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En Colombia no es delito portar armas blancas. | Foto: SEMANA

JUDICIAL

El recurrente argumento del cuchillo afilado

La barbarie de los machetazos sigue siendo vía de trámite de las diferencias en Colombia, el mismo país donde el tema de la paz ocupa en los últimos años el centro de la discusión pública.

José Monsalve
13 de noviembre de 2016

Se llamaba Julián Steven, tenía apenas 6 años y fue asesinado porque sí y de la peor manera: a machete. Aunque apenas rozaba el metro de estatura, era el mayor de la camada. Su hermana de cuatro años iba con él y su siguiente hermano ni siquiera había nacido. El mayor y el menor ya jamás se conocerán. Iban todos a pie y apresurados para llegar a tiempo con el almuerzo que le llevaban al padre y esposo, cuando se encontraron con el verdugo.

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Henry Antonio Durango Aguirre, de 35 años, estaba impaciente y lo que menos quería era oír un no. Se acercó a la familia machete en mano, pidió un celular para hacer una llamada y cuando la madre no tuvo más respuesta que el monosílabo aquel, Durango tuvo una razón para impulsar el arma y cortar a diestra y siniestra, sin más. La tétrica escena ocurrió en Ciudad Bolívar, un pueblo del suroriente de Antioquia, el martes 8 de noviembre.

“Los menores sufrieron heridas en la cabeza, la columna vertebral y la menor perdió uno de sus brazos. Luego del ataque el recolector de café huyó”, dice la Fiscalía en su reporte de los hechos. Durango –el recolector de café– fue capturado dos días después y trascendió que tres semanas antes de acuchillar a los niños había resuelto otro incidente con un compañero de trabajo empleando el mismo método de pocas palabras.

Mientras Durango se escabulló por algunos días, luego fue capturado y presentado ante un juez declarándose inocente, el pequeño Julián Steven murió y su hermana sigue en cuidados intensivos en el hospital San Vicente Fundación de Medellín, adonde fueron trasladados en helicóptero tras el bárbaro ataque.

El cuerpo de Julián Steven regresó a Ciudad Bolívar en un diminuto ataúd blanco. Miles de habitantes del pueblo lo recibieron el viernes con camisas del mismo color, en silencio, y con una mezcla de llanto, rabia y vergüenza, acompañaron su féretro de huérfano arrancado.

Fue cosa de un demente, dicen los optimistas –“unas cuantas manzanas podridas” se argumentó cuando apareció el primer puñado de los llamados falsos positivos, que ya se cuentan por miles–. En Medellín, esta misma semana, fue capturado por la Policía Luis Miguel Gallego Moreno, un hombre de 42 años que el pasado 20 de octubre fue sorprendido en flagrancia cometiendo el crimen contra su propia hija, una bebé de dos años. Luego de recogerla en la guardería, la llevó a casa donde “la golpeó, la apuñaló y luego la colgó con una soga en el baño”, dice la Fiscalía. El criminal trató de suicidarse con el mismo cuchillo y se produjo una herida que lo tuvo casi un mes hospitalizado.

Y también esta semana, en Bogotá, fue capturado y llevado ante un juez José Álvaro Ibáñez, de 46 años y un voluminoso prontuario de antecedentes, a quien varios testigos señalan de ser el sujeto que le asestó un navajazo letal –en el corazón– a un pasajero en un bus del Sistema Integrado de Transporte.

Cuando el bus avanzaba por la Avenida ciudad de Cali con calle 13, en el occidente de Bogotá, quedó libre un puesto que Alvarado iba a ocupar, pero una mujer se le adelantó. La furia de este estalló y se despachó en insultos. Uno de los pasajeros le reprochó a Alvarado su altanería y este le respondió con esa única cuchillada definitiva. La víctima se llamaba Ronald Reinaldo Ramírez, de 30 años, padre de tres hijos. Su verdugo gozaba de casa por cárcel y un permiso para trabajar, así “purgaba” una pena por el asesinato de siete personas.

Semanalmente, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación los directivos hacen un monitoreo y consolidado de los eventos criminales. En el más reciente “censo delictivo”, es decir, en la semana que va del 28 de octubre al 3 de noviembre –en apenas seis días–, el ente investigador registró 196 asesinatos, de los cuales 42 fueron cometidos con armas cortopunzantes. Las cuchilladas son el segundo mecanismo de exterminio entre los colombianos, únicamente superado por los homicidios cometidos con armas de fuego (141).

Los datos y las tragedias confirman que no fue nada descabellada la idea del alcalde del municipio de Santana, Boyacá, Luis Arturo Páez Murillo, quien desde mayo pasado prohibió la venta de licores en envases de vidrio desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. La medida desarmó a los habitantes (6.700) que solían ‘despicar’ los envases de cristal para armarse al instante y así resolver los altercados de las noches de copas. Mientras que antes acudían en promedio al hospital entre siete y nueve heridos por noche con heridas propinadas con ese tipo de arma blanca, tras la medida la cifra cayó a dos.

El mismo país que lleva un lustro rumiando intensamente el sueño de la paz vive la pesadilla cotidiana de obviar las palabras y zanjar las diferencias al filo de puñal. Y ya ni siquiera importa si por delante lo que hay son niños.