Varios funcionarios sindicalizados del Inpec salieron a bloquear la Calle 26, en el centro de Bogotá, durante el viernes 15 de enero para protestar en contra del comunicado que expidió el coronel Daniel Gutiérrez, director de esa entidad, para ponerle fin a las jornadas de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso, un sistema que venía funcionando desde el año 2021.
La nueva directriz volvió a los turnos de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso, lo que terminó en una reacción en cadena que llegó hasta la mensajería de WhatsApp, donde se compartían audios en los que algunos integrantes de los sindicatos anunciaban el inicio de un paro indefinido.
“Entramos en un paro indefinido hasta que esos dos coroneles que hay en la Policía deban salir del Inpec. Ya estamos haciendo los trámites con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio del Interior y ya se le notificó también al señor Presidente que entramos en paro indefinido”, dice uno de los audios.
En esa información que fue divulgada en varios grupos sindicales del Inpec se advertía que “nos solucionan el derecho a la vida y la 24 por 48, o cambio inmediato en esa cúpula”, asegurando que la directiva del cambio de jornadas era una decisión en “contra” de los derechos laborales de los funcionarios.
Sin embargo, SEMANA conoció un informe de la Contraloría General que va en contravía de la posición de los sindicatos, pues mientras denuncian persecución y falta de garantías laborales, los registros dejaron en evidencia que esas asociaciones de trabajadores pidieron permisos sindicales por más de 14.000 días. Eso equivale al trabajo de una persona por 38 años.
“En relación con los permisos sindicales se resalta que, con corte septiembre de 2025, las asociaciones sindicales han usado 14.081 días de permisos con la finalidad de atender las actividades sindicales, la mayoría de estos se concentran en Fecospec con aproximadamente 2.980 permisos usandos en lo que va corrido del año, seguido de UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios) con 2.518 permisos”, dice la Contraloría.
Ese informe terminó concluyendo que los permisos representan la ausencia total de 76 funcionarios en el mismo periodo del tiempo, cuando los mismos sindicatos han pedido urgentemente más personal por la sobrecarga laboral, el hacinamiento carcelario y el alto riesgo que enfrentan los guardianes.
