Los 16 implicados en caso Invima, incluyendo Stella Durán, piden pista para negociar

La audiencia de imputación de cargos contra 16 capturados por supuestos hechos de corrupción en el Invima fue suspendida luego de que los abogados manifestaran de manera conjunta que quieren que sus clientes sean escuchados por la Fiscalía. Los implicados son procesados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad ideológica en documentos públicos y enriquecimiento ilícito como presuntos integrantes de una red que falsificaba registros sanitarios y facilitaba trámites ante la entidad, con el fin de comercializar productos que no brindaban garantías de salubridad para los ciudadanos. 

Luego de que un juez de Bogotá legalizara las capturas, se inició una imputación de cargos que fue repentinamente suspendida cuando los abogados manifestaron su intención de colaborar. A esta intención también se unió la reconocida esteticista Stella Durán, quien fue capturada por las supuestas maniobras en las que incurrió para sacar sus productos al mercado, pasando por encima los controles. 

Hasta ahora, la que iba más adelantada en este trámite era Laura Marcela Rodríguez Castro, una intermediaria entre la esteticista Durán y los funcionarios del Invima, quien una vez resultó detenida envió a la Fiscalía su solicitud de negociación. 

La investigación se originó por la denuncia del Invima, que hace año y medio alertó de irregularidades a la Fiscalía. Según el ente investigador, se interceptaron un centenar de líneas telefónicas además de que se adelantaron seguimientos. Producto de ello, se logró determinar que los funcionarios al parecer cobraban por gestionar y expedir documentos falsos, alteraban procesos sancionatorios y ofrecían servicios de asesoría para preparar a ciertos clientes en las auditorías que realiza el Invima.

"Alteraban los sistemas de información para hacer parecer que productos que carecían de control sí tenían registros santiarios; falsificaban registros de estabilidad, de manera que productos sin control se mostraban frente a los consumidores como si tuvieran todas las verificaciones; cobraban peajes para reducir el valor de las multas y sanciones que imponía el Invima", manifestó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez al anunciar las capturas. Entre los detenidos hay 12 funcionarios del Invima. 

Las tarifas iban desde 750.000 pesos por trámites de renovación de registros sanitarios de productos hasta 14 millones de pesos por las auditorías falsas. En el listado de precios aparece que por estudios de estabilidad de productos se cobraban 2 millones de pesos. La Fiscalía anunció que iniciará procesos de extinción de dominio frente a los bienes que fueron adquiridos con dineros provenientes de esta red de corrupción.

En este momento, los procesados se encuentran detenidos a la espera de que la Fiscalía los llame a interrogatorios para establecer la viabilidad de una colaboración a cambio de beneficios.