Las violentas cifras de las bacrim

El asunto es así de sencillo: Por cada diez denuncias que reciben las personerías, en tres de ellas los victimarios son bandas criminales.
 
Esa es una de las revelaciones que hace un informe presentado por Andrés Santamaría Garrido, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) y a su vez personero en la capital del Valle.
 
El estudio, que se hace luego de casi dos años de vigencia de la Ley de Víctimas, busca poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la población frente a esa nueva amenaza. Según Santamaría, lo más preocupante de esa situación “es que esas víctimas no están cobijadas en la Ley 1448 del 2011”.
 
Agregó el personero que “la tendencia en el último año ubica las bandas criminales en los primeros lugares de la lista de actores de hechos victimizantes a la población civil, cuando en años anteriores los actores principales eran la guerrilla y los paramilitares”.
 
De acuerdo con el informe de Fenalper, los departamentos en los cuales más se reciben denuncias de personas victimizadas por las bacrim son Valle, Antioquia, Nariño, Córdoba, Sucre, Chocó, Bolívar y Norte de Santander.
 
El caso más dramático se registra en Buenaventura (Valle del Cauca). Según el informe, entre septiembre y noviembre del 2012 la Personería registró 17 desplazamientos masivos, agrupó a 7.000 desplazados, de los cuales el 90 por ciento fue por el accionar de las bandas criminales.
 
Agregó el estudio que ese porcentaje refleja el alto índice de víctimas que generan las bandas emergentes, que en esa zona del país son lideradas por la 'Empresa' y los 'Urabeños', encargadas de “sembrar temor, amenazan de muerte y cobrar vacunas”, según los 113 relatos recepcionados en esa defensoría.
 
En municipios como El Dovio y Obando, también en el Valle, los personeros denunciaron que todas las declaraciones tomadas en el 2012 y lo corrido de este año “fueron de víctimas de esas bandas procedentes de otros departamentos como Cauca, Nariño y Caquetá”.
 
Otra de las regiones golpeadas en un gran porcentaje por el problema de bandas criminales son Bolívar, Chocó y Antioquia. En esos departamentos las víctimas alcanzan el 40 por ciento. Este año una de las ciudades con mayor número de denuncias de ese tipo es Cartagena.
 
En ciudades como Montería, Cali y Pasto, las declaraciones de víctimas por bacrim suman entre el 28 y el 10 por ciento. Los municipios de Nariño más golpeados después de la capital son Barbacoas y Tumaco. En Medellín se reportó que el 5% de los actores de los hechos victimizantes corresponde a esas bandas, “sin embargo, tienen registrado el 25% como grupos armados no identificados o desconocidos, en los cuales se presume puede haber víctimas de bandas criminales”.
 
Otra revelación que hace el estudio es que en ciudades como Cúcuta, en Norte de Santander; Valledupar, en Cesar, y Sincelejo, en Sucre, “hay casos de víctimas por bacrim pero las personerías no tipifican el autor del hecho victimizante”.
 
Por lo todo lo anterior, el presidente de Fenalper, Andrés Santamaría, insiste en que el gobierno nacional “debe analizar la posibilidad de hacer algunas modificaciones y reformas que se adapten a las nuevas formas de violencia en el país, entendiendo que los afectados por el actuar de las bandas criminales son víctimas de hechos violentos”.
 
Este planteamiento ha sido respaldado por varios personeros del país que consideran que la Ley al no contemplar las víctimas de otros actores o grupos armados diferentes a guerrilla y paramilitares resulta excluyente, por lo que se re-victimiza a las personas que se han visto afectadas por las bacrim.
 
Algo similar cree Alfredo José Cabrales, personero de Montería: “Al negar la inclusión de las víctimas de las bandas criminales en el Registro Único de Víctimas se atenta contra derechos de ciudadanos; las bandas criminales, de algún modo, son la prolongación de un actor armado que hace un tiempo se llamó paramilitarismo. Estas bandas operan en los mismos territorios donde alguna vez tuvo control ese grupo, en los cuales las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y generalizadas”.
 
Un pronunciamiento similar hizo Adela Aguirre, personera de Pasto y vicepresidente de Derechos Humanos de Fenalper, tras considerar que “la Ley debe ser ampliada y sometida a una reforma para que incluya las víctimas de bacrim, entendiendo estos grupos como una forma de delincuencia común organizada”.
 
Falta de personal y apoyo

A este nuevo reto con las víctimas de las bacrim se suma un problema logístico y presupuestal.
 
Según el presidente de Fenalper, las personerías de Colombia padecen la falta de recursos, personal, herramientas, papelería y “la demora en la respuestas para las víctimas siguen siendo los principales obstáculos que enfrentan los personeros para poder brindar una atención oportuna”.
 
Explicó que en Carmen de Carupa, municipio de Cundinamarca, este año la Personería “no ha podido tomar declaraciones porque no tiene formularios para realizar el registro”. Algo parecido ocurre en la Unidad de Trabajo Social de la Personería de Cartagena, donde el envío de los formularios es lento.
 
Jeremías Moreno, personero de Bojayá, Chocó, dijo que su mayor dificultad es la falta de personal en su oficina, donde sólo hay dos personas (él y la secretaria) para atender al 95 por ciento de la población que es víctima del conflicto.
 
En Valledupar, Cesar, en el 2012 atendieron 1.990 declaraciones, pero según el personero, Alfonso Campo, se quedaron cortos porque la capacidad de infraestructura, logística y herramientas con las que cuentan es limitada para brindar una mejor atención a la población. Situación similar ocurre en Buenaventura, donde actualmente hay 2.500 personas esperando la cita para la toma de declaraciones, ya que por falta de personal en la entidad no se ha podido agilizar el proceso.
 
Según datos de Fenalper, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas reparó a 157.013 personas en el 2012, más del 47% de la meta inicialmente trazada, de 110.000 víctimas, y requirió de una inversión de 912.511 millones de pesos.
 
Ahora cuando las víctimas en Colombia encontraron en las bacrim un nuevo verdugo, es urgente que el gobierno nacional tome atenta nota para que esas denuncias no queden como una simple estadística.