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| 9/15/2003 12:00:00 AM

Ley de pleitos

El Estado pierde la mayoría de litigios en los tribunales de arbitramento. ¿Cambiaría esto con una nueva ley?

Hay quienes dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Habría que agregar que lo peor es sufrirlos ambos, como le ha ocurrido al Estado colombiano en sus millonarios pleitos y malos arreglos con contratistas privados. Casos como el de TermoRío o el de los contratos de riesgo compartido de Telecom, en los que sendos tribunales de arbitramento fallaron en contra de esas entidades, hacen que muchos colombianos se pregunten por qué al parecer el Estado siempre sale perdiendo.

Esa misma pregunta está en el centro de la discusión de un proyecto de ley sobre los procesos de arbitraje que se votará este martes 16 de septiembre en el Senado en segundo debate.

El proyecto establece los alcances, las reglas y los procedimientos para zanjar diferencias sobre algunos asuntos sin necesidad de acudir a los jueces. Así, cuando dos empresas -públicas o privadas- firman un contrato pueden acordar que para resolver un conflicto futuro les pagarán a unos árbitros privados que decidan quién tiene la razón, en lugar de ir a un juzgado, cuyo fallo puede tardar años. Tener esta posibilidad es fundamental para cualquier empresa, pero en especial para las extranjeras.

Generar confianza y seguridad jurídica a los inversionistas del exterior es uno de los argumentos a favor del proyecto. Según Eduardo Silva, del Centro Internacional de Arbitraje de París, en términos generales éste se ajusta a un modelo de ley que ha venido impulsando Naciones Unidas y que pretende estandarizar las normas sobre este tema. El hecho de que un país tenga normas aceptadas internacionalmente hace que, por ejemplo, para los abogados de una empresa extranjera sea más fácil poner su firma a la hora de cerrar un negocio en ese país.

Hasta aquí todos están de acuerdo. Las diferencias surgen cuando comienza a hablarse de contratos en los que el Estado es parte. Al frente de cada posición se encuentra, de un lado, el Ministro del Interior, Fernando Londoño, y, del otro, el procurador, Edgardo Maya.

Ocurre que el Estado, al firmar un contrato, cuenta con poderes que los demás no tienen. Puede, por ejemplo, darlo por terminado unilateralmente y, así haya pactado que los problemas se resolverían en un tribunal de arbitramento, el afectado por la terminación sólo podrá acudir a los jueces ordinarios.

El Procurador, a quien de entrada no le gusta que los litigios de la Nación se resuelvan en tribunales de arbitramento, quiere que esto continúe así, pues considera que hay que darle todas las garantías al Estado para que no salga perdiendo. Por el contrario, el ministro Londoño quiere que también estos actos unilaterales puedan ser demandados en un tribunal de arbitramento.

El otro punto de discusión es la posibilidad de que la decisión de un árbitro sobre un conflicto en el que está involucrado el Estado sea revisada posteriormente por un juez. Actualmente esto es posible, pero sólo sobre aspectos de forma, no de fondo. Hay quienes quieren que se pueda hacer una revisión integral de la decisión del árbitro, o incluso volverla obligatoria. "Esto equivaldría a poner una segunda instancia y que el arbitraje, que hoy se demora un año, comience a tardarse 12, como ocurre en la justicia contencioso-administrativa", dice Hernando Herrera, director del posgrado en arbitraje de la Universidad del Rosario.

La polémica gira, entonces, alrededor de los mecanismos de defensa que debe tener el Estado en tribunales de arbitramento y evitar así que siga perdiendo en ellos. Sin embargo, como dice el senador ponente del proyecto, Hernán Andrade, "le están echando la culpa al arbitraje de lo que es en realidad culpable la corrupción en la contratación estatal". El arbitraje es sólo una forma de resolver conflictos y lo que hace que él pague gigantescas indemnizaciones son los malos contratos. Es decir, lo importante no es conseguir mejores árbitros sino tener mejores jugadores. Esto es, funcionarios públicos honestos y respetuosos de la ley.

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