Los nuevos usos de la Plaza La Santamaría

Desde el viernes 22 de junio la Plaza La Santamaría de Bogotá pasó a convertirse en un escenario cultural diverso y dejará de acoger las tradicionales corridas de toros. Ese día se dio inicio al cambio de uso del tradicional escenario capitalino con cinco puestas en escena teatrales.
 
La medida obedece a la decisión del alcalde Gustavo Petro de acabar los festejos taurinos en la ciudad, por lo que ahora la programación de actividades en el emblemático lugar del centro de Bogotá quedará a cargo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
 
Ahora la plaza, ubicada en el barrio La Macarena en el centro de la ciudad, acogerá una serie de actividades recreativas y culturales. Por ejemplo, este fin de semana el ruedo fue habilitado como cancha de voleiplaya.
 
Mediante la Resolución 280, Petro había revocado el convenio que la administración tenía con la Corporación Taurina de Bogotá, y con ello La Santamaría, con más de 80 años de acoger corridas de toros, pasará a ser un escenario de actividades artísticas y culturales multidisciplinarias.
 
Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito, la plaza ofrecerá ahora una programación diversa, permanente y gratuita. Según esa entidad, el propósito del cambio es "crear una variada programación artística, deportiva y cultural que contribuya con el sano esparcimiento de los bogotanos y el buen aprovechamiento a este nuevo espacio del arte de la ciudad".
 
Para ello, las autoridades han convocado a los vecinos del sector y a la ciudadanía en general, a confeccionar una programación de eventos para celebrar en la plaza. "Respetando a los habitantes del sector que rodea la Plaza, esta actividad no tendrá ningún ruido que supere los decibeles permitidos en el sector", aclaró el Idartes.
 
La revocatoria del contrato con la Corporación Taurina se concretó el pasado 15 de junio, tras la negativa de los organizadores de "la fiesta brava" de evitar la muerte de los toros que, para la administración, contraviene mandatos constitucionales y legales sobre el maltrato animal.