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| 3/3/2003 12:00:00 AM

Los condenados

La 'limpieza social' de delincuentes se ha vuelto el pan de cada día en el país. Paras y guerrilla intentan legitimarse de esa forma en los pueblos.

Cuando Carlos Alirio Sanchez Sandoval se ponía furioso no gritaba ni golpeaba puertas. Sólo se rascaba la oreja derecha tres o cuatro veces y salía a dar una vuelta hasta que le pasara la rabia. Su humilde mamá lo recuerda como un joven que hacía reír a todos con sus chistes y sus originales dichos.

En las calles de Chía, en cambio, no era precisamente conocido por su buen humor. 'Caliche', como se le llamaba en el pueblo, era un jíbaro y temido ladrón. Todavía hoy, casi un año después de su muerte, al oír su nombre los jóvenes de su barrio agrandan los ojos, bajan la mirada y titubean. Se resisten a hablar abiertamente de él.

El combo de ladrones y expendedores de droga de 'Caliche' tenía asolada a la gente de Chía. Robaban carros, atracaban transeúntes e incluso llegaron a quitarles las bicicletas y la ropa a unos deportistas de Bogotá que fueron a pasear a la población. Algunos paraban a veces en la cárcel pero salían rápidamente y andaban campantes por las calles.

Pero a comienzos del año pasado se les acabó la dicha. Comenzó a correr el rumor en el pueblo de que tenían sus días contados. El 6 de febrero aparecieron muertos los primeros tres delincuentes. Luego, el 10 de abril, dos hombres salieron de un billar y a las 9 de la noche, en plena plaza de Chía, mataron a tiros a 'Zapatero', 'Amarillo' y 'Rafael'. Los otros 12 delincuentes que minutos antes estaban con ellos se salvaron. "Movámonos de acá, esto va a estar caliente", cuenta uno de los ladrones que le dijo a su amigo, sospechando que algo les iba a pasar.

En menos de cuatro meses sicarios asesinaron a 15 jóvenes en Chía, la mayoría de ellos con antecedentes penales, según la Fiscalía, aunque en el bajo mundo calculan que fueron más del doble. Mataron a todos, menos a 'Caliche'. Con 25 años, educación primaria y una novia que esperaba a su primer hijo, se había aliado desde enero con un grupo de limpieza social. Su labor era sencilla: se subía a la camioneta Blazer gris de los asesinos y señalaba a sus antiguos compinches.

Los ladrones que sobrevivieron creen que algunos comerciantes contrataron a estos matones, que venían de otro municipio, para que los asesinaran. 'Maicena' y 'Milán' eran los más mencionados y temidos por los delincuentes. Este último ya está preso.

Pero 'Caliche' seguía en la calle como si no hubiera violado la ley número uno del hampa, no ser sapo. Por eso, la noche del 4 de mayo, sus ex compañeros de robo y vicio lo apuñalaron en la calle novena con carrera 11, cerca de la plaza de mercado de Chía. Faltando 10 minutos para la medianoche un desconocido llamó a su mamá, le dijo "Su hijo está muerto", y colgó.

Las muertes continuaron. Al día siguiente los mismos del grupo de limpieza sacaron de una discoteca a Yolanda Linares Rodríguez, de 16 años. Querían saber dónde estaban sus amigos, los que habían apuñalado a 'Caliche'. Ella no les contó que se habían ido de rumba a un municipio cercano. Entonces la torturaron y le dispararon en la boca.

Desde julio estos asesinatos no han vuelto a ocurrir. Sin embargo la posibilidad que se repitan está latente. Dos ladrones que sobrevivieron a la matanza creen que están en la lista del grupo de limpieza social y están aterrorizados. Uno de ellos, que no pasa de los 25 años, tartamudea, fuma sin parar y mueve de manera compulsiva sus manos de uñas sucias mientras cuenta que huyó a Bogotá cuando mataron a sus amigos para evitar correr la misma suerte, pero que tres meses después de no encontrar qué hacer volvió a su pueblo como un condenado a muerte.

Porque en Colombia ya existe la pena de muerte de facto para estos delincuentes de poca monta.

En Cundinamarca son tan frecuentes las 'jornadas de limpieza social' que es vox pópuli que en Chiquinquirá, en la misma plaza donde la Virgen escucha las plegarias de los peregrinos, otro tipo de visitantes acude a un lugar que llaman la 'Fábrica de pájaros' a contratar sicarios para que eliminen por unos cuantos pesos a los delincuentes de municipios cercanos.

En Chía fueron 15 los asesinados. En Ubaté ocho. En Tabio cinco y en Girardot 80 sólo en 2002. Pero este fenómeno de matar delincuentes, y con frecuencia también prostitutas, homosexuales y basuqueros, es nacional. Ocurre en Cúcuta, en Bucaramanga, en Tulúa, en Barranquilla, en Condoto, en Arauca. Casi en todo el país.

Son muertos invisibles. Salvo los familiares más cercanos, los demás los dan por bien muertos. "Es que la gente se cansa de ellos porque roban incluso a los niños, les quitan los lápices y hasta los zapatos", afirma una fiscal de Cundinamarca, como justificando a los 'limpiadores'.

Pero también son crímenes literalmente invisibles porque no aparecen registrados como tales. "Cuando llega el cadáver de una prostituta no se sabe si fue asesinada por un grupo de limpieza social o por un ajuste de cuentas o por un amante", afirma una de las funcionarias de Medicina Legal en Bogotá, donde el año pasado ocurrieron 150 homicidios múltiples.

El Observatorio de Violencia y Delincuencia de Bogotá, de la Alcaldía, registra como homicidios múltiples cuando dos o más personas son asesinadas en el mismo día y en el mismo lugar y en circunstancias parecidas. Aunque no pueden saber con certeza si son por 'limpieza social' es muy probable que lo sean dadas estas características.

Tiquete de entrada

La limpieza social aparentemente está desligada del conflicto armado. No obstante, matar ladrones es una de las formas -y con frecuencia la más eficaz- en que la guerrilla y los paramilitares legitiman su presencia en las poblaciones. Muchos habitantes aceptan estos grupos porque ellos, a diferencia de las autoridades, los libran para siempre de los delincuentes.

Siguiendo el procedimiento legal esto podría tomar tiempo y en todo caso la condena no sería mayor a unos meses en la cárcel pues los ladronzuelos, aunque representan una molestia en los pueblos, no son realmente peligrosos para merecer grandes penas.

Los grupos armados aprovechan la ineficiencia estatal y seducen con su 'eficacia' a la población hasta tal punto que después de las primeras ejecuciones es la misma gente la que los busca para señalar a sus futuras víctimas. Con frecuencia estos grupos trabajan bajo la vista gorda de las autoridades. Pero a veces también con la complicidad de funcionarios corruptos, que buscan así poder presentar mayores resultados en la lucha contra el crimen.

Así sucedió en Girardot. A finales de 2001 unos hombres en motos sin placas y otros en camionetas con vidrios polarizados comenzaron a rondar por esta ciudad turística. Simultáneamente otro grupo, que posiblemente venía del Magdalena Medio, desembarcó por río en Flandes y fue directo al barrio San Miguel, donde había una olla de expendio de basuco. Allí asesinaron a unos basuqueros. Luego, en un centro comercial que acababan de inaugurar, mataron a plena luz del día a otro más. Al lado del cadáver pintaron un grafito que decía 'Paracol', Paras de Colombia. Ese fue el comienzo del itinerario macabro de los supuestos paramilitares en Girardot, que con lista en mano, fueron yendo a los barrios marginales de la ciudad para matar a los delincuentes.

El primero de marzo de 2002, a las 10:30 de la noche, les tocó el turno a los 'pollos crudos', como les decían a los hermanos Gustavo y Jimmy Gutiérrez Prieto. Veinte días antes un hombre que no se identificó había llamado a su tía y le había advertido que sus sobrinos deberían abandonar Girardot, pues aparecían en una lista negra. Los jóvenes hicieron caso omiso y se quedaron. "El motivo por el cual fueron amenazados era porque ellos vendían vicio y eran ladrones", afirmó en su declaración ante los fiscales Norvey Gutiérrez Prieto, hermano de los difuntos.

Aunque después vinieron otras muertes, las de los hermanos Gutiérrez son de las pocas que los fiscales lograron esclarecer. "Se trata de una operación de limpieza social que han venido realizando grupos al margen de la ley que se hacen llamar autodefensas, los cuales actúan en asocio y/o complicidad con miembros de organismos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Sijin y el DAS, adscritos al municipio de Girardot, quienes ocasionalmente utilizan los vehículos oficiales que tienen a su cargo para el cumplimiento de su labor", dice la resolución de la Fiscalía en la que ordena medida de aseguramiento contra un particular y un sargento de la Policía, que son acusados de servir de enlace con las autodefensas. El caso está en juicio.

Los hechos de Girardot y de Chía son dos caras de la misma moneda, la ausencia de una justicia que verdaderamente funcione. Sin embargo, la solución facilista de acudir a la justicia por mano propia o en estos casos, por mano delegada, desconoce un principio básico de la democracia. Que hasta el más infame tiene derecho a ser juzgado y condenado según la ley.

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