"LOS GRINGOS SECUESTRARON A MI HIJO"

A IMAGEN DE PATRIARCA VENERABLE del ex ministro antioqueño Juan Gonzalo Restrepo se acerca a la de un abuelo renosado v tranquilo que Podría estar en uso de buen retiro, dedicado al descanso y la lectura, sentado plácidamente en un sillón de una casa o de una finca. Difícilmente alguien podría asociar esa estampa de hombre maduro y bonachón con algo diferente de la serenidad y la paz. Por eso produce tanto impacto verlo corriendo entre despachos públicos y oficinas privadas pidiendo ayuda con una cara de preocupación que raya en el desespero.
El ex ministro y ex gobernador de Antioquia y miembro de una de las familias más tradicionales del departamento. está haciendo hasta lo imposible por lograr la libertad de su hijo Jorge Ignacio, quien se encuentra detenido en una cárcel de la ciudad de Los Angeles, estado de California, acusado del delito de lavado de dólares. Pero no es el hecho de estar detenido lo que ha convertido éste en un caso digno de atención, sino por la forma en que se produjo esta detención. "Mi hijo explicó a SEMANA Juan Gonzalo Restrepo fue literalmente secuestrado en Venezuela por unos agentes norteamericanos encubiertos, quienes tras haber montado una sofisticada celada lo detuvieron en territorio Venezolano en compañía de su amigo Julio Rebolledo y los llevaron a Estados Unidos, donde se encuentran desde entonces.

COMIENZA EL DRAMA
No se sabe con exactitud en qué momento empezó esta historia. La amistad de Jorge Ignacio Restrepo y Julio Rebolledo se inició en la ciudad de Boston, donde ambos se encontraron en una temporada de estudios de administración de empresas. Tiempo después, sin que nadie precise el momento exactos al parecer ambos estuvieron vinculados con operaciones de lavado de dólares. Ninguno de los familiares niega esta afirmación, aunque coinciden en señalar que si ocurrió se trató de movimientos de poco volumen de dinero. En las acusaciones que las autoridades norteamericanas tienen contra ellos registran movimientos de cuentas en dólares, supuestamente provenientes del narcotráfico, entre 1988 y 1990.
En enero de 1991, cuando Restrepo y Rebolledo se encontraban en Colombia, fueron contactados telefónicamente por un norteamericano que les ofreció una jugosa participación por una operación fácil. Se trataba de consignar en Colombia una suma en dólares que ya antes había circulado suficientemente en distintos bancos norteamericanos. Para definir los términos del negocio, el americano invitó a Restrepo y a Rebolledo a que se desplazaran a Venezuela.
La idea era la de encontrarse en algún lugar turístico, haciéndose pasar por turistas acaudalados en plan de vacaciones. Los dos colombianos salieron hacia Caracas el 7 de febrero en un vuelo de Avianca y sus familias no volvieron a saber de su suerte hasta ecerca de una semana después, cuando oyeron por radio una noticia proeedente de Estados Unidos que registraba la detención.

LA HISTORIA
La reconstrucción de los hechos que sueedieron a partir del momento en que Restrepo y Rebolledo salieron de Colombia ha sido una tarea de detectives, y lo que los sabuesos contratados por los familiares lograron establecer ha sido el sustento de su protesta.
Los dos colombianos llegaron a Caracas y se alojaron en el hotel Eurobuilding. Lo acordado con el "socio" norteamericano era que éste llegaría a Venezuela en compañía de un grupo de amigos con los que se realizaría el negocio y se pondría en contacto con Restrepo y Rebolledo. El 8 de febrero recibieron la llamada de los gringos y se pusieron una cita para encontrarse tres días después en el hotel Sheraton, cercano al puerto de Caraballeda. Así se hizo. Los dos colombianos llegaron al hotel y se registraron en la habitación 308. Los testigos afirman que durante el día siguiente se organizó una fiesta que duró varias horas. En un momento determinado, uno de los norteamericanos los invitó a subir a bordo de un yate, para dar un paseo. Abordaron el bote "Lady Francis", de bandera norteamericana, que encendió motores.
De acuerdo con la documentación recogida por los abogados de los detenidos, inmediatamente después de haber subido al "Lady Francis" Jorge Ignacio Restrepo y Julio Rebolledo fueron esposados. En ese momento los supuestos socios se identificaron como agentes encubiertos del FBI, y les leyeron los derechos que les otorga la ley norteamericana a los detenidos, a pesar de encontrarse en territorio venezolano. El eje de la reclamación de los colombianos se centra en ese punto.
Existe un documento del FBI, el informe de la operación de detención de Restrepo y Rebolledo, que señala que ambos "fueron arrestados a bordo de un barco documentado con carta de Estados Unidos en la Marina del Puerto Caraballeda. Ellos fueron notificados de las identidades de los agentes, de los cargos contra ellos y se revisó si tenían armas".
Esa afirmación del organismo norteamericano reconoce la detención de dos colombianos por agentes de ese país en territorio de Venezuela, operativo que para los familiares sólo tiene un nombre: secuestro.

CAMINO A PRISION
El yate salió de los controles venezolanos sin dejar registro oficial de su regreso, y se dirigió a los 11 grados 20 minutos latitud norte y 66 grados 10 minutos longitud oeste, punto de reunión en aguas internacionales con el guardacostas"Cutter", de la Marina de los Estados Unidos, la cual fueron obligados a abordar los detenidos. En el "Cutter" navegaron hasta Puerto Rico y de allí los embarcaron en un avión Learjet, en el que fueron directamente a la ciudad de Los Angeles, en una de cuyas cárceles se encuentran recluidos desde entonces.
Esa sofisticada operación, que implicó el desplazamiento internacional de barcos y agentes, parece ser un sello de los tiempos modernos. Aquellas épocas tan frecuentemente recordadas en las películas de vaqueros, en las cuales el sheriff detenía abruptamente el galope de su caballo en plena persecución de los bandidos, sólo porque éstos traspasaron una línea fronteriza habían pasado a la historia.
A partir de ese momento, y hasta la fecha, las familias han vivido un auténtico calvario. Entre las investigaciones para lograr establecer lo sucedido y las innumerables peticiones a las autoridades de Colombia y Venezuela para que intercedan en su favor, el ex ministro Juan Gonzalo Restrepo se ha pasado todos estos largos meses de angustia. "Es difícil narrar lo que ha sido este tiempo para nosotros. Hemos sufrido lo indecible y tenemos la disposición de seguirlo haciendo. No se trata de absolver a nadie de ningún delito ni de impedir que se le juzgue por cualquier falta que haya cometido firma él. Nuestra lucha es porque se corrija un atropello inaceptable, que como delito es mucho más grave que el que se les imputa a los muchachos".


ASUNTO INTERNACIONAL
La Cancillería colombiana envió sendas notas a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, pidiendo información sobre lo sucedido. Venezuela respondió que realizaría una investigación a fondo para establecer lo ocurrido, y de acuerdo con las informaciones de la embajada de ese país en Bogotá, en este momento están en ese proceso.
Para los norteamericanos, en cambio, la nota de Colombia no constituía una sorpresa, pues no había sido la única recibida de un gobierno latinoamericano sobre el mismo tema. Hacía pocos meses, el 18 de abril de 1990, una nota en el mismo sentido había sido enviada al Departamento de Estado por el gobierno de México, en la que se indagaba por las circunstancias de la detención en la ciudad de El Paso del médico mexicano Humberto Alvarez Machaín, quien había terminado también ante un tribunal estadounidense.
En el momento de la detención aún no había sido promulgada la nueva Constitución, en la cual se prohíbe la extradición de colombianos a otros países. El tratado de extradición entre ambas naciones era el instrumento jurídico único en esa materia, y en torno a ese tema se plantearon las primeras posturas jurídicas de los abogados de los colombianos. El hecho de que unos colombianos hubieran sido llevados mediante argucias hasta territorio venezolano, que allí hubieran sido detenidos y luego llevados a Estados Unidos, contrariaba los términos de los tratados de extradición existentes entre Colombia y Estados Unidos y entre Venezuela y Estados Unidos. Incluso después de eliminada la extradición en la Constitución, el tema del tratado siguió teniendo validez en la medida en que a pesar de haber sido eliminada la figura en la legislación doméstica seguía intacta en el tratado, regido por el derecho internacional.
En Colombia poco o nada se había hablado hasta ahora acerca de este caso. Este podría ser, a ojos de muchos, un arresto más en la esto infinita serie de detenciones de colombianos sindicados de narcotráfico que han realizado las autoridades de Estados Unidos. Así se percibió inicialmente y tal vez por eso el caso fue más sonado por la distinción social de las personas involucradas que por la forma misma de la captura.
Pero hubo dos elementos que incidieron fundamentalmente en que el asunto adquiriera una gran importancia. Por un lado, en Venezuela llegó a los medios de comunicación la versión de que las autoridades de ese país habrían podido tener alguna participación en la operación de detención de los colombianos.
Estas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas y hacen parte de la investigación que se adelanta en el vecino país.
La participación o no de tales autoridades le daría un cambio fundamental al asunto. Si Venezuela actuó oficialmente colaborando en la detención, no prosperaría ninguna gestión tendiente a demostrar violación de la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos. Si participaron autoridades pero no con carácter oficial, Venezuela tendría que salir a aclarar el asunto y juzgar a los participantes, por secuestro. Y si no hubo actuación venezolana de ninguna clase, se estaría ante una delicada actuación de Estados Unidos fuera de sus fronteras.
Este debate no es nuevo. Ya se había presentado desde finales del siglo pasado cuando un hombre de apellido Ker fue sacado a la fuerza del Perú y llevado a juicio en Estados Unidos, y había continuado cada vez que un caso similar se presentaba. En los últimos años se retomó con el caso del hondureño José Ramón Matta Ballesteros y más tarde con la invasión a Panamá para capturar y juzgar en Estados Unidos al General Manuel Antonio Noriega. Sin embargo, como se requirió prácticamente una guerra para esa detención, el caso era considerado excepcional, y se enmarcaba más dentro de las leyes de la guerra que de la aplicación de la justicia.
Más recientemente, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso del mexicano Alvarez Machaín estalló en el mundo como una bomba de alto poder. El médico del fronterizo estado de Chihuahua había sido acusado por los norteamericanos de haber participado en el secuestro y posterior asesinato del agente de la DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique Camarena Salazar, y específicamente, en el papel de mantenerle vivo mientras era torturado por sus captores. Los abogados del acusado sostuvieron en el juicio que su captura había sido ilegal, y que por haber sido secuestrado y llevado a juicio en EE.UU. se estaban violando los términos del tratado de extradición entre ese país y México. Por lo tanto, continuaba el alegato, no sólo la condena a que había sido sentenciado debía ser revocada, sino ser devuelto a su país de origen.
En un fallo que aún resuena en el mundo, la Corte de Estados Unidos consideró que la jurisdicción del tribunal frente al acusado es independiente de la manera en que éste sea llevado a juicio. Además, sostuvo que si un tratado no prohíbe específicamente el secuestro, este está permitido como forma de actuación. Ahí fue Troya. Muchos países del mundo y en especial de Latinoamérica, y entre estos Colombia y México, elevaron enérgicas protestas ante Estados Unidos, por considerar este fallo como el otorgamiento de una carta blanca al gobierno de ese país para entrar en territorios ajenos y detener a la fuerza a ciudadanos extranjeros para ser juzgados en Norteamérica. En pocas palabras, la decisión judicial brindaba patente de corso al gobierno norteamericano para ejercer en casos penales el papel de policía del mundo. El comunicado de la cancillería colombiana rechaza en términos categóricos ese fallo: "Se trata de un grave precedente cuyos efectos violan ostensiblemente principios fundamentales del derecho y del orden internacional " El fallo, de paso, cobijaba de alguna manera el caso de los colombianos Restrepo y Rebolledo, y fue tal vez este elemento el que hizo que tuviera una mayor importancia y el tema del secuestro volvió a estar en el orden de día.
Y prácticamente en medio de la polémica, otro colombiano, Alfonso Montilla, fue detenido en el hotel Tamanaco de Venezuela y llevado a juicio en Estados Unidos. El Gobierno colombiano envió una nota en términos fuertes a Estados Unidos indagando por la detención de Montilla, y otra extensa y dura en la que señala la inconveniencia de que los criterios de la Corte, en el caso Alvarez Machaín, se hagan extensivos a otros procesos y solicita subsanar las irregularidades en los procesos relativos a la detención de Restrepo y Rebolledo.

ESTILO IMPERIO
El fallo de la Corte es tan político como jurídico. Por un lado, recoge y discute decisiones similares del pasado para justificar esa práctica, cercana a los afectos de los organismos de seguridad norteamericanos. Y por el otro, parte de una serie de supuestos para justificar el secuestro de personas para ser llevadas a juicio, algunos de ellos tan absurdos como que si los tratados de extradición no prohíben los actos que van en contra del derecho internacional, como el secuestro, estos no son censurables.
Aun personas que vieron con cierta tolerancia la invasión a Panamá y que no se preocuparon mucho por las extralimitaciones jurídicas que se percibieron cuando fueron detenidos los dos colombianos en Venezuela, están comenzando a pensar que la institucionalización de ese mecanismo, amparado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, marca un hito de cierto sabor imperialista en la concepción y el acatamiento de las normas de derecho internacional. La posibilidad de que se consolide esta tesis jurídica le está creando conflictos a gobiernos como el de Colombia, que tiene que combinar la seriedad de su lucha contra el tráfico de drogas con criterios de protección de soberanía y de salvaguarda de los derechos de sus ciudadanos.
El gobierno norteamericano sostiene que dada la separación absoluta de los poderes en el sistema institucional de Estados Unidos las decisiones del máximo organismo de la rama judicial no pueden ser influidas o cuestionadas por la Casa Blanca. Sin embargo, para nadie es un secreto que si el gobierno no hubiera creado con sus intervenciones fuera de las fronteras, un clima de permisividad, es difícil imaginar a unos jueces orquestando la aplicación de principios jurídicos que, para cualquier estudiante de derecho resultan aberrantes.
Independientemente del desenlace del caso de los colombianos Restrepo y Rebolledo, varios gobiernos latinoamericanos son de la opinión que detrás de toda esta filigrana jurídica lo que se, está haciendo en el, fondo es abriendo el camino para que se impongan, con disfraz de legalidad, las vias de hecho. A pesar de que los altos tribunales de Estados Unidos han echo referencia a los tratados internacionales para llegar a esa connclusión, lo que se ve es que en su lucha contra el narcotráfico los norteamericanos están aplicando un critero pragmatista que puede ir en detrimento de los principios que han regido tradicionalmente el derecho internacional.
Hasta el momento todo esto son sólo casos aislados. Pero el hecho de que en días pasados otro colombiano Alfonso Montilla haya sido detenido en Caracas en forma similar, crea la preocupación de si la excepción no se estará convirtiendo en regla. Pero si lo que está haciendo Estados Unidos es llevando a la práctica su eterna ilusión de ser el policía del mundo, en un mundo donde sólo queda una superpotencia esa responsabilidad sólo se puede manejar con gran prudencia y autocontrol para no caer en excesos.
El Gobierno colombiano y los otros del continente están moviéndose diplomáticamente para expresarle al gobierno de Estados Unidos estas preocupaciones. Y todas estas gestiones son más que justificables, pues ni siquiera una causa tan importante como la lucha contra el narcotráfico puede hacer que se abra paso como norma del derecho internacional el criterio de que el fin justifica los medios.