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La sentencia ya estimuló que los recicladores, tradicionalmente informales, comiencen a organizarse (arriba). Con esto, logran ventajas para competir contra los grandes capitales. Su éxito depende de cómo se implemente el fallo, y se acompañe este proceso

INCLUSIÓN

Los nuevos empresarios

Un histórico fallo de la Corte Constitucional obliga al Estado a tener en cuenta a los recicladores en las millonarias concesiones de basuras.

13 de junio de 2009

Nadie habría imaginado que algo bueno podía salir de Navarro, el que hasta hace poco fue el principal basurero de Cali. Además de ser considerado emblema de la contaminación, era el escenario de una cruda realidad social en la que casi un millar de personas, durante 40 años, rebuscaron su sustento entre los desperdicios. Cuando fue cerrado y se adjudicó a un particular el contrato para manejar los residuos, quedó la sensación de que todo había terminado para los basuriegos. Con la empresa privada era casi inevitable que quedaran por fuera del negocio.

Pero esta situación dio un giro inesperado con un reciente fallo de la Corte Constitucional, que resolvió varias tutelas de recicladores que con el cierre de Navarro vieron vulnerado su derecho al trabajo. La decisión considera a estos recicladores como "empresarios de la basura". Al ser reconocida su actividad, el Estado no puede tomar medidas que vulneren su negocio y que los empobrezcan aun más. Algunos estudios calculan que en el país 300.000 personas se dedican a esta actividad, en la que más del 50 por ciento de los desechos son potencialmente reciclables.

La decisión ya es considerada un hito por lo que significa para los derechos humanos, en términos de inclusión social. Además, se convierte en la norma a seguir en un momento en que se acercan cuantiosas licitaciones para el manejo de las basuras de ciudades como Barranquilla y Bogotá.

Los efectos ya se comienzan a sentir. La sentencia autoriza al alcalde de la ciudad para que no aplique las sanciones contempladas en una reciente ley, conocida como el comparendo ambiental, en la que se multa a quien clasifique basuras en la calle. Y al terminar la semana pasada, la gerencia de Emsirva en liquidación, la empresa de servicios de aseo de Cali, suspendió por tres meses un proceso licitatorio, pues con el fallo hay que modificar los pliegos de condiciones para garantizar que participen los recicladores. Algo que se habría podido hacer desde el comienzo, de haberse buscado una solución real al problema. Emsirva opera una de las cuatro zonas de la ciudad y espera cerca de 10.000 millones de pesos de este negocio para cubrir sus pasivos.

La superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe, califica el fallo como muy positivo por su impacto en dar soluciones definitivas al reciclaje informal. Esta entidad tuvo las riendas de Emsirva durante su intervención hasta hace tres meses, cuando se decidió liquidar. La superintendente dice que el gobierno ya trabaja con fundaciones locales para fortalecer las cooperativas de los recicladores, para que sean los beneficiarios reales del negocio, al librarlos de los intermediarios, quienes suelen obtener el mayor valor generado de la actividad.

De ese modo, los recicladores estarán en capacidad, incluso, de participar en las licitaciones, gracias a que el fallo obliga a que se den condiciones especiales para que puedan competir, o que se asocien con los grandes empresarios de la basura, exigencia que tendrán todas las nuevas convocatorias en la materia.

Ya se vislumbra una polémica sobre el alcance de las medidas, pues la Superservicios asegura que cobijan sólo a los recicladores que trabajaron en Navarro, mientras otros sectores aseguran que también involucra a los que lo hacían en la calle. "No tiene sentido que un fallo cuya naturaleza es la inclusión, deje por fuera a algunos que están en la misma circunstancia", dice Lina Arbeláez, una de las abogadas que desde la organización Civisol lideraron el proceso ante la Corte.

Es posible que los tres meses dados por el fallo para el caso de Cali no sean suficientes para los retos de estos nuevos empresarios. Aun así, en un país donde la norma es la discriminación, este es un precedente que valoriza y dignifica un sector vulnerable de sus ciudadanos, que con su actividad, ya no verán cómo sus vidas se convierten en basura.