La Unidad Nacional, en estado terminal

Después de siete años de funcionar como un reloj, la Unidad Nacional está en cuidados intensivos. Excepto el Partido Liberal, que se ha mantenido firme en el apoyo al gobierno de Juan Manuel Santos y ha respaldado su política de paz, están tomando distancia del gobierno los partidos que conformaban la coalición parlamentaria mayoritaria, esto es Cambio Radical, el Conservador y La U.

Eso quedó en evidencia hace tres semanas, cuando el gobierno tuvo que posponer hasta el 20 de julio la discusión sobre las circunscripciones especiales con las que busca que regiones marginadas lleguen al Congreso. Ese día la rebeldía parlamentaria estuvo a cargo de La U, la bancada más grande del grupo del presidente. La mitad de sus senadores no asistieron al recinto y afectaron el quorum para votar el proyecto. Lideraron la disidencia algunos miembros de la bancada costeña, que desde hace meses se han mostrado inconformes con la repartición de cuotas burocráticas del gobierno. Ya habían hecho sentir su malestar cuando amenazaron con descompletar el quorum en la discusión del Estatuto de la Oposición, meses atrás.

Varios congresistas de esa colectividad sienten que el gobierno no ha recompensado bien su apoyo al proceso de paz, que tiene una imagen negativa del 62 por ciento en parte por las estrategias de la oposición. Y algunos liberales manifiestan el mismo malestar. Aunque los rojos tienen más cargos en el gobierno, coinciden con los miembros de La U en la percepción de que deberían tener más.

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En ambas toldas, la continuidad de las cuotas burocráticas de Cambio Radical atiza esa sensación. En efecto, el partido de Germán Vargas está formalmente en la coalición pero se ha dado el lujo de limitar su compromiso con los aspectos más polémicos del acuerdo con las Farc. En los corrillos liberales y de La U consideran “injusto” que el partido del exvicepresidente siga teniendo el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Seguridad Vial, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Aeronáutica Civil, al tiempo que no le pone el pecho a la paz para sintonizarse con las encuestas.

Recientemente el director del partido, Jorge Enrique Vélez, aseguró que su bancada no acompañará temas claves de la agenda legislativa del segundo semestre: el proyecto de tierras y la reforma política. Así mismo, calificó de inconstitucionales la mayoría de los decretos que presentó el Ejecutivo relacionados con los acuerdos de paz. Ante esas declaraciones, las bancadas de La U y el Partido Liberal reaccionaron y le pidieron al gobierno volver a articular las mayorías. “No podemos seguir durmiendo con el enemigo, es necesario que se recomponga la unidad”, afirmó el senador Armando Benedetti, presidente de La U.

Rearmar la coalición requiere reforzar el compromiso legislativo de los conservadores. Aunque el anuncio de la alianza de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe generó malestar en las directivas azules por considerar que Pastrana descalificó al partido, sus mayorías están listas para desplazarse al uribismo. Por eso, el gobierno tiene la meta de conservar sus votos este semestre y para lograrlo cuenta a su favor con que el 20 de julio asumirá la presidencia del Congreso el senador Efraín Cepeda, elegido con el apoyo de la Unidad Nacional. Reforzar la lealtad azul resulta fundamental para que la agenda de paz salga adelante. Sobre todo en el Senado, ya que allí las cuentas del gobierno están más apretadas que en la Cámara. Convocar a los conservadores hasta diciembre significa darle mayor representación nacional al partido. Por ahora, suena la posibilidad de que pasen a controlar la Superintendencia de Notariado y Registro, hoy en manos de Cambio Radical.

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La dispersión y el descontento de los partidos de la Unidad Nacional tienen varias razones. La primera es que después de casi dos periodos presidenciales, cualquier coalición se desgasta. La segunda, que ya no hay reelección presidencial. A diferencia de 2014, cuando los partidos mayoritarios apostaron por la continuidad de Juan Manuel Santos y el gobierno tenía las cartas en la mano para hacer compromisos políticos por cuatro años más, esta vez el presidente no será candidato. Y la tercera razón, la más fuerte, es la cercanía de la campaña electoral. A casi un año del cambio de gobierno, la mayoría de los congresistas comienza a pensar a qué propuesta política vincularse para garantizar su permanencia en las curules.

A diferencia de los liberales, que por ahora se mantienen cohesionados, un sector mayoritario de La U podría desplazarse hacia el uribismo. Otro grupo se acercaría a Cambio Radical más aún si se considera, como dijo su director a SEMANA, que el buen posicionamiento de Germán Vargas en las encuestas de intención de voto “ha permitido que al partido lleguen muchas personas que hoy están en el Partido Liberal, en La U, en el Conservador y en otras fuerzas políticas”.

Hay varias interpretaciones de lo que debería hacer el gobierno para recomponer las mayorías y, al menos, contar con ellas para aprobar lo que queda de la agenda de paz. La primera, que coincide en la necesidad de reajustar la representación partidista en el poder, es de una alta complejidad para el gobierno. Este se encuentra en el dilema de mantener cerca a Cambio Radical o marcar una ruptura con Vargas Lleras al quitarle algo de burocracia para repartirla entre La U y los conservadores. En el primer escenario, apostaría a seguir considerando al partido del exvicepresidente parte de la coalición y facilitar que su colectividad participe, en 2018, de una de las alianzas interpartidistas que buscan darle continuidad a lo pactado en el acuerdo con las Farc. En la segunda, asumir que con La U, los liberales y los azules el gobierno puede garantizar mayorías, con el riesgo de que Cambio Radical radicalice sus posiciones críticas frente a la implementación.

Los políticos cercanos al gobierno piensan que, para que este mantenga su capacidad de maniobra en el Congreso este año, debe, entre otras cosas, hacerle contrapeso a la dispersión de La U. Para ello el partido deberá concretar si tendrá candidato presidencial o no, y, en caso positivo, cuál sería el mecanismo para escogerlo. También cuáles serán sus líneas de acción en la campaña. El presidente Santos, considerado el jefe de la colectividad, debería tomar esas decisiones.

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Entre los miembros de la coalición se menciona una alternativa adicional. La posibilidad de que los partidos que han respaldado las iniciativas de paz del gobierno generen un hecho político para hacerle frente a las alianzas de derecha que –como la de Pastrana y Uribe– ya están cuajando. Eso supondría anunciar pronto cómo se organizarán electoralmente las fuerzas que defendieron el Sí en el plebiscito. No obstante, las motivaciones individuales de más de nueve precandidatos que hoy representan esas fuerzas permiten pensar que por ahora es difícil lograr un consenso para llegar unidas a la primera vuelta. Jorge Robledo, candidato del Polo, está de pelea con Clara López. Y los verdes, Robledo y Fajardo trabajan por hacer su propia alianza.

La semana pasada se frustró una reunión en la que el presidente, el ministro del Interior y otros miembros del gabinete iban a discutir cómo recomponer las mayorías. Pero si el gobierno quiere garantizar que su política principal no fracase en el último momento, deberá considerar esa tarea como una prioridad. No es fácil, teniendo en cuenta los bajos niveles de popularidad del mandatario y la cercanía de las elecciones. Pero si no recompone la coalición, el gobierno corre el riesgo de que se le queme el pan en la puerta del horno.