Las que pierden siempre

El senador uribista Armando Benedetti le puyó el talón de Aquiles al proceso de paz con los paramilitares. En un debate en el Congreso la semana pasada, mostró impresionantes cifras sobre las principales falencias de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que demuestran que hasta ahora el proceso tiene un gran perdedor: las víctimas. A pesar de que más de 125.000 de ellas se han inscrito en la Fiscalía, aspirando a obtener verdad y reparación, un ínfimo porcentaje ha logrado efectivamente exigir sus derechos.

La verdad, además de lenta, hasta ahora parece bastante incompleta. Por ejemplo, aunque hay 9.467 denuncias por desplazamiento forzado, apenas se han registrado 45 confesiones por este delito, lo que corresponde al 0,48 por ciento del total. Y de 91 denuncias por abuso sexual, apenas se han logrado dos confesiones. La precariedad de esta situación tiene que ver en buena medida con la falta de acceso de las víctimas a las audiencias de versión libre. Apenas el 6,8 por ciento ha logrado participar de estas diligencias y preguntar sobre sus casos.

Las víctimas son, en su mayoría, campesinos pobres que no tienen recursos para viajar cada vez que un paramilitar va a hablar de sus crímenes, y en muchos casos no tienen ningún tipo de asesoría jurídica. De hecho, apenas el 9 por ciento son representadas por la Defensoría del Pueblo en los procesos. Aunque la Comisión Nacional de Reparación ha hecho un importante esfuerzo por informar y ayudar a las víctimas con jornadas en muchas regiones, y algunas ONG les prestan asesoría, la labor del Estado es, por decir lo menos, precaria.

Es igualmente preocupante el tema de la seguridad. Hasta el momento se han registrado 92 amenazas contra personas que reclaman sus derechos de verdad y reparación, de las cuales ya 70 están protegidas por el Estado. Donde la atención del gobierno parece ser más débil es en el aspecto sicosocial, para el cual hay asignados 12 sicólogos que deben tratar a la totalidad de las víctimas. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que hay miles de casos de niños que presenciaron el asesinato de sus seres queridos, la quema de sus casas y han vivido en un desarraigo prolongado.

Pero quizás el tema más polémico de los que tocó Benedetti tiene que ver con la reparación. A estas alturas, quedan pocas dudas de que en el tema de bienes, los paramilitares le están poniendo 'conejo' a la Ley. Hasta ahora hay 9.000 millones de pesos (4,5 millones de dólares) en el Fondo de Reparación. Es decir, si el gobierno va a hacer una reparación por vía administrativa, que oscila entre 13 y 18 millones de pesos por persona, el dinero saldrá necesariamente del fisco nacional y no de las inmensas fortunas de los paramilitares.

Estos alegan que aunque ellos han intentado entregar muchos bienes, el gobierno y la justicia no los han recibido. Pero el problema es más complejo. El Fondo de Reparación exige que los bienes se entreguen completamente saneados y eso casi nunca ocurre. 'Macaco', por ejemplo, entregó una finca con una deuda de 200 millones de pesos, lo que obligó al Fondo a vender ganado para pagar la deuda. Como si fuera poco, muchos bienes que ellos quieren entregar ya están en proceso de extinción de dominio, y por lo tanto, adscritos a otro fondo, o en casos más perversos entregan como bienes propios los que son de sus víctimas o de sus enemigos.

Los paramilitares hicieron sus fortunas con el crimen y es difícil exigirles que mantengan sus bienes saneados como si fueran ciudadanos ejemplares. Pero ese problema se avizora desde hace meses y aún no se le ha encontrado solución.

Por eso no se necesita tener una bola de cristal para darse cuenta de que las perdedoras en esta historia serán las mismas de siempre: las víctimas.