El striptease de la paz

No es una simple coincidencia que Jesús Santrich, miembro de la Dirección Nacional de las Farc, haya caído en manos de las autoridades antinarcóticos, por la misma vía en la que cayeron los narcosobrinos de Nicolás Maduro: intentar una operación de venta de cocaína de gran escala con agentes infiltrados de la DEA.  

Uno y otros son ahora los mejores casos con los que cuenta Estados Unidos para ilustrar y documentar ante el mundo información esencial que traen casi todos sus reportes de los últimos años: Venezuela plataforma para la comercialización de la cocaína colombiana, el involucramiento del gobierno de ese país en el narcotráfico y el de las Farc en Colombia en el cultivo, procesamiento y exportación de la droga.          

Pocos días antes de la captura del jefe guerrillero el Fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez denunció irregularidades en el manejo de recursos para la implementación del proceso de paz, en concreto una red de intermediarios con información privilegiada que cazan y se benefician con los contratos para la paz “a través del direccionamiento de los mismos y de la consecución de interventorías acomodadas”. Ahí quedó al descubierto que ninguna de las operaciones ni proyectos vinculados al Fondo Colombia en Paz (FCP) –eje de la reinserción de excombatientes de las Farc- funcionan correctamente, muchos sufren graves retrasos, otros ni siquiera han despegado y todo tenían sus recursos bajo amenaza.

Menos vistosa y espectacular que la captura, la noticia del Fiscal tiene enorme importancia porque saca a la luz, por primera vez en los últimos años, la presencia y las actividades en el país de los “explotadores de la paz” una sofisticada y extensa red de individuos, sociedades y organizaciones locales e internacionales que hacen de la paz fuente de negocios y negociados, expertos en exprimir nichos del presupuesto estatal o capitales de cooperación internacional  y que prosperan exponencialmente en los procesos de reinserción. Tienen historias –olvidadas y sumidas en irremediable impunidad- los procesos del M 19, EPL y desmovilizaciones del ELN-, con impurezas y dificultades similares a las que ahora escrutan las autoridades y de donde surgieron empresarios y contratistas que amasaron grandes fortunas y que, en este país de tantas guerras y conflictos, establecieron los métodos y las complicidades para incrementarlas incesantemente.

Los sucesos de las últimas semanas exhiben con mayor nitidez que nunca los graves vicios de ilegalidad que debilitan y tienen en grave riesgo el proceso de paz con las Farc, derivados de la complejidad de llevar a cabo un acuerdo plagado de ambigüedades en un país con 220 mil hectáreas de coca.

El Catatumbo y la narcorepública que albergan Putumayo, Nariño, Cauca y Valle ilustran lo que eso significa y lo que le cuesta a la gente en su vida cotidiana. Desde 2016 en los municipios cultivadores de coca, incluidos los que forman parte de los programas de sustitución, la tasa de homicidios se ha incrementado sustancialmente. Desde que se firmó la paz con las Farc esas regiones son víctimas de sangrientas luchas por el territorio entre grupos criminales –Eln, Urabeños, Epl- que según la agencia OCHA de Naciones Unidas, incrementaron el desplazamiento forzado en más de 53%. En El Catatumbo y en Tumaco se han registrado tasas de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, según un informe de Ideas para la Paz.

El acuerdo se desploma bajo el peso de esa dura realidad que exige respuestas claras acerca de la responsabilidad de las Farc en la multiplicación de los cultivos ilícitos, la verdadera naturaleza de las disidencias que mantienen su presencia en los antiguos dominios y desde la ventana del caso Santrich, qué tan involucrados siguen los dirigentes y combatientes desmovilizados en actividades de narcotráfico.  Si a eso se suman la ineficiencia, las demoras y la corrupción en la implementación de elementos claves del Acuerdo Final –los programas de proyectos productivos y otros de desmovilización, los de tierras, la seguridad integral para las comunidades, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos etc-, tenemos la tormenta perfecta.

La alta dirigencia de las Farc ha mantenido estratégico silencio ante los anuncios y las pruebas divulgados por la Dea y han atendido el caso Santrich con la misma metodología y argumentación que usaran Maduro y su esposa con sus narcosobrinos “montaje” del imperio. Solo han dicho –con razón- que “el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso”.  El principal soporte con que cuenta en el momento es la proximidad de un nuevo gobierno, que con un mandato fresco, sea capaz de reordenar las cosas y ojalá de construir un acuerdo más amplio y ambicioso que congregue y comprometa a todos los actores del narcotráfico en una paz de verdad.

Los salvavidas de la hora son responsabilidad del gobierno actual:  un “revolcón” en la Alta Consejería para el posconflicto, para sacar los proyectos a su cargo del oscuro pantano en que se encuentran y llevar a sus direcciones y programas gerencia, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Y al mismo tiempo el trabajo de la Fiscalía para denunciar y poner en cintura a los “explotadores de la paz”, cuyas interferencias retrasan o frustran desde hace muchos años el trabajo de organizaciones, comunidades y personas comprometidas real y seriamente con los objetivos supremos de la paz.   Las acciones judiciales que se adelanten en su contra –ojalá severas y ejemplarizantes- serán vitales para que no sigan usurpando y frustrando las expectativas y los derechos de víctimas, desmovilizados y otros dolientes de iniciativas vitales para el futuro de la paz “estable y duradera” que nos han ofrecido y que no se ve por ninguna parte.