Lazos familiares

La respuesta del Congreso se veía venir. Era apenas natural que después de la descalificación moral que hiciera el presidente Andrés Pastrana de los congresistas para justificar la revocatoria de su mandato, mediante un referendo, los parlamentarios movieran sus fichas para responderle al Ejecutivo con las mismas armas. La semana pasada el encargado de soltar la artillería fue el senador Javier Cáceres, el mismo que destapó los escándalos de Dragacol y los bancos Andino y Pacífico, en los que se perdieron más de 300.000 millones de pesos.

¿En qué consisten las denuncias de Cáceres? El senador sostiene que el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, y su familia, se han lucrado por cuenta de varios contratos con el Estado celebrados a través de la empresa Acertar Ltda., cuya presidenta y representante legal es Julia Lucía Pardo, esposa de Hernández. La compañía se dedica a la confección de uniformes para varias entidades, entre ellas la Policía y el DAS.

Según Cáceres, la empresa Acertar Ltda. contrató con la Policía en los años 1995, 96 y 97 por cifras relativamente bajas, pero después de 1998 —cuando Juan Hernández fue designado secretario general— la cuantía de esos contratos se disparó hasta llegar a 12.000 millones de pesos. Un informe de la Contraloría General sostiene que durante 1999 a esa empresa le fueron adjudicados contratos por 5.800 millones de pesos.

Las denuncias de Cáceres también se refieren al contrato 024-99 por 592 millones de pesos, celebrado entre Acertar Ltda. y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, es decir, de Juan Hernández, que es su secretario general. Hernández deberá responder por estos cargos el próximo 2 de mayo cuando comparezca ante el Senado.

La empresa Acertar Ltda. es una de las más tradicionales en la confección de uniformes del país. Desde hace más de 30 años se dedica a estas labores, inicialmente con el nombre de Pardo Pardo y a comienzos de los 80 la empresa pasó a llamarse Acertar Ltda. El general Alfonso León Arellano, director operativo de la Policía, sostiene que Acertar Ltda. ha cumplido siempre con todos los requisitos exigidos para que les sean adjudicados los contratos para la confección de los uniformes de los miembros de la institución. “El suyo es un trabajo garantizado”, afirmó.



¿Culpable o inocente?

Aunque el senador Cáceres sostiene que la citación a Hernández había sido definida mucho antes de que el presidente Pastrana anunciara la convocatoria al referendo, es evidente que detrás del hecho hay un marcado interés de la clase política por pasarle una cuenta de cobro al gobierno. En ese sentido nada mejor que cuestionar la integridad de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. Hernández no es un funcionario de segundo nivel. Por el contrario, es la mano derecha de Pastrana. Hay quienes sostienen, inclusive, que sería el primero de una larga lista de funcionarios y ministros del gabinete que podrían recibir moción de censura por parte del Congreso. Entre los ministros se encontrarían el del Interior, Néstor Humberto Martínez, y el de Salud, Virgilio Galvis.

El que mejor sabe de las dimensiones del caso es el propio Presidente, quien, una vez se bajó del avión que lo trajo de Estados Unidos y Europa el viernes en la tarde, salió a darle un espaldarazo a su amigo al afirmar que “no tenemos nada que esconder. Ahora quieren lograr mediante injurias y calumnias lo que no van a lograr en las urnas”.

Pero Hernández va a necesitar más que palabras de aliento del Presidente para salir de la delicada controversia en la que está metido. Si bien es cierto que ni él, ni su familia, violaron el régimen de inhabilidades, establecido en la ley 80 de 1993 que regula las contrataciones con el Estado, el hecho de que la cuantía de los contratos haya crecido de manera considerable en el último año llama mucho la atención puesto que habría un incremento patrimonial de la empresa Acertar Ltda., el cual coincide con la designación de Hernández en la Casa de Nariño.

El secretario general de la Presidencia dijo a esta revista que, aunque no conoce los detalles de la denuncia, el incremento en las cifras podría tener su origen en el hecho de que el país viene sufriendo una severa devaluación de la moneda que hace que las cosas valgan más hoy que ayer. “Pero el mejor ejemplo para ilustrar el asunto es que durante la administración pasada —que vigiló con lupa todo lo relacionado con Andrés Pastrana— la firma Acertar Ltda. también fue favorecida con contratos”, dijo Hernández. Pero es que el problema más que legal es ético. No está bien que el mejor amigo del Presidente y el funcionario más influyente de la Casa de Nariño se vea salpicado por este tipo de escándalos. Mucho más si se tiene en cuenta que algunos de sus familiares se han beneficiado con contratos del Estado, e inclusive él mismo, puesto que existe una sociedad conyugal que se habría visto beneficiada con los contratos celebrados durante la actual administración.

Al respecto Hernández dijo a SEMANA que “yo no puedo condenar a la quiebra a mis suegros por el hecho de ocupar transitoriamente este cargo”. El secretario general de la Presidencia debe saber que en el caso de los altos funcionarios públicos —mucho más si pertenece a un gobierno que se ha declarado abanderado contra la corrupción— no sólo se debe ser honesto, sino parecerlo.