Pablo Escobar y Tirofijo: Los grandes de la historia para Antonio Caballero

Los dos personajes más influyentes de la historia colombiana en la segunda mitad del siglo xx fueron un delincuente político y un delincuente común. Un guerrillero comunista y un mafioso que llegó a ser el sexto hombre más rico del mundo. Entre los dos algunas veces, y otras cada cual por su lado, pusieron y quitaron presidentes de la república, inclinaron hacia uno u otro rumbo la economía nacional, transformaron de cabo a rabo las costumbres y las leyes del país. Del mafioso viene la frase que describe el método por el cual se corrompió definitivamente en Colombia la justicia: “Plata o plomo”, es decir, soborno o asesinato. Del guerrillero, la ilustración de cómo se corrompió, o se siguió corrompiendo, la política: “Combinación de todas las formas de lucha”.

El guerrillero fue Pedro Antonio Marín, un modesto campesino que se hizo vendedor ambulante de quesos en los pueblos del Quindío y del norte del Valle, y, empujado por la violencia antiliberal desatada por el gobierno, a los veinte años se echó a la guerra con unos cuantos primos y vecinos, cambió su nombre por el de Manuel Marulanda Vélez, tomado del de un dirigente sindical a quien mataron a patadas los policías del gobierno, y empezó a ser llamado Tirofijo por su buena puntería cazando pavas de monte. Y fundó una guerrilla, las Farc, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se volvería la más larga y poderosa de las varias que surgieron bajo los gobiernos del Frente Nacional, y mantendría al ejército de Colombia en jaque durante cincuenta años –lo que supera con creces este capítulo xii, que sólo llega hasta 1991–.

Y el mafioso se llamó Pablo Escobar Gaviria, un modesto jalador de carros y robador de lápidas en los cementerios de Antioquia que se volvió contrabandista de cocaína al amparo de la prohibición norteamericana. Y fundó y encabezó el llamado Cartel de Medellín: una organización criminal que llegó a controlar la producción y el tráfico de dos tercios de la droga prohibida necesitada por el voraz mercado de los Estados Unidos.

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Pablo Escobar no inventó ni el consumo de drogas ni el delito del narcotráfico. El consumo masivo lo inventó la sociedad de los Estados Unidos a través de la guerra de Vietnam y de la contracultura de los hippies de los años sesenta, a través del ejemplo de los músicos pop y de los banqueros de Wall Street. Y el delito, es decir, la prohibición, lo inventaron los gobiernos de los Estados Unidos, y su persecución se la impusieron a los demás países del mundo. Con lo cual quedó creado el negocio, el más rentable del mundo, suma de la adicción de masas y de la prohibición generalizada. Lo que llevó a que el cultivo de la planta de coca, tradicional en las culturas andinas desde los tiempos precolombinos, se trasladara geográficamente de Bolivia y el Perú a Colombia, más cercana al principal mercado –el de los Estados Unidos–, y donde se contaba con los años de experiencia del contrabando de la marihuana con igual rumbo.

Esa experiencia la tenía Pablo Escobar, que a fines de los años setenta era un joven contrabandista de marihuana hacia los Estados Unidos. En compañía de otros expertos –los hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha, Carlos Lehder– consiguió pronto el control de las rutas a través del Caribe, de los puertos y de los aeródromos clandestinos en Colombia, y llegó a manejar las tres cuartas partes del rentable negocio. En busca de darle respetabilidad a su creciente fortuna, llegados los ochenta incursionó en la filantropía y la política. Así consiguió el respaldo del arzobispado de Medellín, gracias a las llamadas “narcolimosnas”, y el de los habitantes de las comunas populares de la ciudad, en donde regalaba canchas de fútbol para los niños: un doble respaldo que, sumado a su dinero, le valió para hacerse elegir en 1982 representante al Congreso. Pero su prontuario criminal fue destapado por el diario El Espectador, que pagaría caras las consecuencias: su director Guillermo Cano murió asesinado por orden de Escobar en 1986 y las instalaciones del periódico fueron voladas por carros bomba en 1989; y con ello empezó lo que iba a convertirse en una guerra total de diez años entre el Estado colombiano y un ciudadano particular.

Y la guerra la perdió el Estado, al cabo de mucha sangre derramada y muchas peripecias jurídicas y políticas, y de varios millares de muertos: policías, jueces, ministros, militares, candidatos presidenciales, además de narcotraficantes competidores de carteles de la droga rivales. En el camino hubo asesinatos, secuestros, sobornos, delaciones, negociaciones al más alto nivel, rupturas, extradiciones, treguas, carros bomba, atentados contra cuarteles y contra aviones de pasajeros en vuelo, fingidos “sometimientos a la justicia”, alianzas y rupturas con diversos grupos guerrilleros, con diversos grupos paramilitares, con diversos carteles nacionales o internacionales de la droga, efímeras modificaciones a la justicia y al sistema penitenciario, una reforma constitucional. Es cierto que en diciembre de 1993 Pablo Escobar acabó acorralado y acribillado a balazos en un tejado de su ciudad de Medellín, con una pistola sin disparar en la mano y habiendo visto diezmado su ejército privado de tres mil sicarios tras una década entera de enfrentamientos. Pero para llegar allá fue necesaria una alianza asombrosa de todos sus enemigos, que eran a la vez enemigos entre sí, o hubieran debido serlo: el ejército y la policía de Colombia, los narcotraficantes del Cartel del Valle perjudicados por su rival de Medellín, la Delta Force del ejército norteamericano, los narcoparamilitares que habían sido aliados del capo mafioso y después víctimas de su extorsión, la DEA antinarcóticos de los Estados Unidos, y unos cuantos delincuentes comunes autodenominados Pepes: Perseguidos por Pablo Escobar. Hay media docena de versiones sobre a cuál de estos grupos pertenecía el hombre que en el tejado le dio el tiro mortal.

A los funerales de Escobar asistieron muchos miles de gentes de los barrios populares de Medellín, que hasta después de su muerte lo siguieron adorando como a un héroe popular nacionalista: un “Robin Hood paisa” que robaba a los ricos para favorecer a los pobres. Muchos años después su tumba sigue recibiendo peregrinos y ofrendas de flores, como la de algún santo.

En cuanto a su negocio, el narcotráfico, siguió más boyante que nunca: lo heredaron, hasta cierto punto limpios de sangre, sus rivales enemigos de los Carteles de Cali y del norte del Valle, varios minicarteles independientes agrupados bajo los paramilitares y las bandas criminales llamadas por las autoridades “bacrim” –o sea, pleonásticamente, bandas criminales–, y los carteles de la droga de México. Veinticinco años más tarde, Colombia produce y exporta más cocaína, y la violencia que el negocio alimenta simplemente ha cambiado de protagonistas. En cuanto a la corrupción generada por él, hoy copa a todo lo ancho la sociedad colombiana.

Por todo lo cual, y pese a que Pablo Escobar terminó muerto a tiros, puede decirse que su guerra la perdió el Estado. Y él la ganó después de muerto, como el Cid Campeador de la leyenda castellana.

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También perdió el Estado la guerra del guerrillero Tirofijo, de otra manera. Aunque tampoco en su caso la ganó Tirofijo, Manuel Marulanda, que murió por el camino: no a tiros, sino de vejez. Y pudo llegar indemne a la vejez a causa de los tiros: porque como treinta años antes le había dicho al escritor Arturo Alape, “alzarse en armas era la única manera de sobrevivir”. Unas cuantas veces, cada cinco o diez años, las autoridades militares anunciaron su muerte, a veces en combate, a veces por enfermedad, una vez por un ataque de hormigas asesinas. Pero entre tanto aquella autodefensa campesina que había empezado con un grupo armado de cincuenta escopetas –los hombres que le quedaron de la lucha entre sus “comunes”, o comunistas, y los liberales “limpios” de las guerrillas liberales, a la sombra de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional dictada por el Pentágono– se había convertido en un conflicto “de baja intensidad”, para usar la terminología bélica norteamericana. Pero de creciente amplitud: en el curso del cual, paulatinamente, la presencia guerrillera de las Farc fue aumentando hasta inficionar casi la totalidad del territorio.

De los varios grupos guerrilleros que surgieron en Colombia y en América Latina al amparo de la Guerra Fría y con la inspiración del triunfo de la Revolución cubana, el de más larga duración fue el comandado por Manuel Marulanda: las Farc, nacido a mediados de los años cincuenta y oficialmente bautizado en 1964. También el más poderoso. A partir de las pocas docenas de familias que huyeron en el 64 de los bombardeos del ejército en Marquetalia, a los pies del nevado del Huila, para trasmontar la cordillera y refugiarse en El Pato y Riochiquito, las Farc crecieron hasta convertirse en una organización con más de un centenar de frentes regados por todo el país, que llegaron a pasar de la guerra de guerrillas dispersas a la guerra de posiciones, infligiéndoles a las Fuerzas Armadas oficiales graves derrotas militares, incluida la toma de cuarteles y de capitales de departamento.

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Eso duró medio siglo. Al cabo de casi treinta años –a partir del reconocimiento en 1982 por parte del presidente Belisario Betancur de que las guerrillas no eran extirpables en el plano militar, en el cual se había llegado a una especie de empate con las Fuerzas Armadas de la república–, el bandolero Tirofijo cambió de estatus: fue elevado al de patriarca político rural con quien era inevitable convivir: don Manuel. El gobierno pactó con él una larga tregua durante la que los más conspicuos representantes del “establecimiento” fueron a rendirle visita en su remoto campamento guerrillero de Casa Verde, en el derramadero hacia los Llanos de la cordillera Oriental. Allá viajaron, en helicóptero o a lomo de mula, periodistas, ministros, parlamentarios, expresidentes de la república, reinas de belleza. Todos se tomaron fotos con Tirofijo. Y esta relación con el viejo guerrillero se mantuvo a pesar de la reanudación de las hostilidades con su gente en guerra declarada, y no vino a romperse abiertamente sino años más tarde, en 1991, con el bombardeo ordenado por el presidente Gaviria al cuartel de Marulanda en Casa Verde. Pero se reconstruyó cordial y discretamente durante el gobierno siguiente de Ernesto Samper, y de modo abierto por su sucesor, Andrés Pastrana, que viajó en persona a entrevistarse con el jefe bandolero, guerrillero, bandolero y nuevamente guerrillero cuando una vez más se decidió la ruptura. Diría Tirofijo: “El presidente Pastrana venía en su helicóptero, echaba dos chistes, y se iba”.

Antes de irse, sin embargo, les había concedido a las Farc de Tirofijo una zona de despeje militar de cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados: el tamaño de Suiza. Y en su cuartel, llamado Casa Roja en sustitución de la Verde destruida por Gaviria, Marulanda siguió recibiendo como un papa y durante casi cuatro años incesantes visitas: del presidente Pastrana, de sus altos comisionados, de sus ministros, de congresistas norteamericanos, del presidente de la Bolsa de Nueva York, de periodistas nacionales y extranjeros, de empresarios y, naturalmente, de las cámaras de la televisión nacional y extranjeras. Sin que por ello cesaran las Farc sus acciones militares, sus extorsiones, sus secuestros, sus ataques contra pueblos y voladuras de oleoductos y de torres eléctricas en todo el territorio no comprendido por la zona de despeje.

Y así, unos cuantos años y años más. Manuel Marulanda, como fue su nombre de guerra comunista, o Tirofijo, como lo llamaron sus admiradores y sus enemigos, o Pedro Antonio Marín, como había sido su nombre de bautismo, no llegó a ver el fin de su guerra. Tras librarla durante más de medio siglo murió en marzo de 2008 en su Casa Roja, cumplidos los setenta y ocho años, de muerte natural.