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| 10/16/2000 12:00:00 AM

Los muros de la discordia

Detrás del debate de espacio público versus seguridad hay visiones contradictorias sobre cómo se debe vivir en una ciudad.

Los muros de la discordia Los muros de la discordia
Aquí estoy y aquí me quedo”, dice un aviso puesto sobre una de las rejas del barrio bogotano Entre Ríos. Otro dice “Conciliemos Alcalde”. Los habitantes del sector completaron un mes haciendo guardia, en turnos de ocho horas, para impedir que la Alcaldía les tumbe varios muros que rodean la urbanización y que construyeron 20 años atrás sobre zonas que le pertenecen a la ciudad.

Pero la preocupación cesó desde el momento en que 25 concejales aprobaron en primer debate un acuerdo que le dio el visto bueno a los cerramientos.

Mientras los líderes de la comunidad y los concejales argumentan que los muros ofrecen seguridad, la Alcaldía ha tumbado 137 cerramientos este año. “Lo que sucede es que uno no puede apropiarse de un espacio que es de todos con la disculpa de la inseguridad”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa. “Eso es tanto como robarse un carro por la inseguridad que se vive en los buses”.



Ciudad entre rejas

Los conflictos generados por la ocupación del espacio público son de vieja data en el país pero su inclusión en la agenda pública es relativamente nueva. En 1989 el Congreso expidió la Ley de Reforma Urbana y tres años después la Corte Constitucional empezó a fallar tutelas que invocaban el derecho al trabajo de vendedores ambulantes o el derecho a la seguridad por parte de los conjuntos residenciales.

En esa época la Corte ordenó la restitución del espacio público y al mismo tiempo la reubicación laboral y la remoción de rejas que impedían el paso de peatones y automóviles. En pocos casos las tutelas se cumplieron. Con los años la discusión, puramente jurídica, se fue desvaneciendo hasta que el alcalde Peñalosa salió elegido.

Desde entonces el debate adquirió otra dimensión. La era Peñalosa inició la instalación de bolardos y la construcción de andenes. A medida que avanzaban otros proyectos urbanos de mayor calado, como Transmilenio, las ciclorrutas y los senderos peatonales, la Alcaldía intensificó el retiro de rejas y muros de conjuntos y edificios. Y ahí fue Troya.

Concejales, ediles, líderes comunales y vecinos se opusieron a la apertura de espacios públicos aduciendo problemas de seguridad. El alcalde respondió que éste era un problema de fondo que planteaba el dilema de vivir en una urbe de barrios amurallados y aislados unos de otros en una ciudad abierta.

“Trabajando en este tema yo me di cuenta, verdaderamente, que los bogotanos viven encerrados en su propio conjunto residencial”, explicó Diana Beltrán, defensora del espacio público, una nueva oficina de la administración distrital. “Me encontré con una ciudad conformada por guetos en la que los vecinos ni siquiera se conocen”.



Democracia urbana

Las autoridades sostienen que cada vez que derriban un muro o sacan unas casetas les explican a los habitantes afectados los proyectos urbanos que se van a adelantar en la zona. No obstante, pocos bogotanos conocen la filosofía detrás de esta política.

“Cuando recuperamos un parque que estaba encerrado en un conjunto les estamos diciendo a todos los ciudadanos que pueden disfrutarlo, que es de ellos”, explicó Peñalosa. “La gran mayoría de los ciudadanos no pueden ir a un club privado o salir de la ciudad de puente. Para ellos existen la ciclovía, los parques, las ciclorrutas y salir a ‘vitrinear’ por los andenes”.

Estudios como los del arquitecto sueco Jan Ghel y del urbanista norteamericano Jane Jacobs explican cómo, cuando se mejora el espacio público, la comunidad se apropia de éste y bloquea a la delincuencia.

Pero la corta experiencia frente a un nuevo espacio urbano ha demostrado que a los capitalinos todavía les cuesta tener una vida en común que genere seguridad. “Aquí encontramos la mayor resistencia”, explicó Alicia Naranjo, directora técnica de espacio público del IDU. “Porque los argumentos que usa la gente para impedir que les tumben los muros es que no quieren ver gente pobre en los parques o en los andenes que colindan con sus apartamentos”.

Con la aprobación del proyecto de acuerdo que permite que se construyan cerramientos, la mayoría de los concejales defendieron los argumentos que critica Naranjo. Pero curiosamente el tipo de cerramiento que se aprobó es el que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) previó para los parques y no para los conjuntos residenciales.

Para Hipólito Moreno, autor del proyecto, la validez del acuerdo se encuentra en que “los ciudadanos tienen el derecho de hacer los cerramientos”. El gobierno de Bogotá, no obstante, anunció que el acuerdo “no es viable legalmente” y que “no se suspenderán los operativos”.

Percepción que comparte el concejal independiente Alfonso Prada, quien señaló que detrás del proyecto se esconden intereses electorales. “Ellos están haciendo campaña con eso”, dijo.



¿Y la seguridad?

Es cierto que la ciudadanía tiene razón en buscar protegerse de los delincuentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que cuando acuden a la Policía para que les brinde mayor seguridad ésta les advierte que sólo puede protegerlos efectivamente si se organizan en frentes de seguridad.

El problema es que éstos no siempre funcionan. En el barrio Entre Ríos los comerciantes, víctimas de atracos constantes, se acogieron a este programa. Instalaron alarmas localizadas en lugares estratégicos de las cuadras más afectadas por la delincuencia. El vecino que fuera testigo de algún robo debía avisar a la Policía, activar las sirenas e iniciar un ‘árbol de llamadas’ para que los vecinos salieran a enfrentar al ladrón mientras llegaba la Policía.

No obstante Rubén Carrillo, de 45 años, propietario de la Lavandería Especial Entre Ríos, le mostró a SEMANA cómo el cableado de las alarmas había sido sustraído un año atrás y dijo que en las dos ocasiones en que las pudieron activar “la Policía se demoró 10 minutos en llegar”.

La residente Isabel Cristina Molano, de 25 años, dijo que “uno de los comandantes nos dijo que tenía para toda la zona 300 policías. Pero que tenía tres turnos, muchos incapacitados, otros en licencia o en el CAI y que en total podía ofrecer 0,8 policías”.

Según información de la Alcaldía, poco más de 11.000 policías cuidan a Bogotá. Pocos policías, cuyo aumento no depende del gobierno distrital sino del nacional. “El presidente Pastrana se comprometió a duplicarnos el pie de fuerza pero a la fecha no ha cumplido”, dijo Peñalosa.

El subsecretario de Seguridad de la Alcaldía, Hugo Acero, reconoce que hay menos policías que en ciudades como Nueva York, que para la misma población tiene 40.000 efectivos. “A pesar de la carencia las estadísticas nuestras muestran que casi todos los delitos han venido bajando”, explicó Acero.

Pero a los ciudadanos víctimas de la inseguridad poco le importan las cifras. Sin embargo, sus soluciones—apropiarse del espacio público y encerrarse entre muros— no están resolviendo el problema y en cambio sí está generando una vida urbana fragmentada e inequitativa que, paradójicamente, lo único que ha hecho es fomentar la falta de solidaridad. Como dijeron algunos entrevistados, aferrarse a esas paredes tiene más que ver con una cultura de la desconfianza que con una verdadera protección.

Por ahora, la discusión sigue, los vecinos de los barrios protestan, los concejales organizan manifestaciones en torno al tema y la Alcaldía se prepara para una nueva ofensiva en la recuperación del espacio que le permita cumplir con los 600.000 metros cuadrados que se propuso recuperar en estos tres años. Ojalá en esta última etapa sea capaz de comunicar su filosofía con mayor claridad y de ofrecerle mejores respuestas a la ciudadanía.

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