Petro, ¿destituido o revocado?

En un mismo día desde Washington el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, simultáneamente demandó y acató dos decisiones de instituciones colombianas. Se trata de las relacionadas en forma directa con su continuidad como mandatario capitalino: la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez y la convocatoria a la revocatoria de su mandato de la Registraduría.

En medio de su gira en Estados Unidos, el mandatario capitalino no solo tuvo encuentros con congresistas norteamericanos de izquierda, ONG de derechos humanos y el secretario de la Organización de Estados Americanos, sino que también le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar su situación.

Al mismo tiempo que le pedía a la CIDH medidas cautelares para impedir el castigo de la Procuraduría, Petro recibió la noticia de que la Registraduría convocará a los bogotanos a las urnas para decidir su continuidad como alcalde. “No habrá recurso contra la revocatoria. Estamos listos”, declaró el burgomaestre. Esta respuesta contrastó fuertemente con su estrategia jurídica durante 2013 de obstaculizar esa revocatoria de todas las formas posibles para retrasarla.

La sensación de doble tenaza que amenaza simultáneamente a Gustavo Petro con destitucion y revocatoria no es cierta por la sencilla razón de que es prácticamente seguro que él ganaría la revocatoria. Por lo tanto su estrategia consiste en acelerar el voto en las urnas, que sería a su favor, y retrasar el fallo defnitivo en la Procuraduria, que seguramente implicaría su destitución.

Ayer no y hoy sí
¿Por qué es prácticamente imposible que el alcalde pierda una revocatoria? En parte, porque la solidaridad a su favor que ha despertado el fallo de Ordóñez en la opinión pública la convertiría en un referendo sobre el procurador, y no en uno sobre la gestión en la ciudad. Las probabilidades de que un Petro ‘víctima’ le gane al jefe del Ministerio Público son altas.

Y no es porque los bogotanos quieran a Gustavo Petro. Es porque los altísimos requisitos que se necesitan para que una revocatoria saque de su cargo a un funcionario hacen prácticamente imposible que esto suceda. En el caso de Petro, más de 1,2 millones de capitalinos deberán participar en esa jornada electoral para superar el umbral decisorio, de los cuales la mitad más uno, casi 700.000, tendrían que votar la salida de Petro. Esas cifras no son realistas en el momento de votar.