LA TOMA DE LA CADENA UNO

EN LOS CIRCULOS CERCAnos a los medios de comunicación no se habla de otra cosa: la toma de la cadena Uno por parte del grupo Santo Domingo. Cuando todo el mundo se estaba comenzando a preparar para la eventual privatización de la televisión, la sensación que reina en el medio en que ya se está llevando a cabo, pero por la puerta de atrás.

El tema comenzó a tomar actualidad a raíz de que Caracol y RTI hicieron un arreglo para negociar espacios programas durante el apagón. Para solucionar los problemas de sus telenovelas, acabaron por sacar del aire "La 40" de Caracol, reemplazándola por "En cuerpo ajeno" de RTI.

Esto le convenía a las dos programadoras, pues no tenía sentido tener un programa estelar ("En cuerpo ajeno") en un horario muerto por el racionamiento, ni un programa regular en un excelente espacio. Sin embargo este generó las protestas del perjudicado JES, que anteriormente barría en rating a "La 40" con su telenovela "Sangre de lobos" a las 10 de la noche. Ahora tendría que quedar enfrentado con la taquillera Amparo Grisales. Por esto, la programadora de los Sánchez Cristo movió cielo y tierra para impedir la operación. El pleito lo perdió, sin embargo, porque Inravisión declaró que no era de su competencia juzgar decisiones privadas entre programadoras.

Este triunfo de Caracol y RTI dió pie para que se intensificaran las especulaciones sobre el verdadero control de la Cadena Uno en general y de algunas programadoras en particular. En los últimos 15 días se ha rumorado que el Grupo Santo Domingo es socio propietario además de Caracol, de la programadoras RTI, Proyectamos Universal, Prego y NTC. De ser ciertos todos estos chismes, el Grupo controlaría 41.5 horas, que representan el 4 por ciento de la programación de la cadena. Esto violaría no sólo las normas vigentes sobre el régimen de propiedad de la televisión, sino también todos los principios que contienen los proyectos de ley sobre la materia que en este momento estan siendo objeto de estudio en el Congreso, y que señalan un tope del 25 por ciento de la programación.

Pero aún más controvertido que sobrepasar el tope de las horas reglamentarias ha sido considerado el hecho de que dos de las programadoras en cuestión, Prego y NTC, sean dueñas de noticieros. El Gobierno había decidido por decreto no adjudicar noticieros a las programadoras que tuvieran espacios de programación general.

Además, por decisión política se determinó no adjudicarlos a programadoras que estuvieran vinculadas a los denominados grupos económicos. El hecho de que el Grupo Santo Domingo que de por sí ya disponía del mayor número de horas de programación general pudiera llegar a controlar simultáneamente dos noticieros, constituía no sólo un desequilibrio en las reglas del juego de las programadoras y de los grupos económicos en Colombia, sino una abierta burla a las políticas del gobierno. Y como si todo esto fuera poco, en medio de esta situación el Presidente nombró como encargado de dirimir todas estas polémicas a Guido Nule Amin, considerado por todo el mundo como un hombre de ese Grupo.

Esto le costó al primer mandatario una lluvia de acusaciones que iban desde la ingenuidad hasta la complicidad.

Como sucede con frecuencia en este país, todos estos episodios no están exentos de una buena dosis de exageración y fantasía. En primer lugar, el ministro de Comunicaciones es considerado por todos quienes lo conocen como un hombre de gran competencia e integridad. El Presidente, por razones políticas, tenía que reemplazar a Mauricio Vargas por un liberal costeño, que además gozara del respeto del sector privado, para que el espinoso tema de la privatización de Telecom, que le había costado la cabeza a Varias, no quedara enterrado automáticamente el día del nombramiento del nuevo ministro, Guido Nule llenaba todas estas condiciones, que no eran fáciles de reunir, y el Presidente consideró que difícilmente podía constituir una causal de inhabilidad para los cargos públicos el haber trabajado en empresas asociadas con el Grupo Santo Domingo.

Otra versión que no es verdad, es una que está circulando en el sentido de que el Grupo Santo Domingo compró el 50 por ciento de RTI. Este malentendido obedece a que Caracol y RTI, dos empresas del mismo calibre en materia de televisión y que habían sido implacables rivales en el pasado, han formado una alianza estratégica por partes iguales en varios frentes, como el de comercialización y la producción, para racionalizar recursos.

Pero fuera de estos dos casos, nadie pone la mano al fuego para desmentir ninguno de los otros rumores que circulan. En otras palabras, nadie se atreve a definir cuál es la naturaleza exacta del vínculo entre el Grupo y las otras programadoras que controla. Sobre el papel, todas estas empresas son independientes y simplemente han unido esfuerzos con la líder de la cadena para trabajar en bloque. Donde comienza la controversia es en la dificultad de establecer cuál es la frontera en alianza y control, y cuál es la frontera entre control y propiedad.

Al propio despacho del Presidente de la República han llegado protestas en estos días en el sentido de que a través de una "telaraña de testaferros".

Julio Mario Santo Domingo se estaba apropiando de la Cadena Uno. El primer mandatario, discreto como siempre, se limitó a escuchar, pero su gobierno no fue indiferente ante el asunto, y ya las entidades del sector se dedicaron a estudiar el problema.

El caso concreto giraba alrededor de los cambios en la composición accionaria del noticiero Prego. En todas las otras programadoras asociadas con el Grupo, las especulaciones nunca pasaban de anécdotas, pues como no había habido cambios de propiedad, la vinculación tendría que venir desde la licitación. En cada una circulan interrogantes alrededor de quién es el verdadero dueño. En Universal, por ejemplo, propiedad del veterano periodista Alfonso Castellanos, se le había ofrecido la dirección del espacio de opinión de las 8:30 a María Elvira Samper. Se comenzó a trabajar en la elaboración del programa, cuando repentinamente se le informó que tenía que ser "desnombrada" y reemplazada por Darío Arizmendi el director de noticias de Caracol. Al preguntar cuál éra la razón de un cambio tan súbito, se le dejó saber que la decisón no dependía de Castellanos.

También se ha asociado recientemente a la programadora NTC, propietaria del noticiero NTC con el Grupo. Pero como ahí tampoco ha habido cambio de escrituras, todo se ha quedado en especulaciones. SEMANA interrogó al director, Daniel Coronel, sobre estas versiones, y esta manifestó que se trataba simplemente de un "malentendido". El malentendido radicaba en que como lo veían con frecuencia discutiendo el manejo de la empresa con Juan Manuel Arboleda el secretario general de Bavaria, personas mal pensadas asociaban estas reuniones de trabajo con unos vínculos comerciales cuando, según Coronel, "no era más que una asesoría amistosa".

Arboleda es el nuevo poder emergente en el Grupo Santo Domingo, y sus asesorías amistosas en materia de comunicaciones se han convertido en el pan de cada día en el medio. Acaba de asesorar a su hermano Enrique y a dos amigos, Gonzalo Jaramillo Peña y Alejandro Urdaneta Santos, en la compra del noticiero Prego, que hasta la semana pasada pertenecía a Gabriel Ortiz, Javier Ayala y a unas sociedades vinculadas con el empresario Julio Molano. Interrogado Javier Ayala sobre esta transacción, aclara que en una discusión sobre el tema que sostuvo recientemente con Augusto López, presidente de Bavaria, éste al enterarse de las dificultades en que se encontraba Prego, manifestó su voluntad de ayudar a salvar la empresa. Dijo que Caracol no estaba interesado ni podía adquirir la empresa, pero que él conocía unas personas que sí podían estar interesadas. De esta recomendación salió el grupo comprador.

Todos los anteriores hechos fueron la comidilla del medio de la televisión la semana pasada, pero también fueron objeto de serias discusiones a nivel del alto gobierno, ya que creaban importantes dilemas: ¿Cómo determinar si la transacción era real, o si era el Grupo Santo Domingo a través de testaferros? El asunto fue estudiado por los abogados de Inravisión y por los del Ministerio de Comunicaciones, pues había varios principios de por medio, como las incompatibilidades establecidas en la licitación, el mérito de los adjudicatarios y el origen de sus recursos.

Teniendo en cuenta que ninguno de los compradores de Prego era periodista ni tenía experiencia alguna en producción de televisión, y que los espacios noticiosos están atravesando por una de sus peores crisis, el reto que estaban asumiendo representaba un riesgo financiero enorme para personas que no son consideradas adineradas.

Estos aspectos fueron discutidos por los funcionarios del Gobierno con todas las normas legales en la mano y después de las sesiones, se llegó a la siguiente conclusión: con base en las normas vigentes, el consejo Nacional de Televisión no tenía competencia para ir más allá de verificar el cumplimiento de los requisitos formales. A diferencia de las condiciones exigidas para la compra de utilidades financieras, donde la Superintendencia Bancaria tiene poder discrecional de veto y facultades para investigar el origen de los recursos, el Consejo Nacional de Televisión tiene unos poderes muy limitados. Cualquler investigación pertinente por encima de la presentación de los requisitos formales, tendría que correr por cuenta de la Superintendente de Sociedades o del fisco. Sin embargo, esta limitación de poderes no obstó para que todas las partes interesadas estuvieran de acuerdo en que la falta de instrumentos fiscalizadores en los medios de comunicación constituye un problema real que requerirá la atención del Estado a la mayor brevedad, se acordó que esto se le va a recomendar al nuevo ente regulador que será creado para poner en práctica la Ley 14, que será el organismo rector de la televisión en Colombia y, por ende, el encargado de fijar las reglas del juego para la privatización. Sin embargo, como van las cosas es factible que cuando se establezcan estas reglas, una de las dos cadenas ya esté privatizada.-