LAS MALAS HIERBAS

CUANDO LOS COLOMBIANOS REGRESAron de vacaciones de fin de año se encontraron a boca de jarro con una realidad: el país no había cambiado. Por un lado, en el Putumayo, los cultivadores de hoja de coca repetían un paro similar al que tres semanas atrás habían realizado los sembradores del Guaviare. Por el otro, en Tuluá, el futbolista Faustino Asprilla era otra vez protagonista de un nuevo escándalo cuando, al igual que el año pasado, se metió en líos judiciales que hoy lo tienen a las puertas de un auto de detención por porte ilegal de armas, aunque con el beneficio de la excarcelación.
Sin embargo, mientras en el caso de Asprilla la reacción de las autoridades fue tolerante, frente a la movilización campesina del Putumayo el gobierno parece haber aprendido la lección que le dejó el deficiente manejo del paro en el Guaviare, donde las autoridades gubernamentales firmaron un controvertido acuerdo en el cual se comprometieron a no destruir con glifosato plantaciones de hoja de coca no mayores de tres hectáreas. Esa decisión fue interpretada en el exterior como una muestra más de que el Estado estaba cediendo demasiado frente al poder de los carteles de la droga. En el Putumayo, en cambio, el presidente Ernesto Samper y su ministro de Gobierno, Horacio Serpa, tradicionales conciliadores, se expresaron en duros términos contra los organizadores del paro y los intereses que se mueven tras bambalinas. Serpa dijo tajantemente que sólo habría diálogos con los promotores de la movilización cuando los campesinos desalojaran las instalaciones petroleras."Les estamos notificando a los manifestantes que se sitúen dentro del orden de la ley, respetando la autoridad. No puede haber cultivos ilegales en Colombia, y donde quiera que los haya el gobierno tiene que hacer lo necesario para erradicarlos", dijo el alto funcionario. Samper no fue menos radical, al bajarse del avión que la semana pasada lo trajo de regreso del Brasil, afirmó que detrás del paro estaban los carteles de la droga y los grupos guerrilleros asentados en la región.
Pero quizá la prueba más clara del cambio de actitud gubernamental fue que mientras en el Guaviare el manejo de la crisis quedó en manos del ex dirigente sindical Jorge Carrillo, enviado a negociar como delegado especial del Presidente, en esta ocasión el complejo asunto quedó en manos del comandante del Ejército, general Harold Bedoya Pizarro. "La situación había que manejarla con otro criterio porque ya no se trataba de la simple toma de la pista de aterrizaje de un aeropuerto. Ahora estábamos frente a la ocupación de una zona petrolera, clave para la economía del país", sostuvo una fuente de la Casa de Nariño.
Así, con tropas enviadas desde Cali, en dos días las patrullas militares lograron recuperar cinco de las seis estaciones petroleras ocupadas por los manifestantes en los municipios de Orito, La Hormiga y San Miguel. No obstante, en la batería de crudo de Churuyaco, jurisdicción de Orito, se desencadenó un incendio, atribuido por el Ejército a los participantes en el paro. Allí los soldados utilizaron gases lacrimógenos y, según se informó oficialmente, una niña de 7 años de edad perdió la vida. "Quienes provocaron las llamas en la estación petrolera realmente querían generar una masacre porque pretendían que estallara el tanque de almacenamiento de combustibles", dijo a SEMANA un alto oficial del Ejército encargado de desalojar a los manifestantes.

EL BOOM CULTIVADOR
¿Qué hay realmente detrás de los paros de Guaviare y Putumayo? Lo que ha quedado al descubierto, y así lo demuestran las diferentes investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Policía Antinarcóticos, el Ejército y la Consejería de Seguridad Nacional del gobierno, es que detrás de las dos movilizaciones está la mano de los carteles de la droga, que se han dado a la tarea de convertir al país en uno de los principales cultivadores de hoja de coca y amapola, y de paso entrar a competir con los mercados de Perú, Bolivia y el Triángulo de Oro, conformado por Myanmar (antigua Birmania), Laos y Tailandia.
Para cumplir este objetivo los carteles han aprovechado la erradicación de cultivos de coca iniciada por los gobiernos del Perú y Bolivia, que tienen programada una vasta estrategia encaminada a acabar con las plantaciones ilícitas. Otra razón de peso por la cual los narcotraficantes están interesados en producir su propia materia prima -pasta de coca y látex- es la de monopolizar el negocio y no depender de sus socios del sur. Así fue como se comenzaron a inundar las selvas colombianas de cultivos, especialmente de coca y amapola, pues la marihuana dejó de ser rentable desde hace más de 15 años.
El boom de los cultivos ilícitos en Colombia tuvo un incremento dramático desde 1991. Por esa época las hectáreas sembradas con hoja de coca eran muy pocas. De acuerdo con el entonces director de antinarcóticos de la Policía y hoy director de esa institución, general Rosso José Serrano, hace tres años las plantaciones ilegales no pasaban de ser pequeñas parcelas de dos hectáreas, que apenas alcanzaban para abastecer una parte del mercado minorista.
Hoy las cosas son a otro precio. En 1991, en un documento conocido como Estrategia Nacional para la Seguridad y la Convivencia Pacífica, el gobierno estimó en 323 los municipios del país donde existían cultivos de coca, amapola y marihuana. Tres años después se presentó un incremento del 20 por ciento, es decir, la cifra aumentó en 62 municipios, para iniciar 1995 con un gran total de 385 cabeceras municipales cultivadas ilícitamente.
Los carteles se han apoderado de 65.074 hectáreas de tierra, las cuales están hoy sembradas con coca, amapola y marihuana. El incremento de los cultivos ha sido vertiginoso en los dos últimos años. Entre 1992 y 1994 las autoridades han estimado un aumento porcentual del 20 por ciento en las plantaciones. "De acuerdo con nuestras investigaciones, los carteles tienen proyectada una mayor expansión de los cultivos ilícitos y, como hemos intensificado las actividades de destrucción, por eso es que han armado los paros, poniendo a los campesinos como escudos", sostuvo una fuente del Consejo Nacional de Estupefacientes.

MERCADO MULTIMILLONARIO
En cuanto a la siembra de hoja de coca, los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo concentran casi la totalidad de las 39.800 hectáreas cultivadas. Las cuatro cosechas al año de hoja de coca producen 318 toneladas de pasta básica, que mueven la increíble cifra de 40.000 millones de pesos, pues desde cuando el gobierno comenzó la fumigación de las plantaciones los precios se dispararon y el kilo de base de coca pasó de 800.000 a 1.300.000 pesos.
Pero si la coca mueve cifras millonarias, algo similar ocurre con los cultivos de amapola. En tan sólo dos años la siembra de la flor maldita se disparó. Esta pasó de 3.000 a 20.274 hectáreas en 1994. La mayoría de estos cultivos se encuentran en los bosques andinos y cerca de 120 cabeceras municipales están afectadas por su producción. Se estima que el rendimiento promedio de látex por hectárea es de 6 a 8 kilos. Eso significa que en el país se están produciendo 107.304 kilogramos por año, que al detal se expenden a dos millones por kilo. Es decir, que en 1994 en venta de látex los productores manejaron la astronómica cifra de 214.600 millones de pesos. Esa materia básica permitió la elaboración final de 17.884 kilos de heroína que, de acuerdo con los estimativos de las autoridades, fueron vendidos en los mercados internacionales a 120.000 dólares cada kilo. En plata eso significó 2.146 millones de dólares.
Hoy por hoy la amapola se está convirtiendo en el gran negocio de los carteles. Ocupa el cuarto puesto en producción mundial, siendo Myanmnr el principal productor con 166.404 hectáreas cultivadas con la flor maldita. Esas plantaciones produjeron en un solo año 2.300 toneladas de heroína, que en el mercado internacional fueron vendidas a razón de 150.000 dólares por kilo, debido a su alta pureza, que alcanza el 100 por ciento. O sea, los narcotraficantes asiáticos ganaron la descomunal cifra de 346.000 millones de dólares el año pasado.
Para las autoridades colombianas la preocupación por la siembra de amapola es que los carteles lograron en tan sólo dos años desplazar a productores veteranos como México y Pakistán, que durante muchos años compitieron por la supremacía del mercado con Myanmar."Todavía tenemos un punto a nuestro favor, y es que los procesadores de heroína en el país no han logrado obtener la máxima calidad de pureza. En caso de lograrlo estaríamos ante un negocio tres veces más rentable que el de cocaína. Por esa razón es indispensable erradicar de inmediato los cultivos", señaló una alta fuente de la Policía Antinarcóticos.
En cuanto a la siembra de marihuana, ésta dejó de ser rentable para los carteles porque, con los precios de la amapola y la coca, la producción de este narcótico pasó a un segundo plano. Además, y con base en informaciones obtenidas por la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, el territorio de la antigua Unión Soviética lidera el mercado de producción. Se calcula que en esas lejanas tierras se está cultivando 25 veces más marihuana de la sembrada actualmente en todo el mundo.

OFENSIVA TOTAL
El tema de los cultivos ilícitos ha pasado hoy al primer lugar en las prioridades del gobierno de Estados Unidos, incluso por encima de la captura de los grandes capos del narcotráfico. Según fuentes del gobierno colombiano, desde cuando Bill Clinton llegó al poder, en materia de lucha antidrogas ya no se habla tanto de poner tras las rejas a los delincuentes o de capturar buques o interceptar aviones cargados con narcóticos. Ahora el discurso oficial estadounidense está encaminado a la erradicación de cultivos, es decir, atacar la base del negocio.
Clinton y sus asesores tienen puestos los ojos en la erradicación de los cultivos ilícitos en todo el mundo y han dicho públicamente que su objetivo es atacar frontalmente las 485.093 hectáreas de sembrados descubiertos en el mundo mediante la utilización de sofisticados satélites.
Pero, como suele suceder en la política estadounidense en materia antidrogas, lo que se predica no siempre se aplica. El gobierno colombiano no oculta su preocupación por el vertiginoso descenso de la ayuda económica para la lucha antidrogas. En 1992 el monto de los recursos fue de 50 millones de dólares. Un año más tarde se redujo a 40 millones. El año pasado llegó a 18.5 millones y para 1995 el Departamento de Estado de Estados Unidos sólo apropiará 16.5 millones de dólares para subvencionar la batalla de la Policía colombiana contra los carteles de la droga.
Aún así, las autoridades colombianas ya tienen muy claro que, con o sin ayuda extranjera, la erradicación de cultivos es una prioridad. "Vamos a tratar de erradicar lo que más podamos en este año. Y ya empezamos por Guaviare, Huila y Tolima, donde estamos fumigando coca y amapola indistintamente", dijo a SEMANA el coronel Leonardo Gallego, director antinarcóticos de la Policía, y para evitar que en el futuro se diga que Colombia no sólo es un país sumergido en la violencia sino en un mar de coca, las autoridades han emprendido quizá la batalla más decisiva para acabar con los cultivos ilícitos. Por encima de los manipulados movimientos campesinos, las amenazas terroristas, como tratar de volar en mil pedazos un campo petrolero o intentar frustrar por todos los medios la erradicación con glifosato, la meta del Estado es acabar este año por lo menos con la mitad de las plantaciones ilegales. Para esta misión en las selvas y montañas colombianas están trabajando 2.500 hombres especializados, quienes tienen la tarea de que el país no se convierta en el principal productor del mundo de hoja de coca y amapola.