Las CAR: ¿'chivo expiatorio' o responsables del desastre ambiental?

La reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), anunciada por el presidente Juan Manuel Santos y que será analizada este jueves en el consejo de ministros, causa inquietudes entre los expertos ambientales que aunque no rechazan la idea de hacer cambios en estas instituciones, sí consideran que se deben realizar con tiempo, con un análisis minucioso y sin las premuras que trae expedir un decreto bajo la emergencia económica, social y ecológica.

Según un borrador del decreto, se propone liquidar las 32 corporaciones antes del 31 de diciembre de este año. Pero el Gobierno negó una decisión en tal sentido. “No es cierto lo que se ha venido divulgando como un hecho verdadero, que el Gobierno va a liquidar las corporaciones autónomas”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos este jueves desde Apartadó (Antioquia).
 
El borrador del decreto también contiene que el patrimonio de las CAR y todos los recursos asignados por el presupuesto general de la Nación, las rentas propias y demás recaudos percibidos por otro concepto se liquidarán y pasarán a conformar el patrimonio de las nuevas instituciones.
 
El propósito, de acuerdo con este borrador, era crear 17 nuevas entidades que estarían divididas según las principales cuencas hidrográficas del país. Para algunos expertos, esta decisión debilitaría el actual Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Lo cierto es que la suerte de las CAR se definirá esta tarde en el consejo de ministros. El senador Juan Lozano, exministro de Ambiente, explicó que el decreto en principio buscará “modificar la gobernancia” de las Corporaciones. La medida pretende cambiar el origen de la designación de sus directores, que tendrían un perfil más gerencial, así como la composición de las juntas de las CAR.

Con el decreto, las ONG y el sector privado ya no tendrían silla en conformación de las juntas de las corporaciones. A su vez, tendrían cabida representantes de instituciones de investigación científica, universidades, IDEAM y de parques nacionales.

Lozano afirmó que una eventual reducción del número de corporaciones sería estudiada en sesiones extra del Congreso en el marco del proyecto de facultades especiales al Presidente para escindir ministerios y reformar departamentos administrativos.
 
Falta de gobernabilidad
 
La falta de gobernabilidad en las CAR, para expertos y para el Gobierno, es el mayor problema. Los tentáculos de la burocracia, la corrupción y la politiquería regional alcanzaron a estas entidades creadas para “administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible”.

Para el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, llama la atención que muchas se hayan politizado aun cuando sus consejos directivos tienen, por ley, representantes del Presidente de la República, del Ministerio del Medio Ambiente, del sector privado, de las ONG y de las comunidades indígenas y negras.

Y aun así, agrega el exministro, se tomaron decisiones que no eran las adecuadas, se invirtió dinero en proyectos que no lo merecían y se permitió que en algunas regiones se crearan ONG de papel, que representaban intereses particulares y que se sentaron en la mesa en donde se tomaron las decisiones.

Precisamente, el tema de privar a las ONG y al sector privado de participar en estos organismos es uno de los que más genera polémica. Según representantes de las ONG y gremios del sector productivo ante los Consejos Directivos de las CAR en Santander, “el sector privado y las entidades sin ánimo de lucro son realmente quienes han venido aportando de manera constante y voluntaria al proceso de administración de los recursos naturales desde la protección, la mitigación y la conservación (del medio ambiente)”.

Por esta razón, suscriben: “consideramos que con esa determinación del Gobierno Nacional (el decreto) busca disminuir la acción autónoma que tenemos sobre nuestras regiones”.
 
Más estudio

El desastre causado por el invierno más fuerte en la historia del país, que dejó más de dos millones de damnificados y pérdidas billonarias, según el Gobierno “guarda íntima relación con una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos renovables. (...) Se evidenció que la jurisdicción y la competencia de las CAR no responden a criterios técnicos que se adecúen a un comportamiento similar al de la naturaleza”.

Expertos consultados por Semana.com coinciden en que no se puede culpar a las CAR de todo el desastre que vive el país por las inundaciones y los deslizamientos de tierra. No niegan que las corporaciones se “politizaron y burocratizaron”, y que si de culpables se trata, en la lista también deben estar las alcaldías, las gobernaciones y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

“Las corporaciones tienen responsabilidades que tienen que ver con la prevención de desastres, pero son limitadas. La prevención es responsabilidad fundamental del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que está en manos del Ministerio del Interior, y me llama la atención que haya pasado de agache en esta crisis y todo se haya volcado hacia las CAR”, asegura Manuel Rodríguez, experto ambiental y exministro de Ambiente. 

A María Victoria Duque, subdirectora de la Fundación Razón Pública, la propuesta del Gobierno le deja serias inquietudes. Se trata de una reforma amplia, muy importante y que merece una discusión nacional, por lo tanto, no considera conveniente tomar decisiones de este tipo bajo la premura de un estado de emergencia.

“Entiendo que las facultades que tiene el Gobierno son para tomar decisiones dirigidas a contrarrestar los efectos del invierno. ¿Será que la reforma a las CAR va dirigida a ello? ¿Con ese conflicto minero-ambiental que se nos viene, no será que el país necesita un poco más de reflexión y no una reacción tan inmediata para una reforma de esa naturaleza?”, pregunta Duque.