LAS RAICES DEL MAL

Colombia vive lo que ha dado en llamarse una guerra irregular. No es una guerra civil; ella no divide a la Nación: solamente la horroriza. Y no obstante su impopularidad, dicha guerra, conducida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al lado de otras organizaciones de menos importancia, crece y se extiende como un cáncer a lo largo y ancho del territorio colombiano dejando suspendida una grave amenaza sobre el futuro inmediato del país, sobre su orden jurídico y sus instituciones democráticas. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué en Colombia lo que en otros países fue un intenso pero efímero sarampión revolucionario de los años 60 echa raíces tan profundas? Tres razones lo explican. La primera es de carácter histórico. A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, las guerrillas colombianas no fueron exclusivamente una empresa revolucionaria inspirada en la experiencia cubana. Tuvieron en realidad, un origen más profundo y antiguo: la situación de violencia vivida por el país en la década de 1947 a 1957. Dicha violencia, que sacudió con su barbarie el mundo rural del país provocando cerca de 300.000 muertos y el éxodo de millares de campesinos a las ciudades, fue como una prolongación, en plena mitad del siglo XX, de las sangrientas guerras que a lo largo del siglo anterior enfrentaron a conservadores y liberales. Dueños del gobierno en 1946, merced a una división del Partido Liberal, los primeros quisieron evitar el regreso al poder de los segundos mediante la represión y la violencia, una violencia que llegó a su punto más dramático con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, ocasionando una de las más tremendas revueltas populares que se hayan conocido en el continente: el famoso 'Bogotazo'. La desigual guerra civil que siguió a esta revuelta empujó a muchos liberales a los llanos y a las montañas. Surgieron así en Colombia las primeras guerrillas, como réplica a una feroz represión realizada por los gobiernos conservadores y por la dictadura militar de Rojas Pinilla, mucho antes de que se tuviera noticia de los barbudos de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Convertidas más tarde en autodefensas, catequizadas por el Partido Comunista, fueron la semilla de las Farc. El ELN, en cambio, aparecido a mediados de los años 70, fue en su origen un movimiento guerrillero organizado por estudiantes entrenados en La Habana. Pero una y otra organización contaron con el apoyo de una base campesina forjada de tiempo atrás en la lucha armada y para la cual Ejército y Policía eran ya sus enemigos naturales. Y este es un rasgo muy particular y distintivo de la guerrilla colombiana: sus raíces en una infortunada tradición nacional.La segunda razón que explica el alcance logrado en cuatro décadas por la subversión colombiana es el hecho de haberse trazado una exitosa estrategia, que es a la vez militar, política y económica. La primera busca el control efectivo y gradual del territorio mediante la táctica, inspirada en el ejemplo del Vietcong, de fragmentar las fuerzas militares dispersándolas y colocándolas en una posición defensiva, mientras la guerrilla conserva toda su movilidad y la iniciativa y la sorpresa en sus ataques e incursiones. De hecho el crecimiento militar de la guerrilla ha venido cumpliéndose conforme a las metas que sus dirigentes se propusieron desde el comienzo mismo de la lucha armada. Así, los 15 frentes con 1.200 hombres que tenían las Farc en 1978, 20 años después llegan a 60 y el número de sus integrantes se calcula entre 12.000 y 15.000. De su lado el ELN, que sólo disponía en aquel entonces de cuatro frentes con 230 hombre en armas, hoy tiene 32 frentes con cerca de 5.000 hombres. La estrategia política, muy hábil, busca debilitar el Estado arrebatándole poderes y herramientas en la lucha antisubversiva, para lo cual mueve sus alfiles en el Congreso e infiltra la Justicia y órganos neurálgicos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. También toma posiciones claves en el establecimiento sindical y aun en las organizaciones de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la subversión en Colombia ha logrado la toma sistemática y progresiva de las administraciones municipales mediante el terror, al punto que más de 500 municipios (la mitad de los que existen en el país) se encuentran bajo su poder de intimidación. Los comandantes guerrilleros colocan gente suya en los cargos públicos, obtienen contratos, retienen porcentajes de sueldos e imponen condiciones a quien quiera hacer en estas zonas campaña política.

La tercera estrategia, también triunfante, se propone dotar al movimiento insurreccional de un considerable poder económico con base en los ingresos obtenidos del narcotráfico, los secuestros, los asaltos y el impuesto forzado a agricultores y ganaderos. Estas acciones combinadas han tenido un efecto desastroso sobre la economía colombiana y, por ello mismo, constituyen un factor primordial de empobrecimiento. Narcotráfico y guerrilla se necesitan y se retroalimentan. Se trata de un verdadero matrimonio de conveniencia. La permanencia y auge del primero requiere la capacidad armada de la segunda, que protege los cultivos de coca y los laboratorios donde la pasta de coca se procesa y los aeropuertos clandestinos donde aterrizan y despegan las avionetas utilizadas para el transporte de estupefacientes. A su turno, la continuidad y desarrollo del proceso guerrillero no existiría sin los ingresos provenientes del narcotráfico. Gracias a esta colaboración estrecha, los cultivos de coca han pasado en sólo siete años de 40.000 hectáreas a 80.000 y los cultivos de amapola de 0 a 10.000, pese a las fumigaciones. Las Farc son dueñas hoy, según el Ministerio de Defensa Nacional, de 13.765 hectáreas de coca (fuera de las 12.000 que protegen) y de 1.271 pistas de aterrizaje. La guerrilla colombiana, una de las más temibles, anacrónicas y despiadadas del mundo, ha puesto al servicio de sus objetivos ideológicos una verdadera y bien organizada empresa capitalista. Sus ingresos han sido oficialmente calculados en algo más de dos millones de dólares diarios (la DEA norteamericana, habla de 1.000 millones de dólares anuales), la mitad de los cuales provienen del narcotráfico y la otra mitad de los secuestros y las extorsiones a hacendados y ganaderos. No es sorprendente pues, que contando con recursos tan gigantescos esté mejor equipada que el Ejército: dispone de modernos equipos de telecomunicaciones, de una flotilla de aviones y de un sofisticado armamento que incluye misiles y lanzacohetes. La tercera razón que explica su amenazador avance corre por cuenta del propio Estado colombiano, que ha sido débil y corrupto y sin voluntad ni estrategia para enfrentarla. Desde 1982, cada nuevo presidente sólo tiene en su menú de gobierno un plan de paz que la guerrilla, consciente de su poder y de lo que dicho poder basado en la guerra le reporta, no tarde en desdeñar. Mal preparadas, mal equipadas, las Fuerzas Armadas colombianas sólo disponen de 120.000 hombres, efectivos insuficientes para un país en guerra y con un accidentado y vasto territorio de 1.147.000 kilómetros cuadrados. Buena parte de estos efectivos cumplen funciones policiales de protección de la infraestructura petrolera, vial y de comunicaciones, de suerte que sólo están disponibles para el combate un número no superior a 30.000 hombres, la mayor parte de ellos reclutas sin mayor experiencia y conocimiento del terreno. Por otra parte, los militares en Colombia han sido despojados de las herramientas legales que tenían en otro tiempo y que todavía tienen las Fuerzas Armadas de países vecinos para enfrentar la insurrección o el terrorismo: la justicia penal militar no puede investigar, interrogar o juzgar rebeldes, el fuero militar ha sido desmantelado y la justicia civil, intimidada o infiltrada, se muestra inepta para cumplir estas tareas. Sobre la legislación colombiana pesa un fantasma histórico común a todo el continente: el temor al despotismo o autoritarismo militar, tan presente en el pasado latinoamericano. Hasta el punto de que, hasta 1998, se mantuvo vigente en el Código Penal un estrambótico artículo según el cual "los delitos cometidos por los sediciosos en combate no son punibles". En Colombia, el romanticismo legalista, muy arraigado en la tradición del país, deja a la Nación desamparada frente al triple flagelo del narcotráfico, la guerrilla y los llamados grupos paramilitares.El costo de la guerra en este país es enorme: se calcula en 5.000 millones de dólares por año; es decir, una quinta parte de la deuda externa colombiana. Y su efecto se hace sentir sobre todo en los estratos más bajos de la población. Los ingresos anuales de las Farc y del ELN equivalen al 0,58 por ciento del Producto Interno Bruto. El ingreso per cápita de la guerrilla es 62 veces más alto que el ingreso de un colombiano que vive dentro de la ley. Los ingresos obtenidos sólo por las Farc con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, calculados en 685 millones de dólares anuales, son mayores que las utilidades reportadas por el grupo empresarial Bavaria, el mayor del país (670 millones). Los mayores costos que ocasiona la guerrilla provienen de los atentados contra los oleoductos y las torres de transmisión de energía. Entre 1986 y 1997 la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), de propiedad estatal, fue objeto de 699 atentados. Cada uno de estos ataques representa tres graves perjuicios a la economía colombiana.El primero es el costo ecológico por la contaminación de las aguas, por culpa de la cual disminuyen o desaparecen los recursos naturales que aprovechan los moradores de vastas zonas campesinas para la pesca o riego de tierras. El segundo es el costo económico que representa el crudo derramado. El tercero es el costo de las reparaciones y el del crudo, que mientras éstas se efectúan, se deja de producir.Igualmente ruinosos son los daños infligidos al sector agrícola por culpa de las extorsiones y sobre todo de los secuestros. Sólo estos dos delitos le han reportado a la guerrilla, desde 1991, 1.700 millones de dólares. En ese lapso, 2.668 personas _comerciantes, ganaderos y agricultores_, vinculadas a este sector, fueron secuestradas. Debido a esta situación, la producción agrícola ha registrado un dramático descenso y la desocupación ocasionada por tal crisis ha empujado a millares de campesinos, que antes vivían de los cultivos de algodón, café y otros productos, a emigrar hacia las zonas selváticas, en el sur del país, para trabajar en los cultivos ilícitos de coca y amapola auspiciados por la guerrilla y el narcotráfico. Otra parte importante de los costos de la violencia en Colombia tiene relación directa con los gastos militares. En promedio, América Latina utilizó en 1995 el 1,7 por ciento de su Producto Interno Bruto en defensa, mientras que Colombia destinó a este rubro el 2,6 por ciento en el mismo año. Expertos internacionales, al analizar la situación colombiana, hablan con razón del "exceso del gasto militar", al tiempo que fundándose en la dramática situación del país y, por desgracia, también con fundamento, los mandos militares lo consideran insuficiente. Como sea, el hecho evidente es que la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado, el millón de desplazados por la guerra interna, el debilitamiento en los mecanismos de la justicia (el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad) y las dificultades para consolidar en algunas regiones del país las políticas macroeconómicas, afectaron gravemente la capacidad productiva y la competitividad del país en los mercados internacionales. Los efectos sociales de tal situación, cuyo vórtice explosivo es la guerrilla, son inocultables: desempleo, pobreza, inseguridad. Y las primeras víctimas de la guerrilla han sido precisamente los pobres que pretendía redimir.