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| 9/5/1994 12:00:00 AM

LAS 'MULAS' VERDES

Agentes de la Policía Aeroportuaria tenían una red al servicio de los traficantes de cocaína. Así funcionaba y así cayó

LAS 'MULAS' VERDES LAS 'MULAS' VERDES
HACE DOS SEMANAS EL ESCANDALO COrrió por cuenta de las reinas de belleza. Pero la semana pasada estuvo a cargo de oficiales y agentes de la Policía Nacional: 22 de ellos fueron detenidos y sindicados por la Fiscalía General de la Nación de permitir -a cambio de jugosos sobornos- el caso de cargamentos de cocaína en el aeropuerto Eldorado de Bogotá para luego ser embarcados vía aérea al exterior. Otros 17 oficiales fueron suspendidos de sus cargos por la Dirección General de este organismo por presuntos nexos con el cartel de Cali, cuando el Bloque de Búsqueda encontró en la capital del Valle documentos que los comprometen con recibir dineros de las organizaciones del narcotráfico de esa ciudad. Y 20 agentes más adscritos a la Policía aeroportuaria de Barranquilla comenzaron a ser investigados por posible corrupción administrativa en esas dependencias.

Sin duda los tres casos son un duro golpe para una institución que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán. Después de su victoria en la guerra que libró contra la organización narcoterrorista de Medellín, la Policía ha enfrentado tiempos muy difíciles, especialmente cuando se conocieron las grabaciones de los famosos narcocasetes. Estas dejaron mal librados a varios oficiales y ex oficiales de ese organismo que como ninguno otro soportó a sangre y fuego la demencial arremitada del terrorismo.


EL CASO DE ELDORADO

Y es que cuando el temporal de las narcocintas comenzaba a ceder, una nueva tormenta azotó al cuerpo policial. En esta oportunidad la implicada es la Policía aeroportuaria adscrita al terminal de Eldorado. Veintidós de sus oficiales, incluido su comandante, coronel Leonel Mendoza, están detenidos bajo la acusación de tráfico de drogas. Ellos, de acuerdo con el cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación, hacían parte de una red que permitía el embarque de cargamentos de droga y la salida de mulas en los vuelos internacionales programados por las diferentes aerolíneas que operan en el terminal aéreo. El negocio de los oficiales consistía en dejar pasar maletas cargadas de droga a cambio del pago de un peaje de 800.000 pesos por kilo exportado. Una vez el cliente cancelaba el 50 por ciento del monto acordado, el equipaje comenzaba a rodar por una larga cadena de agentes corruptos que se extendía desde las puertas de entrada al aeropuerto hasta las bodegas de carga de los aviones. Cuando la operación llegaba a su fase final, el cliente de turno cancelaba el 50 por ciento restante.

La Fiscalía todavía no ha podido establecer desde cuándo comenzó a operar esta red de narco-policías. Pero sí tiene en claro cómo cayó. Todo comenzó el pasado 19 de marzo cuando esa noche fueron robados 21 revólveres que hacían parte de la dotación de los agentes de la Policía aeroportuaria que prestaba servicio en el Puente Aéreo de Bogotá. Al día siguiente se inició una investigación interna por parte de la institución para encontrar a los responsables del hurto. Unas semanas después, dos oficiales -cuyos nombres han sido mantenidos en reserva por la Fiscalía por cuestiones de seguridad- fueron señalados como los culpables de la pérdida de las armas. Se les suspendió de sus cargos y el caso fue a parar a la justicia penal.

LAS PRIMERAS PISTAS

La normalidad regresó de nuevo a los pasillos del Puente Aéreo y del terminal de Eldorado. Pero era apenas una calma chicha. Los dos agentes inculpados sabían que eran los chivos expiatorios de un complot que se les montó para alejarlos del terminal aéreo y decidieron soltar la lengua. Esta vez no lo hicieron ante sus superiores, sino que buscaron a un medio de comunicación. Fue así como golpearon las puertas del noticiero CM& y ubicaron a uno de sus reporteros a quien le contaron todo lo que sabían. La historia no sólo tenía que ver con el robo del armamento. Iba mucho más allá. Decidieron hablar ante una cámara de televisión pero con la promesa de que su testimonio no saliera al aire sino que se le entregara al fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff.

Fue así como la Fiscalía conoció las primeras irregularidades que se estaban presentando en el interior de la Policía aeroportuaria. Los dos oficiales ampliaron su testimonio ante los funcionarios del ente acusador. Entregaron detalles sobre cómo operaba la red de narco-policías. Contaron que los negocios se hacían en los locales comerciales del segundo piso del aeropuerto. Allí eran los sitios de reunión de los agentes con su clientela. En esos encuentros se acordaba la cantidad de droga que iba a ser embarcada, se negociaba su precio y se diseñaba el plan para ser introducida al terminal aéreo. Luego se escogía el día de la entrega y se estudiaban los códigos de comunicación para no despertar sospecha alguna.

Cuando las maletas llegaban al aeropuerto, eran de inmediato marcadas por los agentes que las recibían en las puertas de acceso. Ahí comenzaba la cadena de los sobornos. Los equipajes pasaban derecho por todos los controles de vigilancia sin necesidad de requisa. El pase de libertad se lograba con una simple señal que podía ser una palmada en el hombro. Un santo y seña o sólo el color de las maletas eran suficientes a veces para que continuara su recorrido el equipaje. Cuando el cargamento llegaba a la plataforma donde están los contenedores de la carga, el trabajo quedaba en manos de civiles quienes tenían la misión de acomodarlos en las bodegas de los aviones. Una vez éstas se cerraban se recibía la señal de que todo había salido bien. Entonces se realizaba una segunda reunión en los locales del segundo piso donde el cliente cancelaba el resto del precio acordado en efectivo y en billetes de baja nominación. "Creemos que todos están metidos en eso. No sólo la Policía, sino todas aquellas personas civiles que tienen a su cargo la vigilancia del aeropuerto", dijeron los dos testigos a los hombres del cuerpo técnico.

Hasta aquí el cuerpo técnico tenía armado el rompecabezas de cómo operaba la red de narco-policías. Sólo le faltaba por saber quién estaba detrás de esa organización. La sorpresa fue mayúscula cuando los testigos soltaron el nombre de la persona que la dirigía. Se trataba del jefe de la Policía aeroportuaria, coronel Leonel Mendoza Aguirre. De acuerdo con los testimonios, él era quien hacía los negocios grandes. "La droga que se embarca -dijeron los oficiales- no supera los 50 kilos. Un cargamento mayor era muy difícil de manejar. Y esos negocios sólo se hacían con clientes permanentes, es decir, con los que hacían envíos cada semana. Con ellos se tenía acordado un precio fijo: 800.000 pesos por kilo. Y con esos clientes solo trataba mi coronel Mendoza". Los otros negocios de menor cuantía estaban a cargo de otros oficiales como el mayor Omar Humberto Díaz Santa y los tenientes Romel Arturo Bernal, Henry Núñez. Marisel Núñez y Luis Carlos Riaño. Los agentes y cabos que hacían parte de la organización tenían a su cargo pasar los embarques por los diferentes puestos de vigilancia.


EL OPERATIVO

Con la información que conocían los hombres del cuerpo de Policía judicial de la Fiscalía se decidió montar un plan encaminado a infiltrar la organización. Se escogieron diez de los más experimentados detectives quienes durante tres meses trabajaron en las instalaciones del aeropuerto. Lograron conocer todo el modus operandi de la red. Descubrieron que los pagos de los embarques se hacían en horas y días fijos. La plata que llegaba en maletines ejecutivos era recogida por agentes en los locales comerciales. Los paquetes con la droga ingresaban al aeropuerto y para llegar hasta los aviones pasaban a través de cinco oficiales que circulaban por la plataforma del muelle internacional. La plata de los negocios se repartía cada fin de semana y siempre se hacía en un mismo lugar.

Gran parte de la operación se filmó y se fotografió con cámaras que los agentes lograron camuflar en los lugares claves donde operaba la red de narco-policías. Este trabajo de recolección de información demoró cerca de dos meses. Luego se desarrolló una de las etapas más delicadas: convertirse en clientes de la organización. Comenzaron los contactos para hacer la negociación de un gran cargamento que se introduciría por embarques de 50 kilos durante cuatro semanas.

Después de ires y venires, los oficiales picaron el anzuelo y manifestaron su interés por el negocio. Los agentes encubiertos fueron invitados a varias reuniones y en ellas siempre pusieron como condición que el negocio sólo lo harían con el jefe de la organización. Al principio cerraron las puertas, pero cuando se dieron cuenta de que podían perder el negocio, accedieron. El martes pasado acordaron la hora y el sitio de la negociación. Al lugar llegó el coronel Leonel Mendoza. Cinco agentes del cuerpo técnico de la Fiscalía lo estaban esperando. En sus maletines no sólo llevaban plata sino grabadoras camufladas que recogieron toda la conversación de la negociación. Cuando finalizó la reunión los detectives manifestaron que al día siguiente cerrarían el negocio.

Con esas pruebas el Fiscal General de la Nación solicitó una audiencia con el general Vargas Silva, el miércoles a las ocho de la mañana. En su oficina le explicó en detalle todo el operativo. Le dejó oír las grabaciones y después le entregó 22 órdenes de captura para que se hicieran efectivas. A las dos de la tarde los oficiales y los agentes implicados en este caso de narcotráfico fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Así se cerraba otro oscuro capítulo de la Policía que la semana pasada soportó más de un golpe. Diecisiete oficiales de la Policía del Valle han sido suspendidos de sus cargos mientras son investigados. Sus nombres aparecieron en un documento incautado por el Bloque de Búsqueda durante los allanamientos que realizó hace 15 días en Cali. Según este documento, los agentes harían parte de la nómina de colaboradores pagados por el cartel de la capital del Valle. De cualquier manera, de llegarse a comprobar que son culpables, ello constituiría el cierre de otro triste capítulo para la Policía Nacional.


CASO CALI HOTELES: MAS REVELACIONES
LAS AUTORIDADES judiciales, encabezadas por la Fiscalía General de la Nación, y los mismos directivos de la sociedad Cali Hoteles S.A., reconocieron la semana pasada la presencia de dineros del narcotráfico en esa compañía. "Es innegable que existan dineros calientes en la composición accionaria de Cali Hoteles S.A., pero es imposible controlarlo porque no hay un mecanismo legal que prohíba a cualquier persona participar en el mercado accionario", sostuvo el dirigente de la sociedad, Ramiro Saavedra.

Alonso Ochoa Ochoa, ex concejal y directivo de la empresa, advirtió que "nosotros simplemente vendemos apartamentos a quienes nos quieran comprar. No nos vamos a poner a pedirles certificado judicial a todos los compradores". Según una indagación de la Fiscalía, varias sociedades de José Santacruz Londoño y sus familiares figuran entre los accionistas de la empresa, mientras los compradores de una docena de apartamentos son Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, la esposa de Santacruz, sus hijas y otras sociedades familiares.

Mientras eso ocurría, el Bloque de Búsqueda que opera en Cali reforzaba sus operaciones que le permitieron descubrir parte de la cadena financiera y de lavado de dineros calientes de los carteles del Valle del Cauca. Paralelamente, Armando Gómez España, directivo de Cali Hoteles y padre de la Señorita Colombia, Carolina Gómez, se convirtió en uno de los más controvertidos personajes de esta polémica.

Gómez es un periodista que trabajó en los diarios El País, de Cali, y La Patria, de Manizales. Decidió dedicarse a la construcción de edificios en Cali, entre ellos uno que lleva el nombre de Carolina. Es propietario de una fábrica de taxímetros y de productos electrónicos, y dueño de la fallida sociedad Argos Ltda., que publicaba una revista de farándula. Según él, fracasó como promotor de espectáculos con artistas como Yuri, Alicia Juárez y Enanitos Verdes. En 1991 estuvo detenido en la Cárcel Modelo por porte ilegal de armas. Allí fundó y dirigió el periódico La Libertad.

Es señalado por los directivos de Cali Hoteles como uno de los causantes de la situación de parálisis que vive el proyecto, pero en diálogo con SEMANA defendió su actuación durante cuatro meses como gerente de la compañía, al tiempo que sostuvo que su nombre aparece irregularmente en la junta directiva de esa entidad. Gómez afirma que nunca tuvo ninguna relación comercial ni laboral con los jefes del cartel de Cali. Asegura que rindió cuentas ante el presidente de la junta, Eduardo Gil Rodríguez, del cual dijo desconocer que fuera sobrino de Gilberto Rodríguez Orejuela.

De su declaración se desprende que en el manejo interno de Cali Hoteles hay amenazas de muerte, acusaciones de actos deshonestos y embargos a la compañía por millonarias sumas.

También han existido, desde 1977, procesos en su contra por los presuntos delitos de hurto, falso testimonio y porte ilegal de armas, y ha sido denunciado por amenazas de muerte. En los tres primeros casos obtuvo fallos a su favor.

"No le huyo a las demandas. No me dan frío ni calor. En el mundo de los negocios uno está expuesto a estas situaciones", concluyó Gómez España.

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