Litigio Colombia - Nicaragua: la hora de la verdad

El lunes 19 de noviembre Colombia le pondrá punto final a una de las peleas más largas de su historia: comenzó en 1890 cuando Nicaragua invadió unas islas que eran de Colombia y desde entonces la pugna –si bien ha tenido ceses al fuego parciales– no había llegado hasta ahora a la solución definitiva.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que se conocerá este lunes, será la última palabra sobre el litigio entre los dos países. Y su fallo no tiene apelación. La Corte dirá cuál es el límite entre Colombia y Nicaragua y eso, más que trazar una nueva línea en el mapa, define dos asuntos trascendentales: a cuál de los dos países le pertenecen siete cayos (Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, y el grupo de cayos del Este-Sudeste) y sobre todo cómo se repartirá un bloque de mar de 530.000 kilómetros cuadrados. Es decir, un pedazo casi del tamaño de la mitad de Colombia.

La buena noticia es que la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está en juego, porque la misma Corte ya dejó claro en 2007, dentro de este mismo litigio, que son de Colombia.

Los equipos de los dos países, que durante 11 años han estado metidos en la disputa, se presentarán este lunes a las tres de la tarde, hora de La Haya, ante los 15 magistrados, de igual número de países, que integran este tribunal para escuchar el fallo.

Los nicaragüenses están convencidos de que van a ganar y se van a quedar con una enorme tajada de mar. Un reconocido tratadista internacional de ese país, Mauricio Herdocia, no ha ahorrado optimismo en las entrevistas con los diarios nicas: “Existe una fuerte probabilidad de que Nicaragua obtenga los cayos de Roncador, Serrana, y Quitasueño, entre otros”. Y pronostica un resultado aún más adverso para Colombia: “En cuanto a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, puede pasar que estas sean enclavadas en un mar de 12 millas náuticas, dado que están en el lado equivocado de la frontera y no deben interponerse a la salida natural de Nicaragua al mar”. Es decir, según él, las islas de San Andrés podrían quedar atrapadas en medio de un extenso mar nicaragüense. Así como sucede hoy, por dar un ejemplo, con las Islas Malvinas. O como las islas Martinica y Guadalupe, que son francesas pero están en el mar de otro país.

Y es que las pretensiones de Nicaragua ante la Corte son bastante ambiciosas. Ellos, palabras más palabras menos, les piden a los magistrados que hagan de cuenta que no existe San Andrés y que el límite de Nicaragua en el mar se extienda no hasta las 200 millas náuticas (370 kilómetros) que corresponden a la zona económica exclusiva sino a 350 millas (ver mapa). La petición no solo no tiene precedentes en el derecho internacional, sino que además dejaría a su vez a Colombia con menos de las 200 millas náuticas en el mar desde sus costas. Tal vez, Nicaragua está aplicando la táctica de pedir más para tratar de sacar lo máximo.

El gobierno de Colombia descarta de plano que eso pueda ocurrir. Pues, por el contrario, están convencidos que el archipiélago tiene derecho a mar territorial. La petición de Colombia, en teoría mucho más ajustada al derecho internacional, considera que como el espacio que hay entre Nicaragua y San Andrés no es suficiente para que a cada uno le toque de a 200 millas, pide entonces que se trace una línea equidistante entre las dos costas (ver mapa al lado derecho de la página).

Como en cualquier litigio, las dos posiciones son opuestas. La apuesta de cada uno de los dos países es a quedarse con mínimo el 80 por ciento del territorio marítimo que está en juego. “Si la Corte traza la línea al occidente de San Andrés, no importa qué tan cerca o lejos esté de la isla, es un triunfo descomunal para Colombia”, le dijo a SEMANA uno de los miembros del equipo que la defiende en La Haya.

El segundo punto de la disputa, cuál de los dos países es el dueño de los cayos, tampoco es fácil de resolver. Nicaragua alega que por estar ubicados sobre su plataforma continental le pertenecen. Esa pelea, sin embargo, también está difícil porque Colombia tiene documentos y hechos para mostrar su soberanía sobre los cayos, y la unidad geográfica, histórica y política de estos con el archipiélago de San Andrés.

En Colombia ha cundido la idea de que se va a perder. Sobre todo, luego de que la canciller María Ángela Holguín, en una salida no muy afortunada, dijo: “Nadie está preparado para que digan ‘este pedacito ya no es de ustedes’, tenemos que tener la mente en que cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la Corte”. El gobierno, sin embargo, ha corregido la plana y tanto la canciller como el presidente Juan Manuel Santos dieron partes de tranquilidad. “Sabemos que se ha hecho lo correcto y se ha actuado de la mejor forma posible. Las pretensiones de Nicaragua son bastante audaces y creemos que la Corte no le va a dar la razón”, dijo el presidente Juan Manuel Santos desde Portugal. Por su parte la canciller dijo: “No cabe el miedo. La Corte confirmará la soberanía de Colombia sobre los cayos”.

Nada está definido. La Corte puede ser impredecible. Más aún teniendo en cuenta que este es un caso complejo. Por un lado está toda la tradición histórica y el ejercicio de la soberanía que alega Colombia. Y del otro lado está la cercanía que alega Nicaragua (los cayos de Albuquerque y Quitasueño están a 310 millas de Cartagena y a 90 millas de las costas nicas) y un argumento que ha convertido en su bandera y consiste en que su ‘plataforma geomorfológica’ (la tierra y las montañas a lo largo del mar) es bastante extensa y es lo que les permite no solo reclamar más océano sino también algunos de los cayos como parte de su plataforma.

Las posiciones parecen estar muy parejas si se tiene en cuenta que según los criterios que utiliza la Corte Internacional de Justicia tres favorecen a Colombia (los acuerdos previos, los argumentos históricos y las prácticas estatales en el área en disputa) y dos favorecen a Nicaragua (el tamaño de las costas y la topografía). En el caso del tamaño de las costas, mientras la de Nicaragua tiene 450 kilómetros, la de San Andrés tiene 17 kilómetros, es decir la relación es de 21 a 1. Y la plataforma de Nicaragua es bastante extensa mientras la de Colombia es muy escasa. El fallo, sin embargo, no es matemático y falta ver a qué le da más peso la Corte.

La idea de que el pleito no era bueno para Colombia está clara desde el principio. “En este pleito Colombia tiene todo que perder y Nicaragua todo que ganar”, era lo que se decía en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores desde hace muchos años y por eso Colombia intentó por todos los medios no terminar en la Corte.

Y aún hoy, hay estudiosos que reclaman no haberle sacado el cuerpo a la Corte. “¿Por qué no denunciamos el Pacto de Bogotá (que nos obliga a comparecer en la Corte) mucho antes de que nos demandaran?”, se preguntaban en un artículo de El Espectador los profesores de la Universidad Externado Carlos Salgar y Eric Tremolada.

Colombia se ha tomado con seriedad este caso desde hace muchas décadas. En realidad detrás de este litigio hay una apasionante historia de pujas políticas y de anécdotas que permiten comprender mejor por qué se llegó a este punto, qué es lo que está en juego y cuáles cartas tiene cada país de su lado.

El rey dio la orden

¿Por qué ese territorio, que en el mapa aparece tan alejado, pertenece a Colombia? La zona en la que está San Andrés era una de las más complicadas para el imperio español en sus batallas contra los ingleses en la segunda mitad del siglo XVIII. Los españoles tenían problemas por la alianza entre los corsarios británicos y los nativos que eran los indios miskitos o moskitos.

El lío era tal, que tras firmar dos tratados, España le exigió a Londres que los miskitos desalojaran la Costa Mosquitia (la costa de los países centroamericanos sobre el Caribe) y las islas. Pero eso –como a veces ocurre también hoy– no se pudo. Y por el contrario la zona llegó a un caos tal que el rey Carlos IV decidió en 1803 quitarle ese pedazo de terreno a la capitanía de Guatemala, aparentemente por incompetencia, y encargárselo al Virreinato de la Nueva Granada con la idea que desde allí se podría impartir más orden.

Ese papel del rey es crucial en este litigio. Desde ese entonces, hace 209 años, no solo San Andrés y Providencia y las otras islas pertenecían a la que después sería Colombia, sino también las islas Mangles y la Costa de Mosquitia. Es decir, las costas de lo que hoy son Nicaragua, Costa Rica y Panamá (ver mapa ‘La orden del Rey de 1803’).

Ese mapa quedó así prácticamente un siglo. Tanto Colombia como Nicaragua estaban tan ocupados en otros asuntos, que poca atención le prestaron a los cayos. El lío comenzó a prender motores en 1890, cuando Nicaragua invadió las islas Mangles (que eran del archipiélago de San Andrés). Pero Colombia estaba tan enredada en guerras civiles que solo protestó (por medio del entonces ministro Jorge Holguín, bisabuelo de la hoy canciller) y ni siquiera utilizó el permiso que le dio el Congreso para irse a la guerra con Nicaragua.

El arranque del siglo XX fue todo un descalabro para Colombia. Primero, en 1900, perdió la Mosquitia costarricense (en un arbitraje sobre límites que resolvió el presidente de Francia), tres años después, en 1903, a Panamá, y luego, en 1913, Nicaragua le ‘tumbó’ las islas Mangle pues se las arrendó a Estados Unidos que las necesitaba para asuntos del Canal de Panamá. Colombia volvió a protestar y Managua le contestó diciendo que no solo las Mangles eran de ellos, sino todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y ahí se encendió la mecha del litigio que termina el lunes de esta semana.
Los dos países se enfrascaron en un forcejeo que tuvo un primer feliz desenlace en 1928 con un tratado ‘salomónico’ (el famoso Bárcenas-Esguerra): Nicaragua se quedó con la Mosquitia y las islas Mangles, y Colombia con “San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Pero en el tratado quedaron dos temas sin resolver. El de los otros cayos, los siete ya mencionados, porque el texto dijo expresamente: “No se consideran incluidos en este tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana; el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y Estados Unidos”. Y todo se debió a que un gringo reclamó esos cayos para Estados Unidos en 1869 por una curiosa ley de su país que le permitía tomar posesión de islas que tuvieran depósitos de guano (excrementos de aves marinas que se usa como fertilizante). Por esa vía, Estados Unidos se hizo alrededor del mundo a 150 islas. Un siglo después, en 1972, Washington dejó claro que los cayos eran colombianos (con el tratado Vásquez-Saccio).

El segundo tema que no se resolvió en el tratado de 1928, a pesar de lo que hasta ahora se había creído, fue el de los límites. Desde entonces, y durante casi 80 años, Colombia estuvo convencida de que la frontera entre los dos países era el meridiano 82. Todo porque en el canje de notas con el que se aprobó el tratado de 1928 se decía que el archipiélago de San Andrés no iba más allá de ese meridiano. Lo curioso, además, es que la idea de incluirlo fue del propio Congreso de Nicaragua que exigía dejar claro esa línea para evitar conatos expansionistas de Colombia. La propia Corte Internacional de Justicia, sin embargo, en un primer fallo sobre este caso, en 2007, dijo que no era un límite sino una alocation line o línea de ubicación.

Más allá de los asuntos que quedaron pendientes, el tratado de 1928 trajo la paz entre los dos países. Hasta 1969 cuando Colombia se enteró que Nicaragua había autorizado estudios sísmicos y exploración en el bloque del cayo Quitasueño. De eso se dio cuenta, por accidente, un embajador de Colombia en un país europeo cuando leía una revista especializada en temas de petróleo e informó de inmediato a Bogotá. Colombia protestó ante Nicaragua porque estaba irrespetando la frontera del meridiano 82. Y Managua le respondió diciendo que el meridiano no era ninguna frontera.

El rifirrafe tuvo un efecto importante en Colombia. En esa época, el presidente era Carlos Lleras, y el canciller era Alfonso López Michelsen. Para la recién creada oficina de fronteras –porque la anterior se había quemado en 1948—el presidente había llamado a un joven mayor del Ejército, experto en geografía, que había ganado un concurso de televisión que se llamaba 20.000 pesos por su respuesta. Se trataba de Julio Londoño Paredes, hijo del general Julio Londoño y Londoño, que llegó a ser Comandante de las Fuerzas Militares, era un reconocido historiador y geógrafo y escribió un tratado sobre Geopolítica del Caribe que aún hoy es consultado.

En la cancillería de López se comenzó a diseñar una sofisticada arquitectura de límites marítimos de Colombia con los países del Caribe y la carta fuerte que el país se jugaba ante sus vecinos era que el Meridiano 82 era frontera. Y así se firmaron tratados con Panamá (1976), Costa Rica (1977), Haití (1978) y República Dominicana (1979). Julio Londoño, quien hoy es la cabeza del equipo que lleva el caso de Colombia en La Haya, estuvo en todas las negociaciones.

La llegada de los sandinistas al poder en Nicaragua (1979) marcó un punto de quiebre. Curiosamente de la mano del hoy presidente Daniel Ortega, la junta sandinista declaró nulo e invalido el tratado suscrito con Colombia en 1928. El argumento era que en esa época Nicaragua estaba ocupada por marines norteamericanos. El tema quedó, por un tiempo, en statu quo. Colombia siguió con su ronda de tratados limítrofes y firmó con Honduras (1986), que fue más difícil porque este quería quedarse con los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, y después con Jamaica (1993). Pero el de Honduras fue la gota que rebosó la copa con Nicaragua.

Managua, propensa al discurso nacionalista, sentía que de alguna manera Colombia y Honduras le estaban fijando sus fronteras. Mientras Colombia iba afianzando su reinado en el Caribe, Nicaragua veía como lo que era mar se le estaba convirtiendo en un charco. “Tenemos un litoral de 450 kilómetros y estamos metidos en una piscina”, se les oía decir.

Entonces, no solo protestaron el tratado sino que demandaron. Primero a Honduras, cuando ratificó el tratado en 1999. En Colombia las alarmas sobre una posible demanda de Nicaragua, estaban encendidas desde tiempo atrás. Desde 1965, en 44 reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se tocó el tema.

Colombia, ante la inminencia de la demanda, dio un paso que para algunos fue equivocado. El 5 de diciembre de 2001, un día antes de que Nicaragua pusiera su demanda, Colombia retiró la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin duda fue una movida apresurada, pues pronto en el país se dieron cuenta de que no servía de nada. En primer lugar porque el Pacto de Bogotá (que se firmó el 9 de abril de 1948) para soluciones pacíficas de todas maneras la obligaba a ir a la Corte. Y en segundo lugar, porque así Colombia no compareciera, Nicaragua hubiese podido pedirle al tribunal que fallase a su favor.

Colombia decidió hacer una especie de apelación, lo que se llama en la Corte excepciones preliminares. En 2007, se dió su primer fallo sobre estas excepciones y en él Colombia ganó un punto muy importante: que el tratado de 1928 estaba vigente y por ende la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no estaban en discusión. Pero Nicaragua también ganó: la Corte dijo que ella iba a trazar una nueva línea limítrofe.

Desde entonces, en estos cinco años los dos países han utilizado toda su artillería. Colombia recogió mapas y documentos por todo el mundo que demuestran su soberanía sobre los cayos desde el siglo XVIII y que prueban 1.500 actos de soberanía. Y Nicaragua se ha dedicado a demostrar que su plataforma sumergida es tan extensa que lo hace dueño de los cayos y de la mayor tajada del océano.

Uno de los problemas para Nicaragua es que la geografía le puso al frente al archipiélago de San Andrés que como cualquier otro territorio insular genera 200 millas de zona económica exclusiva. Varios académicos consultados por SEMANA, sin embargo, ven posible que Colombia pierda territorio. “Desde 2007 cuando nos dijeron que el meridiano 82 no es frontera, todo lo que la Corte le otorgue a Colombia al oeste de esa línea es un triunfo jurídico del país. Con relación a la pretensión colombiana es muy probable que perdamos. Veo muy difícil que la Corte le otorgue a Colombia espacios marítimos al oeste del meridiano 82”, dice Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del Rosario.

Cuando se conozca el fallo puede también que se dé una gran polémica. Si el resultado es muy ajustado (es decir, la línea no es muy lejana al meridiano 82) se desatará una controversia sobre si Colombia ganó o perdió. Porque si bien se puede perder terreno o mar frente a lo que históricamente Colombia pensaba que tenía, también ese mismo resultado puede verse como una victoria para algunos que consideran que Colombia tiene más que perder que ganar en el tribunal. El país tal vez no se ha dado cuenta lo duro que fue el fallo de 2007 para Colombia pues en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin el límite del meridiano 82 al que se había aferrado por más de un siglo.

La Corte Internacional de Justicia ha atendido 14 casos de límites marítimos en sus 65 años de historia y le quedan por resolver solo dos, entre ellos el litigio de Colombia y Nicaragua. En todos sus fallos nunca le ha dado la razón en un ciento por ciento a ningún país.

Llegar a una solución, más allá de quién gane o quién pierda, tiene también sus ventajas. Hace apenas un par de meses, por ejemplo, China y Japón estuvieron prácticamente en pie de guerra por una isla en disputa. Y esa isla mide apenas 7 kilómetros cuadrados.

Ahora Colombia tendrá por lo menos claro hasta dónde van sus fronteras.