Los días contados

La boleta fiscal es el mejor ejemplo de cómo una medida bien intencionada termina por convertirse en un bumerán contra el propio gobierno, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad encargada de reglamentarla y ponerla en marcha.

En efecto, dicha medida buscaba meter en cintura a un considerable número de personas que por sus condiciones debían pertenecer al régimen común, que paga IVA, pero venían evadiéndolo amparados en el régimen simplificado, que no tributa ese impuesto. En palabras de la directora de Impuestos, Consuelo Caldas, “negocios o profesionales que por su volumen de ventas estarían obligados a facturar y pagar IVA pero se hacen pasar por pequeños para camuflarse en el régimen simplificado”.

Esta decisión, que tenía muy buenos propósitos, terminó por alterar los ánimos de miles de afectados que pertenecen al régimen simplificado y que ahora vieron considerablemente complicadas sus actividades. Muchos de ellos consideran que se están vulnerando sus derechos, apuntan a las enormes colas que se formaron para tramitar sus boletas y han expresado su intención de no acogerse a dicha medida.

La situación llegó al punto que la Dian, luego de reunirse con los comerciantes, acordó revisar algunos aspectos. Fue así como anunció el establecimiento de un período de transición durante el cual no se aplicarán sanciones a los afectados que “deben entender la medida”.

De la misma manera la Administración se comprometió a adelantar una campaña de capacitación dirigida a los gremios y asociaciones de pequeños comerciantes, así como a buscar mecanismos jurídicos que permitan solucionar algunos aspectos técnicos de la transición. “Para ello sus afiliados podrán continuar inscribiéndose en el régimen simplificado”, dijeron voceros.

La decisión fue interpretada por varios analistas como un reversazo que busca bajarle la temperatura a la inconformidad de los comerciantes y los demás afectados.

Pero los comerciantes y los trabajadores independientes no son los únicos inconformes con la creación de la boleta fiscal. La medida también fue objeto de demandas por parte del abogado Santiago Salah ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El jurista consideró que el decreto reglamentario violaba la Constitución Nacional y el Código de Comercio. “La llamada boleta fiscal no sólo es inconstitucional e ilegal, sino que también es inconducente, inoperante, abusiva y atrevida”, dijo Salah a SEMANA.

El periódico El Tiempo también se vino lanza en ristre contra la decisión del gobierno. En uno de los más duros editoriales de las últimas semanas el diario afirmó que, “en cuanto al sistema de control de los evasores del fisco, la boleta fiscal era tan necesaria como un pinchazo en las ruedas de un automóvil. No sirve sino para incomodar a unos modestos ciudadanos ya de por sí cansados de padecer otro tipo de boleteos”.

Y como si todo ello fuera poco hasta el propio ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, afirmó que se minimizará el efecto de la boleta fiscal porque “tal como quedó diseñada es un error”.

Así las cosas, todo parece indicar que las horas del controvertido documento están contadas. Aunque aún no se sabe qué camino tomará el gobierno para salirse de semejante atolladero, lo cierto es que la expedición de la boleta fiscal (hasta cuyo nombre ha sido considerado desafortunado) ha sido interpretada por los críticos del gobierno como otra salida en falso que en lugar de enviar un mensaje de tranquilidad a los contribuyentes terminó por alterarlos aún más. Y para muchos, en este caso, no sólo faltó pedagogía para los futuros contribuyentes sino sentido común por parte del gobierno.