Las razones del gobierno para oponerse a las zonas de despeje

El pasado 17 de agosto, cuando se estaban conociendo los nombres de los últimos cargos del gobierno que acababa de llegar, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió con la noticia de que se abstendría de nombrar Alto Comisionado de Paz hasta que la guerrilla mostrara interés por acabar el conflicto armado, por ejemplo, con la liberación unilateral de secuestrados o el cese al fuego.

Fue así como Santos envió el primer mensaje de que no dará su brazo a torcer en las condiciones que le puso a las Farc para hablar. Ahora, acaba de tomar una segunda decisión y es la de acabar definitivamente las zonas de distensión o de despeje, una de las condiciones más reiterativas de este grupo insurgente para un diálogo con el gobierno.

La propuesta busca la eliminación de la prórroga de la ley 418, que permite la creación de las llamadas zonas de distensión, zonas neutrales o desmilitarizadas para eventuales negociaciones de paz con grupos armados ilegales.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, envió una carta en ese sentido al ponente de un “proyecto de facultades especiales” en la Cámara de Representantes, Roosevelt Rodríguez Rengifo. En la misiva se solicita la eliminación de la prórroga de dicha ley 418.

Esa norma faculta al Gobierno para acordar, “con los voceros o miembros representantes de organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional”.

“En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”, dijo Vargas Lleras.

Según explicó en Caracol Radio, el gobierno espera que “todas las demás facultades previstas en esa Ley, sean renovadas. Daría la impresión que el tema del despeje o la desmilitarización se ha venido sugiriendo como anticipo de un eventual diálogo, el Gobierno quiere enviar un mensaje muy claro, y es que esas facultades no se tendrán en cuenta”.

Gracias a esta normal, en junio de 1997, el presidente Ernesto Samper se vio obligado a retirar al Ejército de 40.000 kilómetros cuadrados de territorio en el Caquetá para facilitar la entrega de 7 militares que habían secuestrados 10 meses atrás pro las Farc. A finales del 98, el ex presidente Andrés Pastrana ordenó el despeje de 42.000 kilómetros cuadrados en los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Y el ex presidente Álvaro Uribe, también logró establecer la “zona especial” de Santa Fe de Ralito, durante el proceso de desmovilización de las AUC.

Para despejar una zona el Ejecutivo es el único que puede apelar a esta norma. Por eso es que esta decisión tiene visos más políticos que de facto.

Camilo Gómez, ex comisionado de paz de Pastrana, dijo a Semana.com que con esta decisión el gobierno deja claro que quiere la paz, pero con condiciones. “Para hablar uno siempre necesita un lugar geográfico para discutir, que puede ser en Colombia o en el exterior, entonces la señal podría ser que busca algo en el exterior”, dice Gómez, quien aclara que incluso no es necesaria esta norma para hablar con los grupos ilegales: “Yo como comisionado me iba a reunir con el ELN, pero tenía que coordinar con las Fuerzas Militares, sin necesidad de despeje”.

Aunque en el último mensaje de las Farc el tema de la zona de despeje no se mencionó, y a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la puerta del diálogo no está cerrada con esta guerrilla, decisiones como esta marcan el punto de partida desde donde el gobierno quiere negociar la paz.
 
Con información de EFE.