LAZOS FAMILIARES

Como van las cosas, todos los colombianos tendrán que salir del país con excepción de "Los extraditables" . Porque no sólo se tienen que ir todos aquellos que por una u otra razón se han enfrentado a ellos, sino que ahora tendrán que salir también sus familiares. Esta parece ser la conclusión generalizada después del asesinato del ex gobernador de Boyacá, Alvaro González Santana, una persona cuyo único pecado era el de ser padre de una juez que se atrevió a llamar a juicio a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha. La hija del ex mandatario, Martha Lucía González Rodríguez, quien entonces se desempeñaba como juez segunda de orden público, fue la encargada de adelantar las investigaciones por las masacres ocurridas a comienzos del año pasado en Urabá y Córdoba. La juez encontró méritos para llamar a juicio a los dos grandes jefes del cartel de Medellín, como autores intelectuales de las matanzas de las fincas "Honduras" y "La Negra" y vinculó al proceso a Fidel Castaño, al alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio y a varios militares del batallón Voltímeros.

Ante las insistentes -"si no cuida su vida, cuide la de su papá"- la juez se vio obligada a salir del país. Pero su "osadía" se la cobraron la semana pasada: su padre fue asesinado en una céntrica calle de Bogotá por dos sicarios. En ese momento, el ex gobernador tal vez recordó una frase de su hija que, a pesar de las amenazas no daba su brazo a torcer: "Si nos pasa algo, el responsable es usted por habernos enseñado a ser honestos".

"La ley no es una simple sucesión de palabras sin espíritu... por eso cuando quiera que el devenir de los acontecimientos deja atrás a la ley, el intérprete debe acomodarla, sin olvidarse de su espíritu y de los valores que realizan las actuales circunstancias socio políticas", dijo en su sentencia la juez. Inspirada en estos conceptos filosóficos-jurídicos, escuchó en indagatoria a varios testigos que ella decidió identificar en el proceso como N.N. para protegerlos, y posteriormente llegó a una conclusión: los grupos paramilitares estaban extrechamente ligados a los grandes capos del cartel de Medellín.

Los testimonios en ese momento sonaban un poco ambiguos. Se limitaban a hablar de terceros que conocían a Escobar y a Rodríguez Gacha, quienes a su vez patrocinaban a los grupos de autodefensa del Magdalena Medio. No concretaban prácticamente ninguna acción en la que hubieran participado directamente los grandes capos, ni arrojaban suficientes indicios que los comprometieran. Sin embargo, 6 meses después, cuando los organismos de seguridad han identificado plenamente a los autores materiales de muchas de las matanzas y han establecido los vínculos del cartel de Medellín con la actividad paramilitar, los llamamientos a juicio de la juez exiliada han cobrado vigencia.

Aunque desde ese momento se señalaban las fincas "El Paraiso" y "El Edén" de propiedad de Pablo Escobar, y "El Sortilegio", "Las Nutrias", "La Fe" y "La Albania" de propiedad de Rodríguez Gacha, como verdaderos centros de adiestramiento paramilitar, y a pesar de que ya se mencionaba al batallón Bárbula y a Acdegam como epicentros de la actividad de las autodefensas, sólo con la aparición de testigos que abandonaron su calidad de N.N. y pidieron protección, se han podido recopilar los detalles que sirvieron para que el gobierno lanzara su ofensiva contra los miembros del cartel de Medellín comprometidos en masacres y asesinatos de dirigentes políticos.

Fue precisamente a raíz de este fallo de la juez segunda de orden público que el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio tuvo que pasar a la clandestinidad. Y fue a propósito de esta averiguación que los investigadores del DAS llegaron a la conclusión que aparece en el expediente: "La banda de delincuentes que regionalmente se conoce con el nombre de Muerte a Secuestradores es subsidiada por varios miembros del cartel de Medellín, entre quienes figuran Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Molina, Jairo Correa y N. Matiz Guana".

Lo que sí es un hecho es que la juez Martha Lucía González fue la primera que vinculó penalmente a los grandes capos del cartel de Medellín con las matanzas, pero también es probable que sea por eso que ella sea la primera víctima de esta nueva modalidad: la de matar a los familiares de los jueces que se atreven a procesarlos. -

Hijos de tigre...
Los vínculos familiares que hicieron noticia la semana pasada no fueron solamente los de la juez que llamó a juicio a Escobar y a Rodríguez Gacha. El hijo de este último, Freddy Gonzalo Rodríguez Selades y el hermano de la exprocuradora auxiliar, Clara Inés Gregory, Juan Camilo Gregory, fueron detenidos el lunes 1° de mayo en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, cuando descendían de una avioneta privada procedente de Cartagena. Además de dos guardaespaldas y el piloto, Gonzalo Rodríguez Jr. fue capturado tambíén con quien es considerado por las autoridades como el jefe de finanzas de Rodríguez Gacha y el enlace con los demás jefes del cartel de Medellín.

Aunque el delfín de Pacho hasta el momento está detenido por porte ilegal de armas, ya que eso fue lo único que se encontró en la avioneta, aparte de un maletín que al parecer contiene valiosa información sobre transacciones de cocaína, su nombre no era desconocido para las autoridades. Según las investigaciones de los organismos de seguridad y de los entes judiciales, Rodríguez Jr. se ha convertido en uno de los hombres claves de los grupos de autodefensa del Magdalena Medio. De acuerdo con las autoridades, al igual que el hijo de Guarín, Leonardo Guarín, quien heredó el "brazo polítíco" y al igual que el hijo de Gonzalo Pérez, Henry Pérez, quien se puso al frente de la actividad militar, el hijo de Rodríguez asumió la parte logística y financiera de los grupos paramilitares. Según un organigrama de los elaborados por los servicios secretos y publicado recientemente por los medios de comunicación, el hijo de "El Mexicano" aparece como el hombre clave de la escuela de Pacho y es identificado con el alias de "El Pocillo".

En todo caso, a pesar de que es posible que el hijo de Rodríguez Gacha no tenga en estricto problemas con la justicia colombiana, lo que las autoridades están demostrando es que los grandes jefes del cartel de Medellín también son vulnerables.