LOS JINETES DEL CARRUSEL

MUCHO SE HA DICHO SOBRE EL CASO DE los concejales de la capital implicados en el caso de los auxilios. Cuando se inició la investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, eran los investigados. Como en cualquier concurso, sin embargo, los finalistas son 10. Sólo que en este caso, y dependiendo de la decisión que tome el juez César Tulio Lozano, el premio será la cárcel. Y como van las cosas, ninguno se salvará.
Los 10 concejales, al parecer, están comprometidos en serias irregularidades en el manejo de los auxilios autorizados a través del Acuerdo 13, que provocó la detención del alcalde de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer. SEMANA conoció detalles de la investigación sobre el destino que tuvieron los dineros solicitados por estos 10 concejales y pudo constatar que se giraron auxilios a varios familiares y se hicieron desembolsos a entidades piratas, a rundaciones que no requerían de las partidas y a personas que suplantaron a otras.
Es más, en muchos casos utilizaron un procedimiento al que el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, denominó carrusel, y que consiste en que un concejal le giró a la fundación de un colega y éste le devolvió el favor haciendo un aporte por el mismo monto a una la entidad del primero, la es el caso, por ejemplo, de Dimas Rincón, quien solicitó una partida de 15 millones para una entidad privada especializada en asesorías de proyectos urbanos y que tiene como tesorero al parlamentario Telésforo Pedraza.
La investigación, realizada por la Procuraduría, está en manos del juez César Tulio Lozano, quien desencadenó una reacción moralista en el país con el auto de de tención que profirió contra el alcalde de la capital, Juan Martín Caicedo Ferrer, con firmado la semana pasada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Varios fueron los hechos que mantuvieron vivo el tema la semana pasada. Uno fue el enfrentamiento entre el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, y el veedor del Tesoro, Jorge García. Los dos funcionarios no han podido ponerse de acuerdo sobre la legalidad de la Ley 46 de 1990 que estableció los mecanismos jurídicos para otorgar los auxilios. Y su dícusión trascendió las oficinas privadas. Ambos funcionarios, en efecto terminaron enfrentados en una agria discusión sobre el asuntuno de los noticieros radiales de la mañana. Arrieta insistio que para solucionar el impasse el Veedor debe demandar la Ley 46 ante la Corte Suprema de Justicia. García replicó que él no va a demandar una ley que ya expiró y que ya cumplió sus efectos.
Pero mientras la polémica entre los dos funcionarios continuaba con el intercambio de cartas y de conceptos jurídico ocurrieron otros hechos que mantuvieron en vilo a la opinión. El primero tuvo que ver con la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá. Es corporación confirmó el auto de de tención que profirió el juez 23 de Instrucción criminal, César Tulio Lozano, contra el burgomaestre capitalino y su secretaria de Hacienda, Marcela Airó de Jaramillo, acusados de peculado por apropiación en beneficio de terceros. La providencia del Tribunal dispuso también que se le dictara auto de detención a Luis Ignacio Betancur, quien ocupó durante ocho días y de manera temporal la Secretaría de Hacienda del Distrito. Según el Tribunal, entre el 20 y el 28 de julio, tiempo en el que Betancur estuvo al frente de esa secretaría, firmó 33 decretos mediante los cuales otorgó aportes, subvenciones y ayudas financieras a más de un centenar de fundaciones y corporacionee de carácter privado, por un valor de 1.452 millones de pesos. Antes de su fugaz paso por el gabinete de la administración de Caicedo Ferrer, Betancur había ocupado la gerencia de la EDIS. Después de dejar el Distrito pasó a ser asesor de la Consejería Presidencial para la Modernización del Estado.
La decisión del Tribunal señaló que los tres funcionarios Caicedo, Airó y Betancur no sólo son responsables de peculado sino que además deben responder por el delito de prevaricato por comisión. De acuerdo con la providencia, los tres sindicados no adoptaron ninguna medida en cammada a evitar la incorrecta destinación de los 1.600 millones de pesos girados a los concejales del Distrito a través del Acuerdo 13, que creó en el presupuesto distrital un renglón de gastos conocido como "aportes, subvenciones y ayudas financieras a empresas útiles o benéficas para el desarrollo de Bogotá". Después del pronunciamiento hecho por el Tribunal Superior, la suerte de Juan Martín Caicedo y sus dos ex funcionarios está en manos del juez Lozano. En los próximos 120 días tendrá que tomar una decisión: llamarlos a juicio y llevar este caso hasta las últimas consecuencias por simplemente ordenar su cesación.
El segundo hecho que ocurrió la semana pasada tuvo que ver con el caso de los concejales. Despejadas las dudas por parte del Tribunal sobre si Juan Martín Caicedo debía o no continuar en la cárcel, el juez 23 de Instrucción Criminal quedó con luz verde para decidir la situacion de los 40 concejales de Bogotá. El caso que se mantuvo en el refrigerador durante las últimas semanas, hoy está en el fogón. Lozano, que ha sido un juez controvertido e impredecible, dejó la semana pa sada con los crespos hechos a la opinión pública y a los reporteros de los diferentes medios de comunicación que aguardaron impacientes a que se pronunciara sobre la suerte de los concejales. Lozano se mantuvo en silencio y en un corto diálogo con SEMANA manifestó que sólo hasta el próximo lunes se pronunciará sobre la situación jurídica de los 40 concejales del Distrito.
Pero a pesar del hermetismo del juez Lozano, la situación comenzó a despejarse cuando la Procuraduría General de la Nación dio a conocer aspectos técnicos de lo que fue la investigación que realizó sobre el destino de los 1.600 millones de pesos que se giraron a través del rubro de "aportes y subvenciones". La Procuraduría auxiliar para asuntos presupuestales y la oficina especial del Ministerio Público tuvieron a su cargo la misión de seguirle los pasos a los dineros solicitados por los concejales y para ello escogieron por muestreo una entidad por cada uno de los concejales, tratando en cada caso de elegir aquella que mayor cantidad de recursos hubiera recibido. Este mecanismo se adoptó por cuanto era casi imposible seguirle la pista a las 536 entidades que fueron favorecidas con los aportes solicitados por los concejales. Una vez escogida la entidad por investigar, los funcionarios de la Procuraduría comenzaron a buscar en las cuentas bancarias, en los libros de contabilidad de las fundaciones, en las auditorías de cada entidad y en la Contraloría Distrital, las posibles irregularidades administrativas cometidas con el dinero de los auxilios.
SEMANA pudo establecer que, de acuerdo con los resultados de la investigación de la Procuraduría, son 10 los concejales más comprometidos en el manejo de los auxilios que fueron otorgados por el Acuerdo 13. Y que si el juez juzga con la misma vara que midió la actuación del alcalde Juan Martín Caicedo en este asunto, todos ellos deben ir a parar a la cárcel. Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Rafael Forero Fetecua, Guillermo Morales, Telésforo Pedraza Bernardo Ordóñez y Omar Mejía Báez, son los concejales más comprometidos en el caso de los auxilios. Todos ellos, de acuerdo con el informe del Ministerio Público entregaron dineros a entidades beneficiarias que no solo no requerían la plata, sino que tampoco hicieron buen uso de los dineros recibidos.
Pero la última palabra en torno de si estos serán los únicos concejales de la capital que tendrán que responder ante la justicia la tiene el juez 23 de Instrucción Criminal, César Tulio Lozano. Porque no se descarta que otros concejales, de la lista de los 36 investigados por la Procuraduría General de la Nación también sean notificados con la orden de captura. Todo depende de la confrontación que realice Lozano de los informes entregados por la Procuraduría y la investigación que por sus propios medios adelantó el Juzgado.
Lo que sí parece definitivamente cierto es que en este episodio que tiene al país a la expectativa desde hace varias semanas, hay claras evidencias de corrupción administrativa. Y, que a los responsables, al igual que pasó con Caicedo Ferrer, los espera la cárcel.

NOMBRE: Ricaurte Lozada
ACUSACION:Recibió 42 millones de pesos que entregó al fondo educativo Jorge Eliecer Gaitan, cuyo representante legal es el mismo. De ese dinero le entregó 10 millones a la señora Nayibe Puentes de Castaño, líder política de su movimiento en Florencia, Caquetá. Un millón 940 mil pesos a José Alejandro Osorio Lozada, estudiante, cuyo nombre nunca apareció en ninguna universidad. Tres millones 365 mil pesos a siete personas en calidad de acudientes de alumnos beneficiarios que tampoco pudieron ser identificados.

NOMBRE: Rafael Forero Fetecua
ACUSACION: Solicitó un auxilio de 42 millones de pesos en calidad de concejal cuando ya no lo era. Los entrego a fondos de ayudas educativas Rafael Forero Fetecua que carece de personería jurídica y cuyo representante legal es el mismo. Los dineros se manejaron a través de una cuenta personal en el Banco Popular sucursal Americas. Los beneficiarios fueron escogidos directamente por Forero Fetecua. No existen los documentos de los estudiantes beneficiados con los aportes solicitados por el ex concejal.

NOMBRE: Marta Luna
ACUSACION: Giró 17 millones al club Kiwanis, a través de 5 sedes.
Los dineros posteriormente fueron retirados para manejar una cuenta de inversion de recursos en el mercado financiero con el fin de generar rendimiento monetario. Siete concejales más giraron a la misma cuenta del Club 7 millones de pesos.

NOMBRE: Telésforo Pedraza
ACUSACION: Solicitó 33 millones para una entidad de beneficio social. Sin embargo se comprobó que es una comercializadora en asesorías de proyectos de construcción y que tiene a su cargo varios programas urbanísticos de propiedad del ex concejal y que hoy es integrante del Congreso de la República. El cargo que ocupa Pedraza en la comercializadora es el de tesorero.

NOMBRE: Flor Elba Cárdenas
ACUSACION: Le entregó al fondo Siglo XXI la suma de 25 millones de pesos. El representante del fondo es José Rodríguez, esposo de la concejal. Ella a su vez es la representante legal de la Asociación Civica para el Desarrollo de Bogotá, entidad a la cual le entregó cinco millones de pesos en auxilios.

NOMBRE: Jaime Casablanca
ACUSACION: Le entregó la suma de 21 millones 300 mil pesos al fondo Educativo Arcadio Perdomo y Serrano del cual es presidente. Ordenó 500 mil pesos para auxilios educativos, pero el dinero fue recibido por miembros de la junta de acción comunal del barrio Santa Helena, conicidos líderes políticos de su movimiento. Otros 987 mil 890 pesos que solicitó por la compra de 100 sillas de un plantel educativo fueron a parar a líderes políticos de diferentes zonas de la capital.

NOMBRE: Dimas Rincón
ACUSACION: Utilizó la modalidad del carrusel para realizar transferencias a la entidad comercializadora de asesórias en construcción de la cual es socio Telésforo Pedraza. Le entregó a esta entidad privada 15 millones de pesos.

NOMBRE: Bernardo Ordoñez
ACUSACION: Le entregó 25 millones de pesos al Instituto de Desarrollo Educativo Latinoamericano. El dinero fue consignado en una cuenta corriente a nombre del Instituto. A través de esta se realizaron autogiros por 25 millones en siete cheques a nombre de Bernardo Ordoñez.

NOMBRE: Guillermo Morales
ACUSACION: Suplente de Forero Fetecua, le entregó 22 millones al Fondo de Becas Guillermo Morales, el cual carece de personería jurídica y cuyo domicilio es un inmueble arrendado a la Corporación Fulgor. Constituyo un CDT para beneficio personal por valor de 17 millones.