Los nuevos caciques

Colombia está sufriendo un silencioso revolcón político. Las élites tradicionales de varias regiones vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco años por nuevos barones electorales respaldados por las autodefensas.

Los casos de Wilder Antonio Ríos, alcalde de Riohacha capturado en octubre de 2004 por desviarles a las autodefensas fondos de salud de la ciudad; del ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, que aunque hoy está libre; fue acusado por la Fiscalía por concierto para delinquir por sus presuntos vínculos con las autodefensas, y del gobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez, acusado por la Fiscalía de haber recibido 500 millones de pesos de las autodefensas, no son tan excepcionales.

Así como lo han hecho el ELN en Arauca y las Farc en el Caquetá, los paramilitares han montado sus propias redes clientelistas para hacerse al poder local de las ciudades intermedias.

"Su capacidad de incidir en lo político es enorme debido al sistema electoral colombiano, que les permite mediante el uso del clientelismo armado acceder a representaciones de poder importante en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales en sus zonas de influencia", dice el documento Cede. "Los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales".

Para infiltrar los gobiernos locales y regionales, las autodefensas financiaron las campañas de algunos políticos, muchos de ellos empobrecidos por la crisis del campo. En otros, les cobraron cuotas para dejarlos hacer campaña y para garantizar su triunfo.

Esto, por ejemplo, quedó en evidencia con las declaraciones de 'Báez', el vocero de las AUC, a raíz del asesinato del congresista caldense Óscar González, pues aseguró que tenía contacto permanente con él. "Todo político que quiera hacer algo por estos dos pueblos tiene que contar con el visto bueno de 'Báez' y de 'Los Cocholos', narcotraficantes que tuvieron una fuerte alianza con el paramilitarismo y se mueven en época electoral comprando a 50.000 pesos el voto". Fue el testimonio de una persona cercana al parlamentario asesinado publicado por SEMANA en su momento.

En regiones como Magdalena y Cesar, en las últimas elecciones el comportamiento de los votantes varió súbita y sorprendentemente. En el Magdalena, en las elecciones para alcaldes de 2000, 14 municipios, de los 29 que tiene el departamento, registraron candidatos únicos a las alcaldías y listas únicas al Concejo. Durante las elecciones de 2002 en este departamento, donde tradicionalmente había una cerrada disputa por cada cargo, un solo candidato arrasó con la votación para Senado y otro para Cámara en 22 municipios y se postuló un solo contendor para la gobernación.

En estos mismos comicios se presentaron fenómenos curiosos como registros de votación superiores al 80 por ciento, sin ningún voto nulo, en corregimientos con alto analfabetismo. O la victoria contundente de personas con escasa o nula trayectoria política como Eleonora Pineda en Córdoba, una defensora acérrima de la negociación en Ralito. En varios lugares la gente votó bajo la supervisión de los paramilitares. Por eso en esas regiones nadie se sorprendió cuando el jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, se ufanó semanas después de las elecciones al Congreso de tener una representación política en el Capitolio del 30 por ciento.

A partir de entonces, según autoridades regionales que los conocen bien, las autodefensas consiguieron a nivel local inmunidad para sus negocios ilegales. Y jugosos contratos con las administraciones donde ganaron sus candidatos. Después del escándalo del desvío del dinero de la salud de los más pobres en Riohacha hacia las arcas paramilitares, el presidente Uribe conformó un equipo especial para seguirles el rastro a las finanzas de la Salud en los 22 municipios del Atlántico y en Barranquilla. Las primeras pesquisas indicaron que habría nexos de los paramilitares con algunos alcaldes, secretarios de Salud y de Hacienda, gerentes de hospitales y dueños de droguerías, como lo registró SEMANA en julio de 2004. Y después de que la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el gobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez, nueve alcaldes del departamento declararon que las autodefensas de Martín Llanos los habían obligado a firmar la minuta de un contrato con la ARS Tayrona, hoy deshabilitada por la Superintendencia de Salud. A su vez, según los investigadores del gobierno, algunas ARS han contratado con droguerías y hospitales privados, bajo control paramilitar. El negocio es redondo.

Pero lo más grave es que la admitida participación en la política de las AUC les ha dado una legitimidad política de la que carecían hace unos años. Que es suficiente para proteger sus intereses, pero que tiene pies de barro.