nómina al frente guerrillero, y era éste el que repartía el dinero entre los trabajadores. Así pues, en un lugar donde el Estado no llegaba, la única autoridad eran el EPL y las Farc, que controlaban -no siempre de manera pacífica- cada uno de los sindicatos.
Pero además de las labores de Robin Hood con la clase trabajadora, la guerrilla se dedicó al boleteo, al secuestro y a la extorsión. Los propietarios, víctimas del accionar subversivo, reaccionaron a principios de la década de los 80. Conformaron y financiaron grupos de defensa privados, armaron a su gente y tomaron el problema de la seguridad en sus propias manos. Sin embargo los nuevos grupos paramilitares -que contaban con las simpatías de la escasa fuerza pública instalada en la región- al no poder combatir frontalmente a una subversion invisible y mimetizada entre, los pobladores, diezmaron a sus simpatizantes. Comenzó entonces una época de asesinatos masivos en las fincas y una etapa en la cual la población obrera se encontró en medio del fuego cruzado entre los grupos armados de izquierda y los de derecha. En esas circunstancias transcurrió la década de los 80 en una región que ha sido de las mayores creadoras de riqueza en el país -con exportaciones que han superado los 300 millones de dólares anuales- y, paradójicamente, una de las más olvidadas por el gobierno.

CAMBIO DE REGLAS
La desmovilización del EPL, que se inició en 1990, cambió las reglas del juego. Años de proselitismo armado y de control sindical le dieron un amplio respaldo popular, lo cual significaba una amenaza para la Unión Patriótica y el Partido Comunista que, juntos, disputaban con los demás grupos políticos el control electoral de la región. Las Farc, miembros al igual que el EPL de la Coordinadora Guerrillera, nunca perdonaron que éste último hubiera desertado de lo que hasta entonces había procurado ser un bloque monolítico, y aún menos que se reinsertara a la vida legal cuando, a su parecer, las condiciones no estaban dadas. Desde ese momento la guerra de las Farc contra el EPL fue a muerte.
La desmovilizaeión del EPL -que cambió su guerrero nombre de Ejército Popular de Liberación al lírico de Esperanza, Paz y Libertad- hizo que las cifras de la violencia amainaran en la región.
Pero no por mucho tiempo. Según las Farc, los 'esperanzados'-como se comenzó a conocer a los reinsertados del EPL- habrían conformado los Comandos Populares, grupos armados que tendrían por objeto combatir a las Farc. Estos comandos estarían patrocinados -o por lo menos protegidos- por los paramilitares y operarían sobre todo en las áreas urbanas de la región, en especial en los barrios de invasión donde vive buena parte de los trabajadores de las 240 fincas bananeras.
Mientras todo esto sucedía, y en la medida en que el desmovilizado EPL iba ganando terreno político, las Farc ocuparon el espacio militar que dejó el EPL en los campos. Pero alli las cosas tampoco han sido sencillas. Los grupos paramilitares han ido ganando cada vez más espacio en el área rural. La fuerza pública, representada en 1.800 soldados y 400 policías, realiza constantes patrullajes por las fincas. Esto ha hecho que las Farc, aun si conservan intacta su capacidad perturbadora, tengan un balance bastante negativo: la izquierda perdió el control político de la zona -salvo en Mutatá- y ahora las alcaldías están en manos del Partido Liberal y de movimientos cívicos, entre los cuales el EPL es bastante fuerte. La guerrilla está golpeada. El Ejército ha logrado, en lo corrido del año, dar de baja a 60 guerrilleros y capturar a 88, mientras la subversión ha asesinado a 14 soldados y herido a seis más.
Por todas estas razones, y dado que la fuerza pública controla las tres grandes vías de acceso a Urabá y, por ese mecanismo, ejerce cierto dominio sobre las zonas rurales, según informes de inteligencia de las últimas semanas, la guerrilla está buscando concentrar sus acciones en las áreas urbanas con el fin de atraer a éstas al Ejército y alejarlo así del campo que las Farc podrían así volver a ocupar. Un segundo motivo que explica el accionar de las Farc, y en especial operaciones como la masacre de la semana pasada, es que ese grupo busca dejar en claro que si bien el Ejército ha recuperado control rural, la capacidad guerrillera de perturbar la zona se mantiene intacta. "Los guerrilleros actúan con la idea de que si bien es cierto que ya no pueden emboscar militares, también lo es que siguen en capacidad de masacrar civiles" le explicó a SEMANA una fuente gubernamental. Con eso y con el paro de trabajadores bananeros, la subversión ha demostrado que puede seguir poniendo en jaque a la población civil y a la industria y arrinconando a las autoridades, que ya no saben qué más inventarse para ponerle fin a la violencia.
Y parece que, para lograr sus fines, a la guerrilla ya no le importan los medios. Le tiene sin cuidado el manejo de la imagen nacional e internacional en temas como la humanización de la guerra -cuyo pilar es el respeto de la población civil, justamente la misma que asesinó el martes pasado- ni en la forma como se portan con los secuestrados colombianos y extranjeros (ver recuadro). Todo parece indicar que la guerrilla en Colombia se descaró.

La explicación de esta actitud puede buscarse en el prematuro fracaso de la política de paz del gobierno Samper. Pero hay otros elementos a tener en cuenta, que parecieran estar relacionados con la crisis institucional y de credibilidad que enfrenta la actual administración. En un reciente comunicado el ELN hizo una serie de observaciones al respecto, y aseguró que en Colombia, más que narcoguerrilla, lo que hay es "narcogobierno, narcoburguesía y narcopolítica ". El senador conservador Enrique Gómez Hurtado coincide en su análisis con la idea de que los problemas derivados del proceso 8.000 podrían no ser ajenos a la actual postura guerrillera: "En Urabá es necesario imponer la paz y el imperio de la ley, y eso no se logra si el gobierno carece de autoridad -dijo a SEMANA a propósito de los hechos del martes-. La paz es el resultado de la aceptación de la autoridad y el gobierno no está en condiciones de lograr esa aceptación, pues no tiene la legitimidad para ejercer la autoridad. Eso explica el descaro de los narcoguerrilleros que, con alguna validez, pueden decir ahora que el enfrentamiento es entre la narcoguerrilla y los narcogobernantes".

SOLUCIONES NUEVAS
El drama de Urabá va ya para largo y las soluciones ensayadas en todos estos años parecen haberse agotado.
Aun así, el gobierno de Samper ha hecho un esfuerzo de imaginación: la zona fue incluida en el proyecto de Ley de Fronteras, con los beneficios tributarios, financieros y arancelarios que eso conlleva; el gobierno entregará tierras a 6.800 familias, dará apoyo logístico a los funcionarios judiciales con el fin de combatir la impunidad, creará un DAS rural y la Corporación de Convivencia Ciudadana; el Presidente ofreció una ayuda de 150 millones de pesos para el fomento de la microempresa y dio vía libre a la realización de un plebiscito como el realizado en Aguachica (Cesar), que impulse a la sociedad civil en un frente unido contra la violencia y ambiente la convivencia.
Sin embargo, la solución no es obvia. Diferentes gobiernos, a lo largo de los últimos 15 años, han hecho toda clase de diagnósticos e intentado todo tipo de medidas. Durante el cuatrienio de Turbay Ayala, la principal acción del gobierno fue enviar tropa a la región. Y hacía falta, pues su presencia era mínima. Pero eso no disminuyó los indices de violencia, sino que introdujo un elemento extraño en la zona que complicó aún más el ya difícil ambiente. Luego, durante el mandato de Belisario Betancur y en desarrollo de su política de paz, el énfasis fue puesto en llevar a la zona instrumentos estatales de solución de los conflictos, como jueces, oficinas del trabajo, inspecciones de Policía, etc. Barco continuó con esta política, pero utilizó además el Plan Nacional de Rehabilitación para llevar inversiones a las zonas que respondieran a las necesidades señaladas por la propia comunidad. Eso en cuanto a la mano tendida. En lo que se refiere al pulso firme, Barco creó la jefatura militar de Urabá con el fin de ganar eficiencia contra la guerrilla y los paramilitares en el terreno de la guerra. A su turno, el gobierno de César Gaviria hizo un poco de todo esto. Creó un plan para Urabá y una consejería especial para la zona, destinó 130.000 millones de pesos para inversión social y de infraestructura y fortaleció la presencia judicial. Y de hecho, las cifras cedieron un poco: de 876 muertes en 1993, la región registró la mitad, 468, en el año siguiente. Pero la realidad y los más de 690 muertos en lo corrido de este año han ido desvirtuando poco a poco todos esos diagnósticos y esas soluciones.
Por esa razón, una de las voces que más ha resonado -por decir lo que dice siendo quien es-, es la del brigadier general Víctor Julio Alvarez, comandante de la XVII Brigada con sede en Carepa. Según su criterio, en Urabá las medidas deben ser integrales. "De nada serviría armarnos hasta los dientes si no se mejoran las condiciones económicas, sociales, laborales, si no se hace un esfuerzo de tolerancia política y si no tenemos instrumentos y garantías judiciales para luchar contra la impunidad".
Y probablemente no le falte razón. Si algo ha quedado demostrado en los últimos años es que el problema de Urabá tiene una dinámica muy particular. Se trata de luchar contra el reloj, que ha marcado más de 30 años de abandono por parte del Estado. No será una tarea fácil. Probablemente se trate del mayor desafío del gobierno, pues de algún modo la región no puede seguir resistiendo que la baja en sus índices de violencia no sea más que la antesala de la siguiente masacre.

PAGO POR VER
La guerrilla no tiene límites; ahora cobra a los familiares de sus secuestrados por darles pruebas de superviviencia.
EL PASADO 16 DE AGOSTO el país se sorprendió al conocer la noticia de la muerte, a manos de sus captores, del joven inglés Trevor Catton, quien había sido secuestrado por el frente Jaime Pardo Leal de las Farc en el municipio de Fómeque (Cundinamarca). El repudio por el crimen aumentó significativamente cuando se supo que la familia del joven de 22 años vendió todo lo que tenía para negociar su rescate, sin saber que éste había sido asesinado a bala a comienzos de agosto.
Ahora, un documento que se encuentra en manos de las autoridades comprobaría la frialdad con que los subversivos manejan la liberación de sus secuestrados. El hallazgo tiene que ver con los ingenieros italianos Salvatore Rossi y Giuliano Ponzanelli, secuestrados el pasado 19 de abril cuando se dirigían al aeropuerto de Barrancabermeja. La retención de los dos europeos -que trabajaban con una empresa extranjera en la ampliación de la refinería del puerto petrolero- fue ejecutada por la columna Capitán Parmenio del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. SEMANA tuvo acceso a una carta manuscrita que un miembro de esa organización, identificado como Armando Luis Mejía Solano, le iba a entregar a un contacto suyo, conocido con el alias de 'Fabio', en la que le da instrucciones concretas para obtener dinero de las familias de sus víctimas. El mensaje, interceptado por el servicio de inteligencia del DAS, plantea un hecho que tiene perplejas a las autoridades: la revelación de que, aparte del rescate por la liberación de un secuestrado, la guerrilla cobra elevadas sumas de dinero por la simple entrega de pruebas de supervivencia. Y en el caso de los dos ingenieros, que todavía siguen secuestrados, fuentes del Unase revelaron que los alzados en armas ya han recibido dinero por ello. Los siguientes son los apartes principales de la carta, que muestran una abierta contradicción entre las promesas de humanización de la guerra, esbozadas por los líderes subversivos, y lo que ocurre en los campos donde operan sus frentes: "Apreciado Fabio. Hermano, recibe un abrazo bien grande y hazlo extensivo a todos los compañeros que te acompañan. También nuestro deseo es el que todos se encuentren bien y las diversas actividades adelantadas por ustedes arrojen los resultados para esta revolución tan esperada por nuestro pueblo. (...) Sobre el negocio que estamos adelantando, Nacho te comentará ampliamente para que conozcas los detalles y estés tranquilo y además puedes orientar las tareas que siguen pendientes de él. Queremos que te encargues directamente de la negociación de dos técnicos de nacionalidad italiana que fueron retenidos hace un mes en Barrancabermeja. Esta tarea fue orientada directamente por nosotros. Los tenemos en un lugar seguro y podemos tenerlos el tiempo que sea necesario. Este negocio es más importante que el alemán y queremos que se haga lo mejor posible y sobre todo con todas las medidas de seguridad. Donde están los tipos tenemos radio y nosotros tenemos todo listo para iniciar la negociación y con mecanismos ágiles para responder pruebas. Los tipos son: Salvatore Rossi, gerente de construcción de la Cracking en Barranca; es un alto funcionario de la TPL, empresa italiana contratista de Ecopetrol. El es el gerente para América Latina y además es geente general de la Tipiel Colombia. A la TPL se le había exigido un impuesto por la obra y ofrecieron chichiguas. Como estaba complicada la retención se les aceptó la bicoca de 200 millones de pesos, que estaban pagando en cuotas de 50 millones mensuales. Como ahora los tenemos vamos a parar ese negocio. Las Farc y el EPL estuvieron detrás de esta retención, pero no la pudieron concretar. El otro se llama Giuliani Pontanelli y por él se pueden pedir 2 millones de dólares y por Salvatore no se puede cobrar por debajo de 10 millones de dólares o aunque por ambos se puede iniciar pidiendo 20 millones de dólares.
(...) En la negociación jamás se rebaja el monto más de lo que ellos ofrecen. Solo cuando ofrecen más de la mitad de lo que uno pide se pueden hacer rebajas considerables. Las pruebas siempre se cobran. Por ejemplo, por los datos que nosotros suministramos del alemán cobramos 50.000 dólares que nos pagaron y recibimos. El casete de los italianos con pruebas de ellos vale 100.000 dólares y con eso se frenan las presiones y se recupera lo que se invierte en tanta vuelta.
Entonces tú inicias la negociación y nosotros estamos pendientes para ayudarte y si todo marcha bien tú la terminas. Para la recibida del dinero nosotros vamos trabajando una forma y luego coordinamos. Para iniciar la negociación te enviamos un teléfono donde puedas llamar. Allí pides una dirección para enviar una carta. La tarea inicialmente no la vamos a reivindicar, luego te avisamos cuándo. En la carta se debe decir lo siguiente: (...) Señores TPL: les comunicamos que tenemos en nuestro poder a los señores Salvatore Rossi y Giuliani Ponzanelli. Por el momento se encuentran bien de salud. Pero con el deseo de que resuelvan lo más pronto posible su situación. Por la liberación de los dos estamos solicitando la suma de 20 millones de dólares. Para conocer la voluntad de negociación de parte de la TPL deben colocar un aviso clasificado en el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga que diga lo siguiente: "Se dictan cursos de escultura, hágase escultor en 20 días (...)."

LINEA ABIERTA
DURANTE LA MISMA SEmana en la cual las autoridades judiciales ordenaron el retiro de un teléfono celular que tenía en su poder el ex ministro Fernando Botero Zea en su lugar de reclusión en la Escuela de Caballeria en el norte de Bogotá, el gobierno nacional hizo exactamente lo contrario con dos de los más peligrosos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia del EPL.
En una carta dirigida por Daniel Garcia-Peña, actual coordinador de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, al coronel Norberto Peláez, director del Instituto Nacional Penitenciario, Garcia-Peña le informa que con el fin "de estimular el proceso de paz y generar las condiciones para desarrollar actividades que permitan una aproximación con los movimientos guerrilleros, los señores Francisco Galán y Francisco Caraballo pueden utilizar el radio de comunicaciones" que funciona en la cárcel de Itaguí, a donde fueron recientemente trasladados los dos reos. Garcia-Peña le dice al coronel Peláez que esta medida ha sido autorizada por el Presidente de la República. Pero nadie entiende muy bien por qué, si según las propias declaraciones de los más altos voceros del gobierno, el proceso de paz -por demás por cuenta de la guerrilla- ha quedado congelado al punto que el presidente Ernesto Samper aplazó indefinidamente el nombramiento de un nuevo Comisionado de Paz, es el propio gobierno el que decide que Galán y Caraballo pueden seguir hablando con sus compañeros en el monte.

EDICIÓN 1884

PORTADA

Duque versus Petro: La hora de la verdad

A una semana de las elecciones la diferencia entre encuestas genera tensión, incertidumbre y hasta pánico. Sin embargo, en la de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA, Iván Duque alcanza una amplia ventaja.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1885

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.