Las cuentas difíciles del posconflicto rural

A comienzos de año, el gobierno recibió las recomendaciones de la Misión Rural sobre los lineamientos para el desarrollo del sector rural en los próximos diez años. Algunas de las propuestas consisten en unificar ciertas funciones de la Dirección Nacional de Planeación y del Departamento de Prosperidad Social, crear un sistema paralelo al pensional que les dé unos beneficios equivalentes a la pensión a campesinos, e implementar un programa de inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Curiosamente, en un país polarizado donde satanizar es la primera opción, la misión llegó a conclusiones que coinciden en gran parte con el contenido del primer punto acordado en La Habana. Su mensaje central es el mismo: hay que focalizar los esfuerzos de desarrollo rural en las zonas más pobres del país, que son aquellas donde los actores armados históricamente han estado. La tarea es poner en marcha un gran programa de desarrollo rural que cumpla este propósito.

Este programa se ejecutaría en unos 15 años a partir del momento en que se firme la paz y le permitiría a Colombia cerrar, de una vez por todas, la brecha que separa al campo y la ciudad. La misión le encomendó a Fedesarrollo calcular cuánto costaría eso y el veredicto fue contundente: el posconflicto rural costaría entre 5 y 8 billones de pesos de inversión incremental anual (entre el 0,6 y el 1 por ciento del PIB).

Cinco a 8 billones de pesos anuales puede parecer una cifra exorbitante, es cierto. Pero ¿qué tan descabellada es si se compara con los frutos que daría? Aclimatar la paz y reducir los estragos de la guerra, a mi parecer, es una ganancia invaluable.

Más inquietante, creo yo, resulta lo poco preparado que está el país en términos presupuestales para pagar esa factura. Por el contrario, el presupuesto del sector rural para 2016 se redujo en un 38 por ciento en relación con el que se aprobó para la vigencia de 2015. Además, dadas las perspectivas fiscales, la posibilidad de empezar a financiar el posconflicto desde el año entrante es esquiva.

Por fortuna, en el acto legislativo para la paz, cuya discusión avanza en el Congreso, se ha previsto que habrá un presupuesto plurianual distinto del general de la Nación –de obligatoria ejecución– con el que se canalizarán los recursos que necesite el posconflicto.

Algunos recursos provendrán de la cooperación internacional y ya hay avances al respecto. Sin embargo, es innegable que el grueso de los recursos del posconflicto vendrá del propio esfuerzo de los colombianos por medio de los impuestos. Solo con un compromiso fiscal rotundo, que aún no asoma en las políticas presupuestales del país, se podrá financiar el posconflicto. O al menos eso dice la experiencia internacional.

El país está atravesando una dificilísima situación fiscal y con esta vendrá una profunda reforma fiscal que incremente los recaudos. Así las cosas, si los gastos asociados al posconflicto comenzarán a surgir en marzo de 2016, si se firma en esa fecha la paz, ¿qué espera hay? Ninguna.

De otro lado, garantizar que los desplazados que no quieren retornar obtengan lo que por derecho merecen –la restitución de su patrimonio y al menos un empleo con el que se puedan sostener– es otra gran tarea. O insertar al mercado agropecuario a aquellos que sí quieren volver.

Limpiar el territorio de minas es también necesario para desarrollar el campo. Por estos explosivos, muchas solicitudes de restitución de tierras están detenidas, porque hasta que no haya seguridad de que no hay minas, ningún predio se devuelve.

A pesar de todo esto, sería un sinsentido desistir a medio camino. Por más lejos que esté la paz, estamos más del otro lado.

*Exministro de Agricultura y Hacienda.