Las preguntas

1. ¿Cómo pelearán las Farc?

El operativo que realizaron las Farc para secuestrar el avión de Aires y llevarse al senador Jorge Eduardo Gechem Turbay fue sofisticado. Tanto que quizás es la acción más audaz y urbana que hayan acometido en su historia. Por eso no le fue difícil al gobierno dictaminar que nada semejante se hubiera podido llevar a cabo sin el permiso del secretariado.

¿Cómo podía ser que los jefes de las Farc, que el día anterior admitían que la tregua incluyera el cese del secuestro, al mismo tiempo ordenaran esa acción? La pregunta es importante porque revela la lógica estratégica de esa guerrilla y permite pronosticar mejor cómo van a actuar en los próximos meses.

Para hacerlo cuentan con cerca de 16.000 hombres y mujeres en armas. Unos 4.000 estaban cuidando la zona de distensión y ahora saldrán a combatir, por lo que en principio tendrán más fuerza para atacar en diferentes puntos. No obstante se estima que cuatro de cada 10 guerrilleros armados son mujeres o menores y la ofensiva militar puede llevarlos a huir de la guerra. Se calcula que en la zona de distensión hubo en la primera semana cientos de desertores con el despliegue de las Fuerzas Armadas.

En recursos se estima que las Farc reciben por sus fuentes de financiación (narcotráfico, secuestro, extorsión) unos 500 millones de dólares al año. Si bien el Plan Colombia les arrebató el control de zonas lucrativas en Putumayo y ahora pierden la coca del Caguán, de todos modos han ido desarrollando otros negocios (como el control de las zonas amapoleras en la Cordillera Central) que les mantienen los ingresos equilibrados.

En materia de armamento y avances en la estrategia militar sus últimos golpes son una muestra. En el ataque al batallón de Pitalito utilizaron una especie de morteros que algunos expertos militares catalogan como artillería liviana recientemente adquirida. Una fuente guerrillera, sin embargo, sostiene que utilizaron unos proyectiles ‘caseros’ fabricados con un tubo de oxígeno, del que se usa para los enfermos, cargado con un extintor que los hace explotar. Es muy probable que usen con mayor frecuencia estas nuevas armas, más ligeras de cargar y más fáciles de apuntar.

La gran incógnita es si cuentan con misiles tierra-aire, según lo han denunciado testigos. Pero las guerrillas sostienen que han forzado a aterrizar a cinco helicópteros militares en el último año con disparos certeros de fusil desde tierra, es decir, sin los sofisticados cohetes.

Todos los analistas consultados por SEMANA coinciden en la estrategia que adoptarán las Farc. Lo primero es que darán golpes terroristas a la infraestructura: carreteras, torres de energía, puentes, para afectar la vida de las ciudades. Corren especial riesgo los territorios del Bloque Oriental, Arauca, Llanos y parte de Boyacá y Cundinamarca. Este fue el responsable del mayor número de acciones en los últimos tres años (un 29 por ciento), seguido por el Bloque Occidental, según un informe de la Vicepresidencia. Arauca y sus instalaciones petroleras están en la mira. Una tercera parte de los ataques desde 1999 ocurrieron en 40 municipios; de esos, cinco de los más atacados están en Arauca.

Lo segundo es que habrá ataques terroristas urbanos. No serán indiscriminados, como las bombas que ponían los narcos en los centros comerciales, sino dirigidos a objetivos específicos como instalaciones militares, empresas grandes, medios de comunicación. También son probables los atentados contra políticos, para alterar las elecciones al Congreso. Estos probablemente serán perpetrados por columnas móviles como la Teófilo Forero. Serán comandos de seis hombres para golpear y desvanecerse. Habrá pocas movilizaciones masivas sobre pueblos porque saben que son vulnerables desde el aire. Un experto sostiene que también se verá el uso de las trampas al estilo Ejército Republicano Irlandés (IRA), como el que ensayaron en Villavicencio el 17 de febrero. Pusieron una bomba en un sector populoso, y cuando llegaron la policía y la prensa, a los 10 minutos estalló otra. Murieron dos personas y 10 resultaron heridas. “Es una práctica calcada del IRA, como de manual de operaciones de esas guerrillas”, dijo el experto.

En últimas, será la misma guerra que se ha visto visto, con más golpes a las ciudades y a los dirigentes políticos. La guerrilla, con su objetivo de tomarse el poder, buscará hacer colapsar al Estado para que tenga que negociar en condiciones aún más favorables que las que se pactaron con el gobierno de Pastrana. Ese es el discurso. Pero también esa guerrilla, descompuesta por su contacto con el narcotráfico y el crimen, peleará una guerra cada vez más sucia y más dolorosa para los colombianos corrientes.

La prueba de lo anterior pareció ser el acto demencial que, al cierre de esta edición, se denunciaba por el supuesto envenenamiento por parte de las Farc del acueducto de Pitalito, Huila.



2. ¿Está preparado el Estado para la guerra?

A las 5 de la mañana del pasado viernes un grupo de soldados ingresó a la sede del Batallón Cazadores, uno de los símbolos más preciados de lo que hasta horas atrás era la zona de distensión. Los militares entonaron el Himno Nacional y gritaron vivas al Ejército Nacional por ‘recuperar’ el territorio que estaba en poder de las Farc desde hacía tres años y cuatro meses. La sede militar está a cuatro kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, donde durante toda la noche se sintieron los estruendos de las bombas.

El ingreso de las tropas se produjo en helicópteros UH-60 de fabricación estadounidense. Previamente la Fuerza Aérea, con una treintena de aviones OV-10, AT-37, DC-3 y K-Fir y helicópteros Black Hawk, habían bombardeado “85 puntos estratégicos” dentro de la zona de distensión para asegurar el área. El parte de victoria del general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, fue dado con el reconocimiento de que uno de los K-Fir israelíes y tres helicópteros habían recibido impactos con armas de fuego. Los pilotos sufrieron heridas.

Estos días demostraron que las Fuerzas Armadas colombianas están mucho más fuertes hoy para enfrentar una guerra que antes. Han fortalecido su presupuesto y su capacidad para administrarlo de manera eficaz para la guerra. Han aumentado su pie de fuerza y, sobre todo, el profesional. Al finalizar el año habrá 140.000 hombres armados defendiendo al Estado colombiano, y de éstos 55.000 profesionales bien capacitados y dotados. Hay un número considerable de soldados regulares, 87.000, capaces de cuidar mejor la infraestructura. Y el Estado cuenta con cinco brigadas móviles que pueden tener una reacción ofensiva rápida. A esto se le sumará pronto la brigada especial, que será entrenada por el gobierno de Estados Unidos para cuidar las instalaciones petroleras en Arauca. El Ejército tiene al frente a los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, que han sabido llevar adelante la transformación y llenar de nuevos ánimos y moral a su tropa.

La capacidad aérea es quizás unos de los saltos cualitativos más importantes de las Fuerzas Militares en los últimos años. Los helicópteros de combate, las arpías, pasaron de 18 a 30 y los del transporte de 124 a 223. Han repotenciado los viejos aviones OV-10 y A-37. Además la visión nocturna que les proveen a las tropas los dos aviones fantasma les han dado una ventaja comparativa enorme para atacar de noche y por sorpresa.

Unas Fuerzas Militares mejor equipadas y capacitadas, más grandes y bien lideradas, ya han disuadido a la guerrilla de seguir por el camino de la ‘guerra de posiciones’ que alguna vez intentaron. El fiasco de la columna guerrillera que trató de avanzar por el Guaviare en agosto pasado y fue detenida por la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) es apenas un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas son capaces de impedir este tipo de avances masivos de las guerrillas.

Es cierto, sin embargo, que todavía hay algunas áreas donde se puede progresar. Para empezar, los esfuerzos en inteligencia —la Central de Inteligencia del Ejército inaugurará su nueva sede pronto— aún no dan los resultados óptimos. Si bien estrategias como el pago de información han sido ejecutadas con éxito en algunas zonas del país como Santander, todavía falta coordinación entre las fuerzas y de éstas con la Policía (con la que se han venido acrecentando las distancias). Sólo así se podrá obtener información que anticipe las movidas de los guerrilleros y actuar en consecuencia. Así mismo, falta una mejor capacidad de movilización de la tropa, en especial de los heridos. Esto último es importante porque si los combatientes tuvieran la certeza de que serán evacuados y atendidos rápidamente si resultan heridos en enfrentamientos podrían luchar con aún mayor arrojo.

Todo este esfuerzo militar, no obstante, de poco sirve solo. La guerra de las extorsiones, el lavado de dinero, el secuestro, el cogobierno forzado en las regiones la tienen que pelear otros estamentos del Estado y la sociedad, bajo una política coherente que está por diseñarse, como lo sostiene Francisco Leal en su último libro Seguridad nacional a la deriva. ( ver recuadro).

Sólo para tomar un ejemplo, el dinero sigue fluyendo casi sin obstáculo a las arcas de la guerrilla. Se crearon entidades especializadas y un comité de seguimiento a estos recursos ilícitos pero sin mayores resultados hasta la fecha. El sistema bancario informa sobre cuentas sospechosas, pero es muy difícil tomar medidas para efectivamente congelar los fondos por restricciones técnicas y legales. Y sólo si se puede poner a la guerrilla en aprietos de caja se les pueden asestar golpes contundentes, más silenciosos pero quizá más fuertes que causarles bajas.

La legislación también debe cambiar, como lo afirman los candidatos presidenciales. De hecho, el gobierno de Andrés Pastrana aprobó una ley de seguridad nacional que da pasos ciertos en temas como el control civil del diseño de las estrategias militares y la mayor interacción entre las fuerzas en materia de inteligencia. Pero también hay otros cuestionables, como el punto que tumbó la Corte Constitucional que permitía a los uniformados ejercer funciones judiciales en situaciones extremas. También presentó Pastrana un Estatuto Antiterrorista, cuyas estrictas normas están aún por decretarse. Pero algunos analistas han señalado que más que crear nuevas normas que restrinjan las libertades civiles o hagan más permisible la violación de los derechos humanos, lo que se requiere son leyes prácticas que permitan, por ejemplo, congelar fondos guerrilleros o decomisar armas o suministros que van para sus campamentos.



3. ¿Qué va a pasar con las elecciones al Congreso?

A la incertidumbre económica y militar que la semana pasada trajo el rompimiento del proceso del paz del Caguán se le suman las preocupaciones sobre las consecuencias de la decisión del presidente Andrés Pastrana en las elecciones para el Congreso del 10 de marzo. Quedan dos semanas para el día de los comicios y el país no tiene muy claro cómo actuarán las Farc ahora que no hay negociaciones con el gobierno. ¿Podrán los colombianos votar libremente y en paz por los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes?

La pregunta no es retórica. Tradicionalmente la guerrilla ha realizado acciones aisladas y sin mayor efecto el dia de elecciones. En la pasada jornada electoral de marzo de 1998 las Farc hostigaron algunos municipios y quemaron unas urnas. No obstante, para la segunda vuelta, el interés de la cúpula guerrillera en que el futuro presidente les diera la zona de despeje hizo cambiar la actitud militar por la estrategia política. Elegir congresistas bajo la intimidación de las Farc ha sido la constante y no la excepción en los últimos años en Colombia.

Hoy las condiciones son distintas. La guerrilla tiene en su poder a cinco congresistas mientras que los paramilitares anunciaron que “elegirían al 35 por ciento del Congreso”. El gobierno desarrollará, como en las pasadas elecciones, el ‘Plan Democracia’ para garantizar la transparencia y la seguridad tanto de los electores como de los funcionarios. Aunque la Registraduría confía en que los comicios se celebrarán en casi todo el país los efectos de una escalada de las Farc se reflejarían en los votos. “Sigo con el plan de elecciones aunque no descarto la posibilidad de que el voto rural disminuya “, afirma Iván Duque, cabeza de la organización electoral.

Sin embargo la estrategia de control territorial de las Farc y las autodefensas se ha complementado con una intención clara de acceder al Congreso. Mediante la intimidación o el apoyo estos grupos están distorsionando el proceso electoral y, como en el caso del Huila, secuestrando su dirigencia política. Tres congresistas huilenses, Jorge Gechem, Orlando Beltrán y Consuelo González, están en poder de la guerrilla y hacer política allá se ha convertido en un riesgo personal. El representante conservador Hernán Andrade, candidato al Senado, está enclaustrado en Neiva y afirma que “aunque estaba saliendo a los cascos municipales, el rompimiento implica un cambio de estrategia. Las Farc buscan imponer sus candidatos por vía directa e indirecta”.

Frente a posibles acciones terroristas de las Farc, analistas coinciden que no serán tan intensas y contundentes como para que las elecciones parlamentarias sean anuladas o suspendidas en el territorio nacional. En 1990 se vivió una situación similar con el terrorismo de Pablo Escobar y se registró una de las más altas votaciones para el Congreso. El voto rural, y en especial en las fronteras de la antigua zona de distensión, podría verse afectado pero, ante la coyuntura nacional, los habitantes de las ciudades podrían votar masivamente. Lo cierto es que las elecciones parlamentarias se celebrarán en medio de una ‘combinación de las formas de lucha’ de la guerrilla: intimidación y coacción a la clase política de sus zonas de influencia; ataques en el día electoral y un estímulo a candidatos de su preferencia.





4. ¿Pueden cambiar las preferencias para Presidente de la República?

Con la terminacion oficial del proceso de paz y la entrada de las Fuerzas Militares a la antigua zona de distensión, ¿seguirán la guerra y la paz marcando la parada para definir las preferencias de los colombianos para la primera vuelta?

Los escenarios frente a una eventual ‘descaguanización’ de la campaña presidencial son dos: un fortalecimiento de Alvaro Uribe o un oxígeno que revitalice a Horacio Serpa. Ninguno de los escenarios de guerra o de paz benefician a Noemí Sanín. Una primera aproximación a la situación invita a pensar que el fin del proceso de paz no es más que una aceptación del propio presidente Andrés Pastrana de que los opositores al proceso de paz, entre ellos Uribe como el más reconocido, tenían la razón. Esto daría a los partidarios del candidato antioqueño más razones para apoyarlo como el más indicado para ocupar el solio de Bolívar. En política haber tenido la razón contra la corriente es un laurel de triunfo.

Los datos de La Gran Encuesta de RCN, El Tiempo y SEMANA confirman que la decisión de Pastrana se traduciría en un mayor respaldo a Alvaro Uribe. En un escenario de ruptura del proceso de paz —hipotético al realizarse la encuesta— el disidente liberal alcanzaba el 42,1 por ciento frente al 29,8 por ciento de Horacio Serpa y un 14,7 por ciento de Noemí Sanín. Esto significa que romper el proceso, como efectivamente ocurrió, le aumentaba al líder 1,5 puntos mientras castigaba a sus más cercanos opositores. Alvaro Uribe sería premiado por haber tenido razón desde el principio en la terminación de los diálogos en el Caguán.

El argumento de que sin proceso de paz para criticar Alvaro Uribe se quedaría sin discurso parece no ser válido. Lo más lógico es pensar que, ante un escenario de guerra, este candidato es el más indicado. Algunos analistas coinciden en afirmar que la entrada de las tropas del Ejército a San Vicente sirve para mantener la guerra como el tema primordial en la agenda de la competencia electoral. Rodrigo Losada, experto en temas electorales, considera que Alvaro Uribe sale fortalecido de esta coyuntura ya que “la lucha contra la guerrilla continúa siendo la prioridad central y esta situación de atentados y sin esperanza de tregua beneficia la línea dura que defiende”.

La otra cara de la moneda radica en que el exceso de violencia produzca hastío y temor entre los colombianos y reclamen el regreso a las conversaciones. Este es el escenario serpista y, sin duda alguna, es válido. Ya comenzaron atentados a la infraestructura y, al cierre de esta edición, se habían reportado las primeras víctimas civiles en el Caguán. Si la operación Tanathos, no le asesta golpes considerables a la organización guerrillera mientras éstos inundan el país de ataques y secuestros el apoyo de la opinión pública podría disminuir. Pero más probable sería que la gente apoye aún más a quien cree que está mejor capacitado para pelear la guerra, y hasta ahora quien ha capturado esa credibilidad es Uribe.

El problema con este escenario es que faltan 12 semanas para la primera vuelta y la ventaja de Uribe sobre Serpa es más de 2 a 1. En este lapso es factible una disminución de la distancia pero revertir la tendencia parece difícil. Indudablemente, el aspirante liberal disidente está en una mejor posición que sus contrincantes. A éstos no les va quedando otra salida que poner en el tapete temas distintos al de la guerra, esperando que en otros terrenos, como la reactivación económica o las propuestas contra el desempleo, se sienta menos seguro. Es decir, la clave del asunto para que los otros aspirantes le arranquen puntos a la campaña líder en las encuestas estaría en aprovechar la percepción de que la bandera de acabar la zona de distensión está agotada ante la decisión presidencial y ventilar la idea de que hay otros problemas del país tanto o más graves que el orden público.

Por otro lado, es un momento importante para que Alvaro Uribe explique con mayor profundidad la estrategia y la viabilidad económica de su propuesta de lucha contra la guerrilla.



5. ¿Van a venir tropas extranjeras a Colombia?

Ninguna mama del mundo va a mandar a sus hijos a pelear en un país en donde los hijos de la clase dirigente no están dispuestos a ir a la guerra”, dijo un analista del gobierno, y con esto aclaró la duda que a algunos aún les cabe de que pueden venir a pelear tropas estadounidenses —o de otros países— a Colombia. Eso no es viable en el mediano plazo.

Lo que sí es más probable es que el número de asesores militares crezca, como ya está sucediendo, y aumente también el apoyo técnico, logístico y de inteligencia de Estados Unidos. Esto si se aprueba el nuevo paquete de ayuda a Colombia que presentó el gobierno de George W. Bush, el pasado 4 de febrero para 2003. Este nuevo presupuesto pide autorización para girarle a Colombia 374 millones de dólares en ayuda militar, que incluye 275 millones para el combate antinarcóticos, 98 millones de ayuda directa militar para crear la nueva brigada de protección de la infraestructura, en especial la petrolera que, según reportes de prensa, incluirá 12 helicópteros UH-1H Huey. La ayuda para el año entrante también contempla un poco más de un millón de dólares para educación y entrenamiento militar. Así mismo, destina 164 millones en ayuda social y económica, un complemento a los planes de sustitución de cultivos ilícitos.

Llama la atención que es la primera vez desde el final de la Guerra Fría, que Colombia podrá recibir una ayuda militar significativa que no está condicionada a la lucha contra las drogas. Incluso existe un debate en el interior del gobierno estadounidense sobre si se puede permitir que los recursos antinarcóticos en ejecución no pueden desde ya ser utilizados contra las guerrillas o, al menos, para proteger la infraestructura de sus ataques.

De todos modos el Congreso es un freno a los planes de los funcionarios más belicistas del gobierno de Bush. La idea de que Estados Unidos se involucre en una guerra interna sin claro final no les gusta a los demócratas, que controlan el Senado, e incluso a algunos republicanos. Es más, el secretario de Estado, Colin Powell, es una voz en contra de estas aventuras.

De cualquier forma, es muy probable que salga a fin de este mes la certificación por derechos humanos necesaria para el desembolso de la ayuda, aun en contra del consejo de muchas ONG que, como Human Rights Watch, consideran que las Fuerzas Armadas no han cumplido con las condiciones exigidas por la ley.

La posibilidad de que vengan otras tropas, como los cascos azules de Naciones Unidas, también es una idea que responde más a una esperanza de algunos que a una probabilidad real. Sólo en el marco de una tregua exitosa, o como consecuencia de un acuerdo de paz sólido, podría pensarse siquiera en la presencia de cascos azules en Colombia.



6. ¿Seguirá el proceso de paz con el ELN?

No habían pasado 24 horas desde que se rompieran los diálogos entre el gobierno y las Farc cuando el ELN expidió un comunicado en el que dejó claro que sigue interesado en sus conversaciones de paz.

El comisionado Camilo Gómez viajó el sábado a Cuba a reunirse de nuevo con los negociadores elenos. Y aunque nadie es muy optimista sobre la posibilidad de que de esas conversaciones salga un acuerdo sí se cree que podrían lograrse pronto algunos acuerdos humanitarios. Más ahora que el Comisionado podrá dedicar toda su energía a este proceso.

El 24 de noviembre el ELN y el gobierno —con la ayuda tras bambalinas de Fidel Castro— reanudaron en Cuba las negociaciones con la firma del Acuerdo por Colombia. Su objetivo era garantizarle al ELN estatus político y un espacio de interlocución con el gobierno y con sectores sociales para preparar el terreno hacia un eventual acuerdo de paz con el próximo presidente.

La estrategia inicial del ELN era celebrar en el exterior conversaciones que no implicaban acuerdos y negociar dentro del país en una zona de encuentro, similar a la del Caguán, aunque más pequeña y con mayores controles.

El fracaso de los diálogos con las Farc podría modificar esta pretensión. “La diferencia ahora es que pueden llegar a algún tipo de acuerdos humanitarios en el exterior ante la presión de la comunidad internacional”, dice una persona muy cercana a este proceso. El gobierno le ha planteado la suspensión de los secuestros y el ELN ha dicho que estaría dispuesto a discutirlo si hay fondos que financien la guerrilla mientras se adelanta un proceso de paz. Pero esta posibilidad se ve aún lejana. Más factibles a corto plazo serían acuerdos de no reclutar menores y de no utilizar minas. “La tendencia sería aprovechar la situación actual para lograr eso, agrega otro observador. Hay que crear un ambiente favorable para que las Farc no arrastren al ELN a la confrontación”. Esta es una amenaza en ciernes pues la interdependencia entre ambos grupos se agudizó desde que el ELN terminó aliándose con las Farc contra los paramilitares en la Serranía de San Lucas y otras regiones.

En la última reunión en La Habana se abrieron dos posibilidades que aumentarían la interlocución política del ELN. Una de ellas se discutió con los miembros del Consejo Gremial, quienes pidieron la seguridad de las carreteras y la suspensión de los ataques a la infraestructura. El ELN, por su parte, les planteó su interés en un programa de desarrollo económico y agrario en algunas de sus zonas de influencia.

En Cuba también el ELN sostuvo conversaciones con los gobernadores de Antioquia, Bolívar y Santander. Con ellos se habló de adelantar un plan de desarrollo y pacificación del Magdalena Medio a partir del fortalecimiento de la organización comunitaria. El gobierno, por su parte, insiste en la necesidad de discutir una tregua antes de que finalice la administración Pastrana.

Todas estas son posibilidades cuya concreción dependerá de que el ELN le meta todas sus fichas a la política. Y de que las Farc no se atraviesen en su camino.





7. ¿Cuánto más cuesta la guerra total?

Antes de que el presidente Pastrana diera por terminados los diálogos con las Farc la guerra ya les estaba costando muy caro a los colombianos. Para saber qué tanto más les va a costar ahora que el proceso terminó es mejor considerar por separado qué pasaría con el presupuesto de defensa, los atentados contra la infraestructura y la inversión por parte de los empresarios, que son las principales variables que unen el conflicto armado con el bolsillo de los colombianos.

Gasto en defensa

En el presupuesto nacional de 2002 el dinero destinado a las Fuerzas Armadas se acerca a los siete billones de pesos, equivalentes a 3,4 por ciento del PIB. De esta suma, 1,9 billones son para el pago de pensiones, un gasto que no está asociado a la guerra. De manera que el dinero efectivamente destinado a la defensa es del orden de 5,1 billones de pesos, sin contar las donaciones estadounidenses en plata y en especie para el componente militar del Plan Colombia.

Pese a que se ha incrementado en los últimos años hay quienes consideran que el gasto de las Fuerzas Armadas en Colombia sigue siendo bajo en comparación con el de otros países en situación de conflicto. El problema es que, dada la situación de las finanzas públicas, no hay mucho margen para incrementarlo.

El gobierno ha venido cumpliendo rigurosamente el cronograma de ajuste fiscal y gracias a ello ha logrado mantener estable la economía. Si llegara a incumplir las metas de reducción del déficit ocasionaría una subida en las tasas de interés. Para que quedara claro que esto no va suceder, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, anunció el jueves pasado que planea recortar dos billones de pesos del gasto público de este año. Fue una señal muy oportuna para los mercados financieros. Ayudó, además, a que el precio del dólar y los bonos de deuda del gobierno tuvieran a fines de la semana pasada un desempeño digno de tiempos más tranquilos.

Pero la cantidad de plata destinada a la defensa no es lo único que hay que mirar. “Tanto o más importante que incrementar el gasto es mejorar la productividad del mismo”, afirma Santiago Montenegro, director de Anif. En su opinión, aún hay un esfuerzo grande por hacer en áreas como los sistemas, las comunicaciones y, sobre todo, la gerencia, para manejar con mayor eficiencia los recursos.

En cuanto tiene que ver con la plata del presupuesto de las Fuerzas Armadas, por ahora no se han dado señales de que se vaya a incrementar a raíz de la ruptura de los diálogos. Pero aun si este gobierno o el entrante decidieran hacerlo, lo más probable es que intenten recortar gastos de otro lado antes que subir el déficit fiscal.

De otro lado, también se ha hablado de mayores contribuciones del sector privado para financiar las Fuerzas Armadas. Esta posibilidad, sin embargo, todavía es un tanto prematura. “Falta mucho por decantar. Primero habría que evaluar hasta dónde han llegado las Fuerzas Armadas en su proceso de modernización, antes de pensar en nuevas contribuciones”, afirma Patricia Cárdenas, presidenta de Asobancaria.

Infraestructura

Los atentados terroristas contra las instalaciones energéticas y mineras han dejado pérdidas multimillonarias. En materia de petróleo, la peor parte le ha tocado al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que ha dejado de producir 116,6 millones de barriles en los últimos 17 años por cuenta de 907 atentados. Antiguamente era el ELN el que volaba el tubo. Pero a partir del año pasado fueron las Farc las que empezaron a hacerlo, a tal punto que la producción del campo estuvo parada buena parte del año. En 2001 el país dejó de vender más de 500 millones de dólares en crudo.

Otro sector que ha sentido en carne propia los devastadores efectos del terrorismo es el eléctrico. Sólo en 2001 se fueron a pique 254 estructuras, cuya reparación costó 21.000 millones de pesos. Estos atentados también acarrean unos costos indirectos, conocidos técnicamente como ‘restricciones’ al sistema interconectado, que el año pasado les costaron a los usuarios cerca de 447.000 millones de pesos. Ultimamente la guerrilla también ha atentado contra los gasoductos y los acueductos.

La decisión de las Farc de volar torres, tubos y válvulas de represas es muy reciente. Los atentados se agudizaron a principios de este año con la crisis del proceso de paz. Como la acción de las Farc en esta modalidad del terrorismo apenas comienza, todavía no se sabe cuál es su capacidad. Es incierto hasta dónde pueda llegar el grupo armado por esta vía y qué tan efectivos serán los nuevos controles de las Fuerzas Armadas para impedir los atentados. Por eso, desafortunadamente, no se puede descartar que los ya elevados costos que pagan los colombianos por la destrucción de la infraestructura se incrementen aún más en el futuro.

Inversión

En Colombia se han dejado de crear miles (quizá millones) de empleos en los últimos años por el temor de los empresarios e inversionistas ante la situación de inseguridad. En 1998 la inversión privada en el país, que ya venía en declive, era equivalente al 10 por ciento del PIB. En 2001 a duras penas alcanzó el 6 por ciento. Uno de los principales factores detrás de este estancamiento es sin duda el clima generalizado de inseguridad.

La economía no despegará definitivamente hasta que colombianos y extranjeros vuelvan a invertir en forma en el país. El menor crecimiento económico y el mayor desempleo que implica el estancamiento de la inversión privada es el costo más indirecto, pero a la vez el más oneroso, que pagan los colombianos por el conflicto.

Pero no es nuevo, ni se espera que cambie mucho con la ruptura de los diálogos. Con el proceso de paz la inseguridad ya era suficientemente grave. Por eso la semana pasada ningún analista económico cambió sus pronósticos de crecimiento de corto plazo.



8. ¿Podrá haber paz con narcotráfico?

Si bien el secuestro del avión de Aires para retener al senador Jorge Eduardo Gechem fue la gota que rebosó la copa, lo cierto es que el fracaso del proceso de paz con las Farc tiene raíces muy profundas y un solo nombre: el narcotráfico.

Este negocio multimillonario atraviesa toda la guerra, la financia, define su geografía, marca su estrategia militar y amenaza con perpetuarla. Debido a que el tema del narcotráfico no formó parte de las prioridades de la agenda entre las Farc y el gobierno la negociación entre las partes nunca despegó. Y si no se coge por los cuernos de una vez por todas difícilmente prosperarán futuras iniciativas de paz.

Más que las armas o la ideología es el narcotráfico el verdadero combustible de la confrontación armada en Colombia. Paramilitares y guerrilleros derivan de esta industria ilícita más de la mitad de sus finanzas. En efecto, los cálculos oficiales señalan que las Farc en los últimos 10 años obtuvieron 3,9 billones de pesos (más de la mitad del presupuesto total anual de Bogotá) sólo por concepto de producción, seguridad y gramaje al narcotráfico.

Más aún, la conformación de sus frentes militares ha obedecido a una lógica territorial funcional al negocio. El Catatumbo y el Putumayo, que concentran más de la mitad de los cultivos de coca y amapola del país, son ejemplos de regiones donde ambas organizaciones se disputan el monopolio de unas 72.000 hectáreas. El mapa de la guerra en Colombia se superpone al de la explotación de los cultivos ilícitos y las rutas del tráfico de la droga ya procesada. Por eso Urabá, por donde sale la droga y entran las armas e insumos químicos, es uno de los bastiones más codiciados por ambos grupos y donde más ha sufrido la población civil los rigores de la guerra.

El Plan B

Precisamente porque el gobierno era consciente de esta íntima relación entre el narcotráfico y la guerra le apostó al Plan Colombia como una estrategia institucional para golpear las finanzas de los grupos armados, a la vez que reforzaba la presencia del Estado en las regiones cocaleras, tradicionalmente abandonadas.

De esta forma y con el apoyo financiero de Estados Unidos, el gobierno esperaba presionar a la guerrilla para que llegara más rápido a acuerdos en la Mesa de Negociación. No obstante, el efecto fue contraproducente. La flotilla aérea del Plan Colombia hasta ahora comienza a llegar, la interdicción aérea se puso en jaque tras el derribamiento por error de una aeronave civil en Perú y la inversión social no ha logrado producir resultados tangibles y permanentes.

Lo que sí desató el Plan Colombia en forma inmediata fue una carrera armamentista del lado de las Farc. La guerrilla se apresuró a prepararse militarmente para enfrentar el Plan B del gobierno, que a la postre terminó siendo el Plan A de ambas partes. A final el único resultado concreto de tres años de negociación fue un fortalecimiento militar de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla.

El narcotráfico también distorsionó los intereses de las Farc en la negociación, más aún cuando la zona de distensión terminó convertida en un laboratorio de drogas ilícitas, como lo reconoció finalmente el presidente Pastrana en su alocución dos años después de que medios, militares y políticos, lo llevaran denunciando. “Hemos comprobado que las Farc han construido nuevas pistas clandestinas (mostró fotos), se ha comprobado la existencia de nuevos cultivos de coca (más fotos) y la relación directa en la zona con terroristas internacionales”, dijo Pastrana al ponerle punto final a ese proceso.

“La guerrilla tiene vigencia hoy gracias al narcotráfico y la forma en que ven su vigencia los hace durar en la Mesa de Negociación sin llegar a acuerdos concretos”, afirma un analista. En efecto, desde casi el inicio del proceso quedó en evidencia que a las Farc les interesaba más la zona de distensión que la negociación. Por eso cada vez que se estaba a punto de llegar a acuerdos concretos metían el proceso en el congelador.

El 11 de septiembre, sin embargo, perdieron el control del reloj de la negociación. Al gobierno de Estados Unidos le quedó dramáticamente clara la conexión entre narcotráfico y terrorismo (Al Qaeda también se financia con dineros de la droga) y la presión sobre Pastrana creció para que amarrara la zona de despeje a la negociación y no al contrario, como venía sucediendo. El poco margen de maniobra del Presidente, unido a la falta de voluntad de una subversión confiada en que tiene recursos para sostener una guerra, condujeron a la ruptura definitiva del proceso el miércoles pasado.

Hacia el futuro las perspectivas no son muy alentadoras. Si bien expertos coinciden en que no necesariamente hay que extirpar por completo el narcotráfico para lograr la paz, es un hecho que mientras no se golpeen fuertemente las finanzas de los grupos armados éstos seguirán existiendo y el negocio de la droga degradará cada vez más sus prácticas. El incipiente viraje en la política de Estados Unidos hacia Colombia, que parece tender hacia abolir la distinción entre narcotráfico y guerrilla para efectos del uso de los equipos del Plan Colombia, podría contribuir a definir un equilibrio militar que los siente más rápido y con mayor seriedad en una futura mesa de negociación.

Mientras eso sucede los narcotraficantes seguirán siendo los únicos que ganan con esta guerra.



9. ¿Qué va a pasar con los secuestrados?

El anuncio de la ruptura del proceso de paz con las Farc fue recibido con gran angustia por los familiares de los casi 1.000 secuestrados en poder de la guerrilla. Temen que ante la persecución de las Fuerzas Armadas las Farc los asesinen para acelerar la huida, como lo hicieron con ‘La Cacica’ Consuelo Araújo Noguera hace unos meses. Si bien esta preocupación es comprensible vale la pena saber que, como dijo Juan Francisco Mesa, director de Fondelibertad, el programa antisecuestro del Ministerio de Defensa, “el Presidente fue enfático en que las autoridades no van a dispararle a un grupo de guerrilleros que utilice a los secuestrados como escudo humano”. Hasta el momento la operación del Ejército se ha concentrado en atacar la infraestructura de antenas de radio y corredores de movilidad funcionales a la industria de secuestro que operaba desde la zona de distensión.

Por otro lado, los guerrilleros —más aún ahora cuando necesitan mayores recursos para librar una guerra abierta— siguen interesados en los dividendos económicos del secuestro y por eso velarán por la vida de sus víctimas. En todo caso, si las estadísticas del pasado son un referente, el año pasado menos del 4 por ciento de los secuestrados murieron en cautiverio, la gran mayoría de ellos en manos de la delincuencia común. Según datos de Fondelibertad los que murieron secuestrados lo hicieron durante los primeros 13 días, cuando trataban de fugarse o por enfermedades y depresión, no porque los hubieran fusilado.

Lo que sí es un hecho es que el proceso de negociación de la liberación de los secuestrados se va a complicar. Lo primero es que las familias pierden un lugar tranquilo para contactar a los guerrilleros e iniciar la negociación.

Aunque en Los Pozos nadie respondía por los secuestrados y con frecuencia les decían a los familiares que esperaran la llamada del frente respectivo, muchos rescates sí se pagaban en el Caguán, donde además se producían muchas liberaciones.

Lo segundo tiene que ver con la mecánica de la negociación. “Para quienes permanecen en cautiverio las negociaciones se van a dilatar”, dice Mesa. La razón de esto es que ya no contarán con las facilidades de la infraestructura que habían montado para realizar secuestros sistemáticos. No sólo perdieron el sistema de comunicaciones que les proporcionaba el despeje sino que ahora les resultará más fácil a las autoridades triangular las conversaciones telefónicas con los familiares de las víctimas. “Pero una vez que se sienten a hablar no van a durar meses negociando sino que lo harán más rápido y por menos dinero”, agrega el director de Fondelibertad. Como sentirán una constante presión militar ya no se podrán dar el lujo de alargar la negociación para obtener más dinero pues la probabilidad de que haya un rescate por parte de los Gaula —que con zona de distensión era del 25 por ciento— sin duda aumentará en la medida en que ya no contarán con semejante refugio.

La situación de los secuestrados políticos es ligeramente diferente. La retención de los miembros de la Fuerza Pública buscaba presionar un canje por prisioneros de la guerrilla y lo cierto es que aun sin proceso de paz las Farc no han perdido la esperanza de ese intercambio. Los policías y militares siguen siendo canjeables y por lo tanto es posible predecir que se respetará su vida. Dado que el secuestro de los policías y los soldados no ha logrado el canje que quieren las Farc por sus guerrilleros presos, este grupo insurgente ha venido secuestrando parlamentarios (ya van cinco) y es predecible que dentro de su estrategia militar esté planeada una ola de secuestros selectivos a personalidades, sobre todo dentro de la cúpula del Estado. El ‘Mono Jojoy’ ha dicho públicamente que para apretar al Establecimiento y presionar el canje la única manera es secuestrando congresistas, ministros y magistrados. Sin embargo es una estrategia eminentemente urbana, y de grandes ciudades, donde las Farc han demostrado serias debilidades en materia logística.



10. ¿Cuál va a ser la estrategia de los paras?

Si alguien se beneficia de la ruptura de los diálogos con las Farc son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La hipótesis de que el proceso de paz terminaría mal era la que prevalecía en sus cálculos y se estaban preparando para esa eventualidad.

La renuncia de Carlos Castaño a la dirección única de las AUC, la recomposición de su organigrama, el intenso tráfico de armas de los últimos meses y su bajo perfil ante su inclusión en la lista de terroristas de Estados Unidos permiten deducir que los paramilitares se alistaban desde hace meses para una guerra abierta con las Farc, que les serviría para avanzar hacia su reconocimiento político en una futura negociación de paz.

Castaño abandonó la jefatura para minimizar la posibilidad de ser llevado ante la Corte Penal Internacional —que podría comenzar a operar el año próximo— a responder por las atrocidades cometidas bajo su mando, como se infiere de su libro Confesiones. “Los avances en el proceso de paz con las Farc incrementaban esa posibilidad, comenta un estudioso del fenómeno paramilitar. La guerra ayuda a diluir esas responsabilidades”.

La nueva cúpula militar de las AUC, integrada por varios comandantes, les permite una mayor iniciativa regional. Esta descentralización les otorgaría además la flexibilidad necesaria para enfrentar la estrategia guerrillera tradicional de las Farc, a la que éstas han regresado tras comprobar que los movimientos de grandes contingentes no les convienen.

Por otro lado, la lucha antiparamilitar pasa a segundo plano. Aunque el Ejército ha ganado en movilidad con los nuevos helicópteros, una guerra abierta contra la guerrilla, en la que desempeñará papel clave la defensa de la infraestructura, exige un pie de fuerza que el Ejército no tiene. Y menos aún si debe librar dos frentes con igual intensidad. Como además desaparece la presión ejercida por la guerrilla en la mesa de negociación, todo ello tendría el efecto perverso de motivar a que los particulares sigan financiando a la AUC.

Algunos expertos creen que las autodefensas por ahora no realizarán acciones espectaculares y que al principio se dedicarían a detectar puntos vulnerables en el dispositivo guerrillero. Afirman que las AUC tienen los ojos puestos en el Huila y Caquetá para controlar los cultivos de coca.

A nivel político, como confirmó Salvatore Mancuso a la Associated Press, tratarán de consolidar su presencia en el Congreso. Esto con miras a buscar favorabilidad jurídica y asiento en un futuro proceso de paz. Esta posibilidad dependerá de sus acciones futuras. Los analistas coinciden en que si intensifican la guerra sucia difícilmente lograrán un reconocimiento de la comunidad internacional que, aun en su cruzada antiterrorista, no tolerará esa barbarie. Tampoco creen que Castaño logre cumplir la aspiración de su comunicado del 15 de febrero. “Tal vez las Farc provoquen la instauración de una Alianza al mejor estilo afgano en Colombia. (…) En Colombia están las AUC para erradicar a los terroristas, y que las Fuerzas Armadas del Estado se encarguen de refrendar con su presencia y control la soberanía del Estado en los territorios que vayamos recuperando”.