Los presos ausentes

Desde que se invento el sistema penal se supone que las cárceles existen para que en su interior estén recluidos los delincuentes, privados de la libertad como castigo por sus acciones. Ese, sin embargo, no es el caso de la cárcel municipal de Barranquilla, donde prácticamente hay que pedir cita previa para encontrar a algunos de los reclusos.

Se trata de varios de los detenidos en la mayor operación contra el lavado de activos del narcotráfico que se haya realizado en el país. El proceso, conocido con el nombre de 'Operación Camaleón', comenzó en 1998 con investigaciones y operativos conjuntos entre la Dijin y la Fiscalía (ver recuadro). Y lo peor es que, aunque las autoridades están conscientes de la situación, ésta no se ha solucionado.

El asunto tiene varios meses. El 16 de abril el director de la cárcel municipal El Bosque, de Barranquilla, Sixto Pérez Cardona, recibió una inesperada visita. Se trataba de una comisión encabezada por miembros de la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía Nacional ?Dijin? y el personero municipal de esa ciudad, Marlon Pacheco.

El objetivo, de por sí insólito, era verificar si ese grupo de detenidos se encontraba recluido en el centro penitenciario. Para sorpresa de la comisión, las denuncias resultaron ciertas y los reclusos no se hallaban en la cárcel en el momento de la visita oficial. Cuando se le pidió al director que explicara la ausencia, Pérez Cardona afirmó que les había dado permiso para salir a almorzar cerca de la cárcel, aunque tampoco supo explicar por qué su salida no estaba en los libros de la guardia. La realidad es que esa no era la primera vez que las autoridades no encontraban a los 10 sindicados dentro del proceso número 1036.



Camaleones callejeros

"Nosotros cumplimos con investigar, recolectar pruebas, capturar y dejar en la cárcel a estos delincuentes. Nuestra misión no es cuidar a los detenidos una vez los llevamos a las cárceles porque para eso están las autoridades penitenciarias", dijo a SEMANA uno de los fiscales que ha participado en la 'Operación Camaleón' desde sus inicios.

SEMANA habló con Sixto Pérez y éste confirmó que les había otorgado a los sindicados el beneficio de la libertad extramuros entre el 12 y el 19 de abril de este año, aproximadamente. Al ser interrogado sobre las razones que lo motivaron a otorgar este beneficio el director señaló que se había basado en el artículo 86 del Código Penitenciario que, según él, lo faculta para conceder la libertad extramuros. Pérez dijo que algunas de las personas cobijadas en este proceso son "honorables y reconocidos comerciantes de Barranquilla", razón por la cual no encontró motivos para negar el derecho. "Han presentado buen comportamiento y no representan un peligro para la sociedad", explicó el funcionario.

El director de la cárcel dijo además que los reclusos le presentaron los respectivos contratos de trabajo con empresas barranquilleras, que le dejarían a la cárcel el 10 por ciento del salario de los sindicados. De esta forma ellos saldrían durante el día a cumplir con sus labores y regresarían en la noche al centro penitenciario.

Eso no explica por qué meses antes, el 19 de febrero, un funcionario de la Fiscalía acudió a la cárcel distrital El Bosque con el fin de hacer una notificación judicial a 10 de los sindicados del proceso 1036 y, para su sorpresa, ninguno de los presos se hallaba en ella. Mediante el oficio DSF 00185, dirigido a un fiscal especializado en Bogotá, el asistente judicial I, Rafael Velásquez, dejó constancia de la irregularidad al escribir que "?el director de esa cárcel me manifestó verbalmente que los sindicados en su mayoría tenían permiso extramuros por parte de ese centro reclusorio y me solicitó venir al día siguiente".

Pese a que en repetidas oportunidades SEMANA le solicitó a Pérez la relación de los lugares o actividades en las que trabajan los sindicados, así como la fecha a partir de la cual les otorgó los beneficios extramuros y las relaciones de entradas y salidas de la cárcel, esta información nunca fue suministrada.

Algunos de los 10 sindicados a quienes Pérez les permitía salir de la cárcel tienen otros procesos judiciales en curso diferentes al de lavado de dinero. A pesar de esto Pérez afirmó tener, como director, la autonomía para otorgar permisos extramuros a quien él creyera conveniente sin necesidad de solicitar autorización a nadie. Esto no es del todo cierto.

Aunque la cárcel El Bosque no está bajo la tutela del Inpec, ya que por ser distrital depende de Barranquilla, para las autoridades penitenciarias nacionales no hay duda de que debe cumplir con el Código de Procedimiento Penal. Según explicó a SEMANA un alto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), "un director no tiene autonomía para conceder a su parecer beneficios penitenciarios como los extramuros a sindicados, mucho menos tratándose de un director de una cárcel municipal. Además está establecido que el beneficio de extramuros está prohibido cuando se trata de sindicados por delitos relacionados con narcotráfico o lavado. Ese beneficio sólo puede ser concedido a los condenados por esos delitos una vez cumplan, por lo menos, con las tres quintas partes de su condena", concluye.

Hace dos semanas Sixto Pérez fue relevado de su cargo. Según él, el cambio se debió a los normales movimientos que realiza el alcalde en su gabinete. Sin embargo en círculos políticos y periodísticos de Barranquilla se afirma que la razón fue otra: hubo fuertes presiones de funcionarios judiciales de Bogotá para que el director de la cárcel saliera debido a la indelicadeza de dejar en la calle a este grupo de sindicados. Pero ellos siguen entrando y saliendo como Pedro por su casa.

Sólo queda esperar que las autoridades competentes inicien las investigaciones y tomen las medidas para tratar de corregir lo que ocurre de puertas hacia adentro, y hacia fuera, en la cárcel municipal de Barranquilla. Por ahora lo único claro es que, como dijo a SEMANA uno de los oficiales de la Dijin que participó en el proceso 1036, resulta muy frustrante que después de años de investigación y de tanto esfuerzo para judicializar a los delincuentes estén de nuevo en la calle por la voluntad del director de una cárcel y no de un juez. Es muy preocupante que esto ocurra, especialmente cuando se trata de actividades relacionadas con el delito que más daño le ha causado al país: el narcotráfico.