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| 8/15/1994 12:00:00 AM

LOS LIBROS ABIERTOS

Las cuentas de las campañas electorales no cuadran, y no es por los dineros calientes.

LOS LIBROS ABIERTOS LOS LIBROS ABIERTOS
CUANDO EXPLOTO EL EScándalo de los narcocasetes que sembró dudas sobre la presencia de dineros calientes en la campaña electoral, los candidados presidenciales Ernesto Samper y Andrés Pastrana reaccionaron igual: pusieron a disposición del público los libros de donaciones. Para cualquier persona con sentido común el ofrecimiento no dejaba de ser ridículo. Lo único seguro era que en la contabilidad oficial no podía aparecer un renglón que dijera: "Cartel de Cali: 3.000 millones de pesos.
Como lo reveló la semana pasada el veedor Jorge García Hurtado, la contabilidad electoral no es más que un requisito formal que poco tiene que ver con la realidad financiera de las campañas electorales. Pero esto no obedece a que los candidatos sean deshonestos o a que los aportantes lo sean. Sino que obedece a que se han fijado una reglas del juego ajenas a las realidades económicas.
Concretamente hoy la situación es la siguiente: según disposiciones del Consejo Electoral, para la primera vuelta las campañas políticas podían recibir hasta 2.000 millones de pesos, y para la segunda vuelta otros 2.000 millones de pesos. Lo que esté por encima de esto es ilegal. En contra de esta regla, la realidad económica de las campañas de Samper y Pastrana es que costaron más de 10.000 millones de pesos cada una. El propio veedor ha llegado a establecer que su costo ascendió a por lo menos 7.500 millones de pesos por cada una. Pero los conocedores de la situación financiera dentro de las propias campañas reconocen que la cifra es muy superior. Este desfase no se explica por cuenta de los dineros calientes. Es simplemente por el hecho de que hay un tope legal de 4.000 millones de pesos, mientras que el costo en la vida real asciende a tres veces eso. Esto obliga a todo el mundo a hacer malabarismos jurídico financieros que permiten sobrepasar el límite permitido y cumplir con los requisitos meramente formales.
El mecanismo es sorprendentemente sencillo. Se limita a que en lugar de donar directamente sus aportes a las campañas, las empresas pagan a los proveedores los gastos. Con esto el aporte queda en el rubro de gastos de la empresa sin tener ninguna relación con la campaña. Un movimiento político contrata 100 buses, organiza una recepción en un hotel, manda a hacer camisetas o utiliza una orquesta y la cuenta se la pasan directamente a la empresa financiadora.
El Grupo Santo Domingo, por ejemplo, tiene aportes, en libros, por 700 millones de pesos para la campaña de Ernesto Samper. En el interior de ésta todo el mundo sabe que el aporte total fue cercano a los 3.000 millones. Los 2.000 millones restantes se pagaron en especie. La aplicación de este mecanismo incluye una contabilidad paralela donde no se escapa el menor detalle. Cuando se presta el jet privado del presidente de Bavaria para una gira política, hasta el costo de la gasolina se le suma al candidato.
Sin embargo, el Grupo Santo Domingo no es el único que hace esto. Lo hacen muchas empresas. Jorge García, quien es una especie de Sherlock Holmes en la búsqueda de estas maniobras financieras, llegó hasta hacerle el seguimiento a la avioneta que sobrevoló por horas a Bogotá antes de las elecciones, con una pancarta alusiva a Andrés Pastrana. Tras averiguar su matrícula, empezó a preguntar sobre su propietario, el nombre del arrendador, las horas de vuelo y los pagos. Cuando confrontó la información sobre fechas y montos de lo cancelado por concepto de la aeronave, descubrió que los pagos no aparecen relacionados en la contabilidad de la campaña de Pastrana. Ejemplos así hay miles. A todo esto se suma el grado de improvisación con que se manejan las cuentas electorales. Las decisiones siempre se toman sobre el tiempo, con grandes necesidades de efectivo y pocos papeles al día.
Estos elementos hacen que el asunto sea controvertido independientemente de los dineros calientes. Estos últimos buscan cómo entrar, aunque los directivos de las campañas no los quieran. El resultado de este enfrentamiento es la presencia de dineros de dudosa procedencia, a nivel de provincia. donde hay menos filtros y son más bienvenidos que en las tesorerías centrales. El panorama anterior es difícil de entender para un observador internacional, pero en la práctica puede resultar en que mientras los candidatos están seguros de que sus mecanismos de defensa contra los dineros calientes están operando, algunos de sus seguidores políticos están recibiendo un costal lleno de billetes en algún municipio remoto del pais.
De todos estos hechos se derivan varias conclusiones. En primer lugar. que es conveniente revisar las reglas del juego para que no tengan que ser una farsa. Limitar a 4.000 millones de pesos una campaña que vale más de 10.000 millones convierte el engaño en una necesidad. Es mucho más fácil que entren los dinero calientes a las campañas cuando está institucionalizado a todos los niveles buscarle el quiebre a la ley.
Pero aun aceptando que la contabilidad fuera real y la presencia de dineros calientes fuera insignificante, surge un interrogante: ¿,Cómo puede considerarse una democracia un país donde el proceso electoral lo financian prácticamente media docena de personas? La mitad del costo total de una campaña electoral corre hoy por cuenta de los principales grupos económicos. Esto puede ser considerado favorable frente a la alternativa de los dineros calientes, pero ante el proceso de concentración del ingreso que está viviendo el país, es casi igual de grave. Que un presidente tenga dueño es preocupante aunque el dueño sea una persona totalmente decente. La evolución de la financiación de las campañas en Colombia está desembocando en esta situación. Por esto no le falta razón al Veedor cuando pide que se estudien fórmulas alternas para tratar de solucionar institucionalmente esta aberración. Curiosamente esta propuesta no sólo le interesa a los candidatos y al pueblo colombiano, sino también a los mismos grupos económicos que son los primeros en desear que el sistema de financiación de campañas políticas se racionalice.
Esto se puede obtener a través de dos mecanismos. El primero, el de la financiación estatal total. Hoy el Estado respalda una parte de los costos. Reconoce a las campañas 400 pesos por cada voto obtenido. En cumplimiento de ese mandato ya había desembolsado un poco más de 1.000 millones de pesos para cada campaña. No obstante, el Veedor ordenó que sean reintegrados a las arcas estatales, en el término de la distancia, al comprobar las irregularidades que se dieron en el reciente proceso sólo con mirar los libros que contienen cifras al cierre de la primera vuelta. El Veedor ha manifestado que el Presidente no se puede posesionar si no está al día en estos reintegros.
El otro mecanismo de control podría ser el establecimiento de topes reales por donante. Por ejemplo, que nadie pueda dar más de 100 millones de pesos u otro monto definido para un candidato. Hoy ese tope es de 2.000 millones de pesos, una cifra absurdamente alta. Incluso la Ley Electoral advierte que puede haber sanciones para quienes hayan donado más de ese monto. En todo caso, lo que no puede continuar es el sistema actual. La legislación sobre financiación de campañas es ficticia. Es necesario volverla real y efectiva.

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