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| 9/18/2000 12:00:00 AM

La vida y la muerte

La tragedia nacional no tiene límites: la alegría por el rescate de seis secuestrados fue opacada por la muerte accidental de seis niños en una acción del Ejército.

La vida y la muerte La vida y la muerte
A boca de jarro se encontró con la tragedia: los cuerpos inermes de seis pequeños, cubiertos con sábanas blancas, yacían sobre unas camillas en el anfiteatro del hospital de Pueblo Rico (Antioquia). En medio de esa escena de dolor y llanto se encontraba el general Jorge Enrique Mora. Unas horas atrás, el comandante del Ejército había viajado desde Bogotá para conocer de cerca los hechos trágicos ocurridos esa mañana del martes. Sus soldados habían llegado a Pueblo Rico, casi a la misma hora en que un grupo de 40 niños de la escuela La Pica, situada a 12 kilómetros de esa población, salía en fila india rumbo al monte. Los pequeños excursionistas llevaban morrales terciados sobre sus hombros y los menores sus loncheras. Era un día de campo, una jornada ecológica programada por las profesoras de primaria.

Pero muy pronto el alegre paseo se tornó en tragedia. Los soldados que llevaban tres días combatiendo con la guerrilla en las poblaciones aledañas a Pueblo Rico, entraron en alerta y en posición de ataque cuando vieron movimientos en la maleza. Quince minutos después, el tableteo de los fusiles silenció la fiesta de los pequeños estudiantes. Ocho de ellos cayeron al suelo y el pánico se apoderó de una población que de inmediato presintió que algo muy grave había ocurrido.

A esa hora, cuando en Pueblo Rico todo era confusión, gritos y llanto, el general Jorge Enrique Mora se encontraba en su despacho en Bogotá. Estaba presidiendo una reunión con sus más inmediatos colaboradores, quienes le entregaban un parte de guerra en la lucha contra la guerrilla bastante alentador. Mora, un hombre introvertido, de pocas palabras y poco amigo de celebraciones, esbozó una leve sonrisa de satisfacción por los logros de sus hombres: 694 guerrilleros dados de baja y 2.531 capturados mientras que en las filas del Ejército los oficiales reportaban 122 soldados muertos y 310 heridos, en lo corrido del año.

Hacía mucho tiempo que el comandante del Ejército no tenía tan buenas y alentadoras noticias. A eso se sumaba la operación en la que otro grupo de sus soldados había logrado rescatar, sano y salvo, a Guillermo ‘La Chiva’ Cortés y a cinco secuestrados más que estaban en un campamento de las Farc en las brumosas montañas de Cundinamarca (ver recuadro). En esa ocasión, el Ejército se había metido en el ‘rancho’ de las Farc y de sus propias narices les arrebató al periodista bogotano, quien con los soldados retenidos se había convertido en una especie de símbolo en la negociación que pretende llevar a cabo Manuel Marulanda con el gobierno en procura de confeccionar una ley de canje.

La operación de rescate era, además, un aliciente para la moral de la tropa y un mensaje de esperanza para los colombianos. Acababa con el mito de la invulnerabilidad de la guerrilla cuando secuestra y revivía la confianza en la Fuerzas Militares. De esa manera se demostraba que era posible montar una sofisticada operación en plena selva y llevarla a cabo con la exactitud de un reloj suizo.



Los gloriosos

Ese domingo, el día del rescate de ‘La Chiva’ Cortés, el general Mora recibió una llamada de Palacio en la que el presidente Andrés Pastrana lo felicitaba. “Esto no fue fruto del azar, señor Presidente. Fue una operación cuidadosamente planeada” le dijo Mora. “Lo sé, general. Por eso lo felicito aún más”, respondió el Presidente.

Detrás de esa operación estaba el respaldo de un profundo cambio de estrategia en la lucha contra el secuestro. Un trabajo que se inició en 1996 con los Gaula (Grupos de Acción unificada por la Liberación Personal) y que con el paso de los años se ha ido perfeccionando para poder combatir quizás una de las organizaciones del crimen más complejas y poderosas que ha tenido que enfrentar la autoridad. “El paso más importante que hemos dado ha sido el de acabar con la oficina del zar antisecuestro, que se había convertido en una especie de oficina oficial de intermediación para negociar secuestros. Ahora el manejo de ese tema está en el Ministerio de Defensa y eso nos ha permitido montar una estrategia más eficaz”, señaló a SEMANA uno de los comandantes de los Gaula.

Hoy existen en el país 26 Gaulas. Veinte de ellos están en manos del Ejército y el resto en las de la Policía y el actual gobierno —con el liderazgo de Eduardo Pizano, secretario general de la Presidencia— acaba de inyectarles una ayuda económica de 20.000 millones de pesos para labores de inteligencia. “El trabajo más importante que hemos cumplido es el de comenzar a desarticular las bandas de delincuencia encargadas de secuestrar para la guerrilla. Este año hemos capturado 702 secuestradores. Más de la mitad de lo que alcanzamos el año pasado”, señaló el coronel Mauricio Santoyo, subdirector de los Gaula de la Policía.

De acuerdo con cifras oficiales que manejan los encargados de los Gaula, 85 por ciento de los secuestrados que están en manos de la guerrilla han sido plagiados por bandas de delincuentes que posteriormente negocian esos secuestros con la subversión. “Es un negocio en el que la guerrilla paga por cada secuestrado entre 20 y 30 por ciento de la plata que cobran por su liberación”, agregó Santoyo.

No ha sido una tarea fácil, pero los resultados respaldan la labor de los Gaula contra el secuestro. De acuerdo con cifras oficiales, en los seis primeros meses de este año se ha logrado el rescate de 516 secuestrados, es decir 52, personas más que el año pasado, y se han dejado de pagar 35.000 millones de pesos.

Pero la ilusión colectiva luego del rescate de ‘La Chiva’ duró menos de 48 horas.

Ese martes en la mañana cuando estaba en plena reunión con sus colaboradores inmediatos, el general Mora recibió una llamada del comandante de la IV Brigada del Ejército en Medellín. El general Eduardo Herrera le contó a grandes rasgos el drama que acababa de suceder en Pueblo Rico. Le comentó que había ocurrido un enfrentamiento con el ELN y en medio del combate había un grupo de niños que iban para una excursión. Resultado del enfrentamiento: seis menores muertos.

Mora soltó el teléfono y quedó paralizado en su silla. Segundos después se comunicó con el sargento que estaba al frente del batallón que había sido protagonista de los hechos en Puerto Rico. También de él recibió la misma versión. Más tarde lo llamó el presidente Pastrana y esta vez le pidió información clara y precisa de lo ocurrido. ¿Qué había pasado?



La pesadilla

A las ocho de la mañana del martes 15 de agosto los 60 niños de la escuela rural La Pica, situada a 12 kilómetros del municipio de Pueblo Rico, Antioquia, salieron de paseo a uno de los cerros cercanos de la vereda. Ese mismo día dos compañías del Ejército de los batallones de infantería Cacique Nutibara y Pedro Justo Berrío, patrullaban la zona en busca de un reducto de la cuadrilla del ELN Ernesto Che Guevara, que había sido detectado en la zona días antes. Según informaron fuentes militares, hacia las seis de la mañana las tropas habían tenido un choque armado con guerrilleros del frente Che Guevara en cercanías de Jericó, población que está a una hora y medio en carro de Pueblo Rico. Después de patrullar durante toda la noche la tensión de los soldados se mantenía y la expectativa era un encuentro en cualquier momento. La altura y visibilidad del cerro hacían de él un lugar perfecto para dominar kilómetros a la redonda. El comandante decidió permanecer en máxima alerta. Cuando vieron movimientos se dividieron en dos grupos que se ubicaron a lado y lado de la zona.

Mientras tanto los estudiantes caminaban con sus loncheras y los más grandecitos ayudaban a cargar los víveres con los que Yamile, una joven de 15 años que los acompañaba, pensaba preparar un sancocho. Hacia las nueve de la mañana el grupo más avanzado entre los que se encontraban los hermanos Torres Molina, Iván, Julián y Esneider, pasaba la alambrada para ganar el potrero de la cima. Cruzaron el viejo camino de herradura y cuando llegaron al morro junto con otro grupo de pequeños que no superaban los 15 años, el concejal Hernando Higuita y la profesora Lucy Vélez llamaron a un descanso de control.

En el momento en que el concejal Higuita pidió a los niños que encabezaban la excursión que ayudaran a los otros chicos que venían más abajo con las ollas y los víveres, se desató la pesadilla. “Empezamos a oír un traqueteo horrible que nos rodeaba desde la parte más alta del potrero. Todos corrían como locos”, recuerda Higuita, quien trató de llegar hasta el lugar que era blanco del abaleo. “Grité hacia los lugares de donde provenía el fuego, que no nos dispararan que éramos civiles, pero nadie parecía escuchar”. El fuego continuó y mientras la profesora se tiraba al camino de herradura para proteger a su vez a una de las niñas, su esposo el concejal Higuita ganó el morro y tomó como pudo a Cristian Isaza y Oswaldo Muñoz, de 6 y 7 años, heridos bajo la lluvia de balas. Gracias a una cadena humana que se formó, llegaron al hospital antes del medio día donde fueron atendidos. Hoy ambos se encuentran fuera de peligro.

Milagrosamente la mayoría de niños que iban más adelante salieron ilesos. Los hermanos Torres Molina ayudaron a conducir el grupo por entre alambrados y matorrales hasta buscar refugio en una de las fincas de la zona. “Cuando llegué encontré niños escondidos por varias partes y algunos rodaban como bolas por la pendiente”, comenta José Noé Velásquez Correa, del Comité de Cafeteros local, quien vive a 500 metros del lugar de la tragedia. Minutos después de oír las ráfagas, Velásquez se acercó alarmado por lo sucedido y pidió explicaciones a los soldados mientras recogía niños moribundos. “Lo que pasa es que los confundimos porque entre ellos había guerrilleros”, explicó uno de los militares. Cuando los soldados entendieron la dimensión de la tragedia, muchos de ellos tiraron su fusil a tierra y se dejaron caer de rodillas en el suelo. La mayoría no pudo contener las lágrimas.

La otra parte de la tragedia la vivían los padres, quienes buscaban con desesperación a sus hijos. “Fui personalmente por mis hijos Cristian y Gustavo de 6 y 9 años, y aunque alcancé a llegar a tiempo al hospital, el mayorcito falleció a la media hora”, relató Gustavo Isaza, tras aclarar que Cristian ya estaba fuera de peligro. Dos de los tres niños de Angela Rocío Rúa que fueron al paseo no corrieron con la misma suerte. “Cuando mi esposo fue por los niños encontró al chiquito, de 7 años, llorando sobre su hermanito muerto”. A los pocos metros yacía moribunda Paula Andrea, su otra hija de 8 años, malherida por las balas del Ejército.

Al hospital de Pueblo Rico ingresaron seis menores, de los cuales dos fallecieron. De los cuatro niños que fueron remitidos a Medellín, sólo Yamile Andrea Ramírez, de 15 años, continúa hospitalizada. El médico Martín Alonso Mora, director del hospital de la localidad comentó: “Yo fui con una enfermera a sacar a los niños de la zona. Las heridas que tenían los niños que fallecieron eran mortales. Poco o nada más se hubiera podido hacer por sus vidas”.

De nada valieron las explicaciones del teniente coronel Eduardo Gutiérrez, comandante de la Operación Halcón, en la zona desde el sábado, sobre la presencia de guerrilleros en ese lugar. Las familias condolidas no entienden lo que pasó en una de las veredas más tranquilas de ese sector. Según la alcaldesa Judith Piedrahita hace más de cuatro años que no hay grupos guerrilleros por allá.

Hacia el medio día del martes el comandante de la Cuarta Brigada Eduardo Herrera Verbel llegó con miembros de la Fiscalía para presenciar los levantamientos y para conocer de cerca los hechos ocurridos. Más tarde hizo su arribo el general Jaime Cortez Parada, inspector del Ejército, para enterarse de lo que pasó y visitar a los soldados. “Nuestros hombres están golpeados, la irracionalidad de este conflicto no se puede entender. Aun así no podemos desfallecer sobre nuestro juramento para la defensa de la soberanía de nuestra identidad nacional”, afirmó el general.

Los soldados y los comandantes de los batallones sostienen que hubo combates con el ELN en esa zona. Pero los pobladores dicen lo contrario. Que ese día martes no había guerrilla en el pueblo. Y que los niños de la excursión nunca fueron escudos humanos, como lo ha dicho el comandante de la IV Brigada, el general Eduardo Herrera Verbel. Por ahora la palabra la tiene la Fiscalía que inició una investigación para esclarecer los hechos, pero todo parece indicar que esa última palabra habría podido salir del propio Ejército al reconocer, con toda honestidad, el que es sin duda el error más grave que ha cometido la institución en muchísimos años.



La etica de la guerra

El saldo frío de lo que sucedió la semana pasada, fiel espejo de la dinámica de la realidad colombiana, no pudo haber sido más paradójico: entre el júbilo de la familia de los liberados —y del resto del país— y los lamentos desgarradores de los padres de los seis niños muertos; entre la vitalidad existencial de ‘La Chiva’ Cortés en la improvisada rueda de prensa que ofreció, y las lágrimas de los soldados que delataban el error cometido. En tan sólo 48 horas el alborozo colectivo por el haz de luz que se abría en medio de las tinieblas del secuestro generalizado, se extinguía una vez más. Como si los colombianos estuvieran condenados a vivir un día en el cielo y el otro en el infierno. Como si por cada motivo de alegría fuera necesaria una dosis de realidad brutal. Son acontecimientos que revelan los impulsos contradictorios de la guerra. Y que van al fondo de sus implicaciones humanas, políticas y militares. Una de las cuales apunta hacia la urgente necesidad de que los actores en conflicto respeten a la población civil.

En el caso de los niños, la responsabilidad recayó en el Ejército y tendrán que rodar cabezas en la institución por la atrocidad cometida. Pero pudieron haber sido perfectamente los paramilitares, las Farc o el ELN, éstos no de manera involuntaria. Como sucedió con la masacre de 18 personas en Urabá perpetrada por los paras por equivocación en 1995, o con los cinco jóvenes excursionistas del Tolima ejecutados por las Farc ‘por error’, o con la conflagración de Machuca que dejó 70 humildes campesinos incinerados por culpa del ELN.

Lo cierto es que la situación de la población civil en medio del conflicto ha llegado a unos límites intolerables. En lo que va corrido del año, las guerrillas, tanto Farc como ELN, han asesinado 120 civiles en 31 masacres. A ello hay que sumarle la cuota paramilitar de 93 masacres y 512 víctimas civiles. Una confrontación que con las anteriores masacres ha desplazado 134.799 campesinos sólo este año. A esto hay que sumarle las escalofriantes cifras de los niños en el conflicto que tiene la Defensoría del Pueblo: a diario mueren cinco de ellos de manera violenta y 206 han sido secuestrados. Ello sin contar los que han quedado huérfanos del conflicto, con lesiones incurables o que han sido reclutados por la guerrilla o los paramilitares.

Estas cifras demuestran cada vez más la necesidad inaplazable de ponerle unas reglas a la guerra y forzar a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Si bien es cierto que el país necesita un Ejército fuerte y bien dotado, capaz de doblegar a las guerrillas y desterrar de una vez por todas el flagelo del secuestro, también lo es que se necesita un Ejército respetuoso de la ley y los derechos humanos. En este sentido, es necesario superar la esquizofrenia con que se ha planteado la guerra en Colombia y, de paso, enterrar el argumento peregrino de que no se puede hacer una guerra sin brincarse los derechos humanos, cuya expresión más cotidiana es el ‘Síndrome de la Procuraduría’.

A diferencia de las guerras internacionales, la guerra en Colombia sólo se puede ganar con el apoyo de la población civil. Es una guerra política. Y en esa medida es muy difícil triunfar cuando un Estado maltrata los derechos de la población. En su libro Guerras justas e injustas, Michael Walzer —ex combatiente de Vietnam y profesor de filosofía— plantea que no se puede excluir la guerra de la ética. Por brutal que sea la guerra tiene una dimensión humana y no se puede negar la posibilidad de un derecho de guerra. Por lo tanto, hay que combatir la percepción de la sociedad de que como la guerra es horrible no se puede hacer nada. Y en el corazón de este debate está la diferenciación entre el combatiente y no combatiente. Estas simples reglas proponen inmunizar a los civiles obligando a los actores a planear las actividades de guerra, antes de iniciarlas, a fin de diferenciar entre combatientes y civiles (principio de distinción); a prohibir la utilización de armas que afecten a la población en general como las bombas, las minas quiebrapatas, las armas químicas y biológicas, y, por supuesto, los cilindros de gas (principio de opción limitada); y a respetar las actividades de los religiosos y las misiones humanitarias como la Cruz Roja, impidiendo que éstos sean utilizados para engañar al enemigo. Y son las normas internacionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) las que le otorgan un especial tratamiento a los niños, dada su fragilidad y vulnerabilidad.



Barbarie y civilización

Pero más allá de los manuales de operación o de las denuncias ante el Tribunal de La Haya, resulta prioritario que la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional exijan la humanización de la guerra en Colombia, a través de la aplicación de un DIH que sea verificable. El país tiene que aprender de naciones que han tenido experiencias similares como El Salvador, Sri Lanka o Sudán donde los grupos armados consideraban ‘territorios de paz’ o ‘corredores de paz’ a las escuelas, jardines infantiles, centros de salud y buses escolares.

En el día a día, ello significa que en las marchas por la paz se obligue a los actores del conflicto a dejar de utilizar minas quiebrapatas y los cilindros de gas, a que no se utilicen listas negras o se adelanten masacres de campesinos rotulados como “simpatizantes” de la guerrilla, del Ejército, o de los paramilitares, y a que los habitantes de zonas de conflicto no sean desplazados por el régimen del terror.

Una sociedad civilizada no puede permitir que maten a sus hijos por cruel que sea el conflicto. Por eso más allá del acalorado cruce de recriminaciones mutuas, vale la pena recordar lo que dijo el tendero de pueblo cuando un periodista la preguntó quién le había disparado a los niños: “Aquí no importa quién disparó, mataron a la inocencia de un pueblo”.

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