Las orejas de un escándalo

¿Qué político corrupto no sueña con llegar a elecciones con una abultada chequera de recursos públicos para girar sin miramientos? Esta idea, que en verdad es una pesadilla para el país, parece convertirse en realidad por cuenta de la polémica interpretación que en algunas regiones están haciendo de la ley. En el centro del debate están los multimillonarios recursos de los Planes Departamentales de Agua (PDA). Son nueve billones de pesos destinados a que, por fin en la próxima década, todas las poblaciones del país tengan agua y alcantarillado. Lo paradójico es que una de las razones para que el gobierno diseñara estos planes fue tapar la vena rota que permitió durante muchos años que se pagara por la construcción de acueductos que nunca se hicieron.

Los PDA son como una gran bolsa a donde llegan recursos de la Nación, de transferencias, regalías y de los entes territoriales. Los departamentos que querían acceder a estos dineros adquirían unos compromisos de cómo se debían ejecutar. Como estos acuerdos debían ser aprobados por las Asambleas, implicó un proceso de casi tres años. Mientras tanto se hicieron los ajustes que requería la política para que todo estuviera bajo control, tanto es así, que fue necesaria una reforma a la Constitución, tres leyes y 14 decretos, para que finalmente viera la luz este ambicioso proyecto.

Para que todo marchara sin contratiempos se diseñó una organización que tiene un comité directivo, compuesto por el gobernador y alcaldes de ese departamento; un gestor, que es el que instrumenta el Plan y puede ser el departamento o una Empresa de Servicios Públicos Departamental, y una gerencia asesora, que entre otras funciones tiene a su cargo la interventoría de las obras. Pero algo falló. Desde hace algunos meses se abrió una discusión jurídica que hoy tiene muy preocupados al gobierno, a la Contraloría y a la Procuraduría, y que ya empieza a mostrar las orejas de un nuevo gran escándalo.

El meollo del asunto es que la ley permite que las empresas de servicios públicos puedan contratar como si fueran empresas privadas. No necesitan licitar, ni tienen los demás requisitos de convocatoria abierta que obliga la Ley de contratación con recursos públicos.

Las inquietudes se comenzaron a dar cuando una investigación de la Contraloría descubrió que muchas de estas empresas de servicios públicos, pese a su nombre, no prestaban ningún servicio público. Se crearon con un gerente, una secretaria y un mensajero, y de la noche a la mañana podían empezar a hacer multimillonarios contratos, que tenían como soporte una sola cotización.

Además, hay todas las dudas sobre su idoneidad. Así, hay 10 departamentos que a través de estas empresas comenzaron a contratar con sus normas internas que en algunos casos les permiten adjudicar contratos de hasta 5.000 millones de pesos de forma directa. "La corrupción se sabe camuflar muy bien, por eso no hay que dejar espacios donde ésta pueda ejercer", dijo a SEMANA el contralor, Julio César Turbay, refiriéndose al tema.

Un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos, la encargada de vigilar este tipo de empresas, dice que pese a la forma como están constituidas, si no cumplen con su objeto de prestar un servicio público, no pueden contratar como si fueran privadas. En la Procuraduría comparten esta posición.

La mitad de los 300.000 millones de pesos de dineros públicos que los PDA han contratado se ha manejado como si fueran empresas privadas. Leyla Rojas, viceministra del Agua, que tiene a su cargo esta política, asegura que desde cuando se dio la polémica han estado muy atentos a la forma como se ejecutan estos recursos y que "esta discusión jurídica de talla mayor" se está llevando al Consejo de Estado para que la resuelva. Controvierte que se diga que hay un boquete, pues, según ella, en el diseño de los PDA se incluyeron procedimientos incluso más rigurosos que los que contempla la Ley de contratación.

Sin embargo, esta revista conoció que las normas de las que habla la viceministra también desataron otra controversia jurídica. Algunos departamentos, pese a haberlas aceptado cuando firmaron los contratos, ahora alegan que estas van en contra de la descentralización. "Más que atentar contra la autonomía, se está atentando contra el principio de precaución", dice Rojas. "Lo que está pasando es que hay sectores que le están apostando a que los Planes se caigan y esto vuelva al esquema de antes, en el que nadie pedía cuentas de cómo se ejecutaban estos presupuestos", agrega.

Como si faltaran dolores de cabeza, la Contraloría también reveló que con las gerencias asesoras que hacen las interventorías, también hay problemas. Encontró que los departamentos están usando la figura de convenios para saltarse la selección de estas firmas, y estas, a su vez, subcontratan organizaciones que no son idóneas. Encontraron un caso en que el objeto de una de estas firmas era el de un ancianato, algo que claramente no tiene que ver con el sector de la ingeniería. Por su parte, la Procuraduría ha identificado interventores que ni siquiera saben dónde están los proyectos.

A pesar de que la de los PDA es una política reciente, en los lugares donde se ha instrumentado sin contratiempos ya muestra importantes beneficios. La viceministra de Agua cuenta que hay municipios de Atlántico que pasaron su cobertura de agua del 2 por ciento al 90 por ciento en muy poco tiempo, y otros como Chivolo, en Magdalena, que ya llegaron al ciento por ciento de alcantarillado.

El diseño de la política ya le significó a los PDA un reconocimiento de Naciones Unidas, como una de las estrategias más innovadoras para alcanzar los objetivos del milenio en las metas de reducción de la pobreza. Y aún se está a tiempo para corregir las 'fisuras legales' que en tiempo de campaña resultan muy convenientes para algunos y que atentan contra el éxito de los Planes. De no actuar de una forma efectiva, el país verá muy pronto cómo nuevamente se hacen agua estos multimillonarios recursos.