Santos - Uribe: a veces llegan cartas

El último pulso entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, se trasladó al campo epistolar. Santos empezó el intercambio con una carta en la que invitó a su exjefe a hablar sobre el proceso de paz. “Estoy dispuesto, junto con el equipo negociador del gobierno, a reunirme con Usted para escuchar sus inquietudes y abrir un diálogo constructivo”, escribió. Uribe respondió en menos de 24 horas desde Roma, donde se encontraba, y rechazó de plano la propuesta. “Parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto”, contestó.

En ambas misivas hubo elementos de forma que llamaron la atención. Santos adoptó un tono personal, casi sentimental, y dijo que actuaba “desde el fondo de mi corazón”. A diferencia del duro lenguaje que utilizó contra Uribe en la reciente convención liberal, esta vez exaltó a su antecesor: le habló de “su indiscutible liderazgo” y le dijo que no esperaba que “abandonara su independencia crítica”.

En el otro lado del Atlántico, Uribe volvió a acudir al recurso literario de empezar cada párrafo con la misma frase: “Ha sido dañino para la democracia….”, y luego reiteraba algunas de las críticas que le ha hecho al gobierno por no tener en cuenta sus puntos de vista. El día del anuncio del acuerdo entre el gobierno y las Farc, el exmandatario había utilizado el mismo estilo de redacción con la frase “la palabra paz queda herida…”. Y también lo hace con frecuencia en sus famosos tuits en los que, para construir una línea de continuidad en mensajes de 140 caracteres, los inicia todos con las mismas palabras. La carta de Roma se puede considerar, de hecho, un tuit largo: ni siquiera tenía encabezado dirigido al presidente Santos. Uribe se ha tomado más tiempo y trabajo para responder declaraciones sobre el mismo tema, tanto del jefe de las Farc, Timoleón Jimenez, como de Álvaro Leyva.

Más allá de las formas, detrás del intercambio hubo un juego de alta política. Es probable que el presidente no creyera que la respuesta de Uribe fuera subirse al tren de la paz, sino dejarle en claro a la opinión pública que el proceso con las Farc no busca su gloria personal sino el bien común. Sobre todo después del nombramiento de César Gaviria como jefe de la campaña del plebiscito, al gobierno no le conviene la interpretación de que la paz es liberal, como se ha dicho.

Uribe también jugó duro. La carta del presidente, hecha pública, lo podía poner contra la pared. Rechazar un diálogo sobre la paz puede resultar costoso, sobre todo si la invitación viene envuelta en un ropaje de cordialidad. Sin embargo, no titubeó para reiterar que su posición no es la de oponerse a la idea abstracta de la paz sino a las condiciones concretas de la negociación de La Habana. Y fortaleció su mensaje –con el apoyo de miembros de su bancada– al resaltar la incoherencia de Santos cuando oscila entre alusiones casi insultantes hacia el uribismo y llamados frecuentes al diálogo. También cuestionaron, como falta de seriedad, que la carta se hubiera entregado a los medios antes que a su destinatario.

En realidad, la Casa de Nariño intentó hacerle llegar la misiva a Uribe, a través del embajador en el Vaticano, Guillermo León Escobar, quien ya había ocupado ese cargo en los tiempos de la seguridad democrática. Pero el expresidente no atendió al llamado, y le pidió a su exjefe de prensa César Mauricio Velásquez que recibiera el sobre. Ante el paso de las horas, la Presidencia decidió hacerla pública.

La interpretación mayoritaria sobre el episodio asegura que con el cruce epistolar de la semana pasada se terminaron de quemar las naves para una reconciliación entre Santos y Uribe, e incluso para un diálogo sobre aspectos concretos del proceso de paz. En realidad eso sucedió hace tiempo, después de que intermediarios del nivel del exsecretario general de la ONU Kofi Annan, del embajador Kevin Whitaker de los Estados Unidos y hasta del exministro Álvaro Leyva habían fracasado en sus intentos de construir puentes. El punto de no retorno quedó atrás con la definición de acuerdos en La Habana sobre los temas que más le molestan a Uribe –la elegibilidad de los miembros de las Farc y que no haya cárcel para los delitos atroces–, aunque hacia el futuro hay puntos –como el estatuto de la oposición– que llegarán al Congreso. Y en los que, en consecuencia, Uribe y los demás congresistas del Centro Democrático harán parte del debate.

Para Uribe, la idea de que no le conviene quedar por fuera del proceso de paz no es una preocupación. El expresidente es un hombre terco y dispuesto a inmolarse antes de acomodarse por razones prácticas. Con su popularidad en las encuestas no tendría ningún inconveniente en enarbolar la bandera de la oposición a la negociación en Cuba antes de sumarse a lo ya acordado. El problema, en consecuencia, no es tanto para él como para sus seguidores. Hacer oposición sin participar en el gobierno es una actividad ingrata en Colombia. Para tener algo de poder político es necesario darle algo a la clientela para que pueda tener la expectativa de una llegada al poder a corto plazo. El uribismo no tiene perspectivas prontas en ninguno de esos dos frentes. Su oxígeno burocrático y su mermelada están en ceros. Las posibilidades de que un candidato del Centro Democrático llegue a la Casa de Nariño en 2018 son casi nulas. Y para mantener la bancada que hoy tiene en el Congreso, el expresidente tendría que volver a encabezar la lista y seguir por cuatro años de disciplina parlamentaria.

Un acomodamiento, aunque es ajeno al temperamento del expresidente, podría ser apoyado por sus seguidores. Algunos de sus allegados consideran que si le abren alguna puerta que le permitan cambiar alguno de los tres puntos que el Centro Democrático considera inaceptables, estaría dispuesto a entrar. Estos son: 1) No cárcel para los guerrilleros responsables de delitos atroces. 2) La posibilidad de hacer política para esos mismos personajes. 3) Exigirles a las Farc algún tipo de reparación económica.

Ninguno es fácil de reabrir. El de la cárcel con barrotes es inamovible para la guerrilla. Las Farc esperan una amnistía social y consideran que haber aceptado la justicia transicional ya es una concesión. El tema de la participación en política tampoco es fácil, pero en teoría podría ser menos inamovible que el de la cárcel. Se trataría de que las personas condenadas por delitos atroces no puedan ser escogidas para cargos de elección popular. Al fin y al cabo, una cosa es que un secuestrador no vaya a la cárcel y otra, que gobierne. Además, no todas las cabezas de las Farc están interesadas en ir al Congreso o en ser elegidas gobernadores o alcaldes, y podrían poner fichas de ellos sin problemas penales. El problema es que ese punto ya está cerrado en la negociación y es imposible reabrirlo con el argumento de que eso neutralizaría la oposición del uribismo.

Lo mismo sucede con el tercer punto. Las Farc deben tener menos plata de la que cree la gente, pero quebrada definitivamente no están. El aumento de los cultivos de cocaína en el último año seguramente las ha beneficiado. Pero ni el gobierno de Colombia ni el de los Estados Unidos ha podido hasta ahora encontrar esas cuentas, y lo único que ha aparecido son unas fincas y negocios en Colombia que sumados no dan más de 50 millones de dólares. Las Farc han dicho que no tienen dinero y que para ellas la reparación es una responsabilidad del Estado colombiano. Si hubiera un cambio en esta posición, el expresidente también podría cambiar su actitud frente al proceso. Lo que queda por verse es hasta qué punto los negociadores de la guerrilla en La Habana están dispuestos a hacer ciertas concesiones para que el uribismo se sume al proceso de paz.