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| 11/28/2004 12:00:00 AM

Las ocho preguntas

SEMANA responde ocho interrogantes clave sobre la negociación con los paramilitares.

Las ocho preguntas A pesar del entusiasmo que suscitó la desmovilización de 423 paramilitares en Urabá , en el rostro de este joven se refleja la incertidumbre sobre el futuro de los ex combatientes y sobre la seguridad en la zona .
El cronómetro de la desmovilización de 11 frentes de las AUC que agrupan a 3.000 combatientes empezó a correr desde el 3 de noviembre. Gobierno y paramilitares han iniciado una carrera contra el tiempo para cumplir con la meta pactada. La semana pasada entregaron las armas 423 combatientes del Bloque Bananero de Urabá y se espera que lo mismo ocurra en el suroeste de Antioquia, Yacopí, el Catatumbo, Valle, Orinoquía y parte de la Costa, antes de que finalice diciembre.

Quitarle hombres y armas a la guerra es sin duda un gran alivio para el país y un logro del proceso, y en ese sentido la desmovilización es una buena noticia. Pero hay decenas de interrogantes sobre el proceso que es necesario aclarar para que lo que hoy se aplaude mañana no se lamente. Muchas de ellas quedaron sin respuesta hace un año, cuando 874 combatientes del Bloque Cacique Nutibara entregaron las armas. Ahora, cuando el país se enfrenta a la desmovilización más numerosa y de mayor cobertura de su historia, los vacíos del proceso son un enorme riesgo. Una negociación mal hecha puede dejar al país anclado en la espiral de violencia de la que intenta salir desde hace décadas. Y puede ser una nueva frustración, como lo fue el Caguán. SEMANA plantea ocho aspectos críticos que conspiran contra el feliz desenlace de esta nueva desmovilización.

1¿Están el Estado y la sociedad preparados para la reincorporación de los 3.000 paramilitares?

En el tema de la reincorporación hay muchas dudas para resolver. El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó un esquema de desmovilización relámpago de 3.000 combatientes antes de que finalice el año (ver recuadro) y anunció que el gobierno tiene comprometidos 410.000 millones de pesos para todo el proceso con las AUC -385.000 de los presupuestos de este año y el próximo, y 25.000 que le pedirá al Congreso como adición presupuestal-.

Hasta ahora sólo es claro que después de entregar las armas, los muchachos se van a sus lugares de origen, donde deben presentarse a un centro de referencia desde el cual se coordinará su reincorporación individual, bien sea estudiando, con un empleo o iniciando un proyecto productivo. Mientras tanto y por un plazo máximo de dos años recibirán 300.000 pesos mensuales cada uno más un subsidio de transporte, una suma baja comparada con los ingresos actuales como combatientes que son alrededor de 600.000 pesos. Se supone que los proyectos productivos rurales serán la manera más eficaz para que los ex combatientes se reintegren a la sociedad. Pero crear las condiciones para que esos proyectos entren en funcionamiento -como la compra de tierras- puede tomarse varios meses o años. Más difícil aún es garantizar que sean sostenibles. En la ya larga historia de reinserciones que ha habido en el país los proyectos productivos de los ex combatientes han fracasado en el 60 por ciento de los casos por la improvisación y la escasez de recursos.

Para lograr una reincorporación exitosa, el gobierno dice que acudirá a los gobiernos locales, a la comunidad internacional y al sector privado. Pero ni con unos ni con otros se ha definido una estrategia clara. Las autoridades locales se quejan de que no se les ha informado cuál será su papel específico en el proceso, la comunidad internacional se ha mostrado renuente a apoyarlo y con el sector privado hasta ahora no hay compromisos concretos, aunque gremios como los comerciantes, los ganaderos y los bananeros han expresado su buena voluntad de contribuir con él. En Medellín, donde hace un año se hizo la primera desmovilización de las AUC, la empresa privada no ha generado ni un solo empleo. Si se ha logrado una reinserción con éxito es porque la Alcaldía de Medellín contrató a todos los ex combatientes por 18 meses, gracias a que tenía 13.000 millones de pesos destinados para programas de convivencia. Pero el caso de Medellín difícilmente se repetirá.

2 ¿Es moralmente aceptable que el Estado les dé un salario a los reinsertados cuando el desempleo llega casi a 13 por ciento?

Depende. El gobierno tiene la obligación de buscar la paz y facilitarles el reingreso a la vida civil a quienes están dispuestos a deponer las armas. Todos los gobiernos anteriores lo hicieron con los grupos guerrilleros desmovilizados (M19, EPL, PRT, Quintín Lame, CRS) y con los desertores. Sin embargo persisten grandes interrogantes sobre si es aceptable que el Estado financie el ciento por ciento de esta reinserción cuando las fortunas de los jefes paramilitares podrían ayudar a hacerlo, si se les hace extinción de dominio.

El Bloque Central Bolívar, por ejemplo, ganaba en 2002 por el saqueo a la gasolina 300 millones de pesos diarios, según estimativos de la Policía de Santander. La Armada Nacional calcula que por narcotráfico los bloques de las AUC de la Costa reciben cerca de 200 millones de dólares al año. Y en el caso de la apropiación de tierras, las cifras son sorprendentes. Sólo en el departamento del Cesar las autoridades calculan que 38.000 hectáreas cambiaron de manos por presiones de los paramilitares, y en muchas de estas tierras, adquiridas ilícitamente, hoy funcionan negocios lícitos que manejan las AUC a través de testaferros. Pero sobre el tema de la extinción de dominio el gobierno no tiene una respuesta clara sobre en qué momento, cómo y con qué fin se hará.

Otro cuestionamiento es que, en contraste con la rápida consecución de recursos para el proceso con las autodefensas, el Estado no ha mostrado premura ni capacidad para resolver temas sociales gravísimos como la atención a los desplazados, que son víctimas de la guerra. Estos cuestionamientos son legítimos y en ese debate el Estado tiene que buscar un equilibrio moralmente aceptable entre la atención a las víctimas y la reinserción de los victimarios. Pero de cualquier manera tendrá que financiar la desmovilización de los combatientes.

3 ¿Se acabará el control político de los paramilitares en las regiones?

Muy improbable. La organización paramilitar ha pasado de controlar regiones a punta de terror a infiltrar y manejar los hilos de muchas gobernaciones y alcaldías. Para garantizarse ese control ha hecho nombrar funcionarios, ha corrompido instituciones y se ha apropiado de los recursos públicos más jugosos como la salud o la contratación en territorios que reciben regalías. El escándalo de las ARS en La Guajira es un claro ejemplo del grado de penetración que han logrado los paras en la desviación de los dineros públicos, o las denuncias que el propio presidente Uribe hizo sobre la extorsión a los contratistas en Casanare y Meta. En muchas de sus zonas de influencia, las autodefensas han logrado establecer un 'para-Estado' dentro del Estado donde funcionarios estratégicos son nombrados por las autodefensas o están a su servicio por plata o intimidación. De hecho, los alcaldes de Cúcuta y Riohacha están detenidos por sus presuntos

vínculos con estos grupos.

Deshacer ese poder de coerción requiere que se fortalezcan las instituciones locales. Solamente una llegada del Estado en todo su esplendor posibilitará que se creen ambientes de pacificación y democracia y el proceso no se quede en un simple desarme de unos, que después podrían ser reemplazados por otras bandas armadas al servicio de mafias corruptas locales. Sin un proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales que garantice transparencia, es muy posible que el poder armado de hoy mute hacia un poder político manejado a través de la intimidación y el miedo. El desarme no garantiza que se acabe la 'paramilitarización' de las regiones. Pero ese es un tema del que todavía no se habla y que tiene mayor relevancia ante la inminencia de las campañas electorales.

4¿Están las Fuerzas Armadas en capacidad de copar los espacios que dejan los paramilitares?

Muy difícil. Según fuentes del Ministerio de Defensa, hasta ahora sólo se ha pensado en desplazar algunas brigadas móviles a las zonas más neurálgicas y apoyarse en la policía y soldados campesinos que existen. Pero esto es insuficiente si se tiene en cuenta que en la mayoría de los departamentos contemplados -como Norte de Santander, Antioquia o el Valle- hay una gran presencia de las Farc y en menor medida del ELN. Adicionalmente en muchas zonas, como el suroeste antioqueño y Urabá, no se desmovilizarán todos los grupos de autodefensas. A esto se suman casos como el del Bloque Centauros, de los Llanos Orientales, que se fraccionó y sólo una parte de él continuará en el proceso de paz con el gobierno.

El temor de muchos habitantes de las zonas donde se cocinan las desmovilizaciones es que las fuerzas militares no lleguen a los territorios supuestamente pacificados. Si bien la fuerza pública se ha fortalecido enormemente en los últimos cuatro años, y los índices de violencia han disminuido significativamente, la seguridad ciudadana todavía es un problema muy grave en casi todo el país. Este año han ocurrido 38 masacres, 15.607 homicidios, 1.052 secuestros y 109.227 personas han sido desplazadas, según la Vicepresidencia de la República. ¿Tendrán las Fuerzas Armadas que dejar otras regiones para cubrir estas?

5¿Se puede hacer una desmovilización sin ley de verdad, justicia y reparación?

Sí, pero es un gran riesgo. Con la legislación actual los combatientes rasos, que no tienen procesos por crímenes atroces, pueden ser indultados por concierto para delinquir y sus conexos. Si alguno de ellos cometió un delito de lesa humanidad pero no tiene un proceso judicial por ese crimen, simplemente puede ocultar esa información e irse para su casa. Pero un indulto hecho de esta manera implica dos riesgos jurídicos. Por un lado, el de la impunidad. Si no se les abren investigaciones a los combatientes ni ellos están obligados a confesar sus crímenes, se pierde la oportunidad de reconstruir la verdad sobre hechos atroces y sus víctimas no tendrán derecho al resarcimiento. Al mismo tiempo los ex combatientes quedan expuestos a que en el futuro se reabran procesos en su contra por crímenes cometidos durante su vida paramilitar o incluso que los tribunales internacionales los soliciten en extradición para juzgarlos, como ya ha ocurrido en otros países de América Latina.

Pero el mayor problema es el que tendrán que enfrentar los jefes y todos los que tienen procesos por crímenes atroces. Hasta ahora el gobierno les ha ofrecido como garantía que permanezcan en Santa Fe de Ralito hasta que el Congreso apruebe una ley de alternatividad penal. Ahí vienen las complicaciones. El gobierno ha presentado dos proyectos que no ha podido sacar adelante por las críticas nacionales e internacionales que han recibido.

Un grupo de congresistas, encabezados por Rafael Pardo, Wilson Borja, Gina Parody y Luis Fernando Velasco, tiene listo un proyecto de 75 puntos que blindaría el proceso contra posibles impugnaciones de la justicia internacional. Este proyecto les exige a los grupos armados una alta cuota de verdad y reparación sobre sus crímenes -incluida la extinción de dominio sobre sus bienes- y a cambio les otorga unas penas moderadas de entre 5 y 10 años de cárcel. Sin embargo el gobierno no comparte aspectos clave del proyecto (ver recuadro) y va a presentar una nueva iniciativa.

En consecuencia, este peligroso limbo jurídico se prolongará por varios meses más. Un limbo que no les ha permitido a 254 de los miembros de las autodefensas, que dejaron las armas hace un año, resolver su situación jurídica.

6 ¿Puede la extradición dar al traste con la negociación?

Sí. La extradición se ha convertido en la verdadera espada de Damocles del proceso. Nadie se sienta en una mesa de negociación para luego ser extraditado, pero en las condiciones actuales nada garantiza que ello no ocurra. La Corte Suprema autorizó la extradición de Salvatore Mancuso y si bien por ahora el presidente Álvaro Uribe no la firmará, eso no garantiza que más adelante otro gobierno no lo haga. La decisión de extraditar a alguien está en manos del gobierno, y los gobiernos cambian. Casos como el de Víctor Patiño Fómeque o el de los hermanos Rodríguez Orejuela son prueba de ello. También lo es la firma hace dos meses de la extradición de Juan Carlos Sierra, un narcotraficante que ya había sido aceptado como jefe paramilitar en Santa Fe de Ralito. Garantizar la no extradición de los paramilitares implicaría una reforma a la Constitución y un enorme costo político que difícilmente el gobierno pagará.

No obstante, Rocío Arias, representante a la Cámara que ha defendido a capa y espada este proceso de negociación, viene trabajando en un proyecto de ley para que se excluya de la extradición a todos quienes hagan parte de un proceso de paz.

7 ¿Una desmovilización exitosa garantizará que se acabe el paramilitarismo?

No. Mientras exista una guerrilla que extorsione y secuestre se conformarán grupos de paramilitares para defenderse donde no lo pueda hacer el Estado. Hay además 20 años de experiencia, modus operandi, entrenamiento de tropa, rutas para el tráfico de armas y control de territorio. A esto se suma la progresiva narcotización de las autodefensas, en las que cada día más sus combatientes se convierten en ejércitos privados al servicio de los narcotraficantes. Mientras el negocio de los narcóticos siga siendo la columna vertebral de las finanzas paramilitares, ellos requerirán de grupos armados que garanticen su sostenimiento como mafia.

En Medellín, donde se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara, se ha recobrado la institucionalidad en los barrios, pero las 'oficinas de sicarios' que hacen parte de la estructura mafiosa de algunos jefes de autodefensa siguen operando.

8 A pesar de todo lo anterior, ¿es necesario hacer una desmovilización?

Sin duda. Si se hace bien, el país gana. Sacar a 11 grupos armados de la guerra antes de 2005 es una oportunidad para que el Estado recupere su autoridad en igual número de territorios. Si hace bien la reinserción, tiene la oportunidad de recoger información que le permita acabar redes de delincuencia y garantizar a mediano plazo la seguridad y democracia en las regiones. También puede darle mayor legitimidad nacional e internacional. El conflicto colombiano no se resolverá exclusivamente por la vía militar y la negociación es un instrumento indispensable para lograr la paz.

Pero una negociación mal hecha es el peor escenario para el país. Si el gobierno improvisa en la reinserción, corre el riesgo de tener a los combatientes nuevamente en bandas al servicio de señores de la guerra. Y de que la impunidad siente un precedente insuperable en futuros procesos de paz. O que las regiones en lugar de estar frente a una oportunidad de desarrollo terminen con una amenaza de inseguridad mayor de la que hoy existe.

Como dijo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, si no se atienden los aspectos críticos del proceso, los 3.000 paramilitares que hoy se desmovilizan podrán ser rápidamente reemplazados por otros 3.000. En Colombia el mercado de la guerra es grande, rentable y atractivo para muchos jóvenes sin otras oportunidades. No es por aguar la fiesta de la desmovilización, pero el entusiasmo, la confianza y la buena fe no pueden opacar las dudas que se ciernen sobre el proceso. Y quién sino el gobierno debería darles respuesta.

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