Los dardos de la JEP al ministro de Defensa por el caso Mayimbú

El episodio está fresco en la memoria nacional. Hace apenas dos semanas el ministro de defensa Guillermo Botero agitó el avispero político-judicial al decir, desde el Congreso y desde su cuenta en Twitter, que por cuenta de la JEP el ejército no podía ir tras el criminal Leyder Johany Noscué Bototo, conocido como “Mayimbú”, compareciente, en términos procesales, ante la justicia transicional al tiempo que lidera una de las disidencias más sanguinarias en la zona de Cauca.

En su momento, el tribunal de paz aclaró a través de un comunicado que el ministro incurría en un error básico pues la fuerza pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo ya que la competencia de la JEP "es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno". Y "cualquier delito cometido por un compareciente de la JEP después del 1 de diciembre de 2016 es competencia de la Fiscalía General de la Nación".

El Botero hizo ronda de medios tratando de señalar que su mensaje había sido mal comprendido. El ministro dijo que fue luego de fijar su polémica posición que se enteró que contra Mayimbú había otras órdenes de captura vigentes. "Claro que podemos capturarlo. Lo que buscamos es que sus delitos anteriores no queden en impunidad y que se le vuelvan a revivir esas condenas que tuvo en el pasado”, dijo Botero. El argumento del ministro pasó a ser que la JEP debía pronto resolver el incidente de incumplimiento de Mayimbú para que las ordenes de captura que estaban congeladas en virtud del acuerdo de paz (incumplido por su reincidencia) se reactivaran cuanto antes. 

Hasta ahí el tire y afloje conocido. Pero el episodio no concluyó allí. Ahora la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitió un comunicado con varios párrafos ácidos para el ministro. Botero solicitó un plazo para remitir las evidencias de que Mayimbú, quien hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, reincidió en el crimen. Los magistrados aceptaron otorgarle cinco días más y le recordó que fue él mismo quien aseguró al país que Mayimbú era un rearmado.  

El trámite procesal se remonta al pasado 13 de septiembre, día en que la Sala de Reconocimiento le abrió el incidente de verificación a Mayimbú, luego que el Ministerio de Defensa le informó a la JEP –en carta dirigida a la Presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, con fecha del 6 de septiembre–, que Noscué Bototo estaría implicado en el asesinato de Karina García Sierra, candidata por el Partido Liberal a la alcaldía de Suárez (Cauca) y de otras cinco personas. Tras esto los magistrados de la misma Sala le solicitaron al Ministerio de Defensa que remitiera el material probatorio que indicase que Noscué Bototo está delinquiendo y, por ende, incumpliendo el régimen de condicionalidad.

Pero el ministro Botero solicitó a la JEP “una prórroga de días hábiles adicionales para la obtención de la información en las distintas dependencias del Sector Defensa competentes para realizar el informe requerido”. Ante esta respuesta, la Sala de Reconocimiento decidió otorgar un plazo de cinco días adicionales pero le recalcó a Botero que su solicitud "no deja de causar sorpresa al despacho, toda vez que fue el propio Ministro de Defensa quien envía oficio informando a la Jurisdicción la posible participación del señor Noscue Bototo, en los hechos descritos”.

Los magistrados también ponen en entredicho la información de inteligencia de la cartera de Defensa. “Preocupa que las informaciones de inteligencia con que cuenta el Ministerio de Defensa no recojan en tiempo real la situación que evidencia en su comunicado del 6 de septiembre del presente año, lo cual lleve a solicitar una ampliación de los términos para emitir respuesta”, dice el auto de la JEP

En su pronunciamiento los magistrados además recordaron que no fue la JEP la que otorgó la libertad anticipada a Mayimbú  sino que fue la justicia ordaria. Los dardos de la jurisdicción de paz contra el ministro Botero se dan el mismo día en que la cartera de Defensa, y más concretamente el área de inteligencia, son blanco de críticas por documentar el dossier de pruebas sobre la connivencia entre Nicolás Maduro y subversivos colombianos con fotos equívocas. El episodio le costó la cabeza al general Oswaldo Peña quien asumió la responsabilidad por el oso internacional que hizo el gobierno al presentar dicho dossier en la ONU para luego admitir los yerros del mismo.