Los ratones cuidando el queso

Escandaloso, por decir lo menos, resultó el episodio que enfrentó la Fiscalía la semana pasada, después de que la revista Cambio reveló las conversaciones que sostuvo en junio pasado el director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, con Juan Felipe Sierra, empresario detenido por vínculos con el narcotráfico. En ellas queda claro que Valencia Cossio recibía prebendas de los narcos a cambio de alterar los organigramas del capo más buscado del momento: 'Don Mario'. En concreto, que borró de los documentos oficiales el nombre de Jhon Fredy Manco, el 'Indio'. Según el semanario, la descarada alianza había logrado desinformar a los otros organismos de seguridad y timar al propio Presidente, quien en un consejo de seguridad había urgido la captura de los jefes de este nuevo cartel de la droga.

El escándalo que envuelve a Valencia Cossio es apenas la punta del iceberg que muestra la honda penetración del narcotráfico en la justicia, por lo menos en Antioquia y Córdoba, pues la directora de fiscalías de Montería, Perla Dávila, también está involucrada.

Muchos indicios preocupantes alertaban sobre la infiltración en la Fiscalía. Uno de los más recientes había sido la pérdida de un arma con la que se había asesinado a tres personas después de la tradicional cabalgata de la Feria de las Flores el año pasado. El autor del crimen tiene estrechos vínculos con Alirio Rendón, el 'Cebollero', hoy detenido bajo la sindicación de ser uno de los jefes de la temida Oficina de Envigado. La desaparición de esta arma dejó un sabor amargo en muchos investigadores que vieron en el aparente robo la intención de suprimir la prueba del crimen.

A eso se habían sumado injustificadas reasignaciones de despachos y procesos, que generaban suspicacias entre muchos de los funcionarios judiciales. Incluso muchos fiscales hablan de un verdadero carrusel que buscaba que procesos clave quedaran en manos de personas de confianza de Valencia Cossio. Una de las funcionarias que habían protestado por el trato que se le estaba dando a su despacho fue Alicia Domínguez, quien adelantaba las investigaciones de vínculos de políticos y empresarios bananeros con los paramilitares en Urabá. Domínguez se negó a aceptar a Liceth Mayra Álvarez como abogada defensora de los presuntos paramilitares ya que hasta hace poco era la jefe de fiscalías de Urabá, y cambiar de papel -de acusador a defensor- en un mismo lugar y en poco tiempo es considerado una falta ética grave y hasta una obstrucción a la justicia. Liceth Mayra ha sido una de las funcionarias más cercanas a Valencia Cossio.

También se ha cuestionado enormemente a una fiscal del círculo de confianza de Valencia Cossio, quien según informes de inteligencia tiene nexos familiares con un testaferro de 'Macaco' en Caucasia.

Todo el ambiente turbio que rodeaba a la Fiscalía, y sobre todo la falta de avance en investigaciones especializadas de narcotráfico, tenía incómodo a Alonso Salazar, alcalde de Medellín. No se ha logrado esclarecer ni la extraña ola de tortura y muertes de mujeres que ocurrió el año pasado, y que el entonces jefe de la policía del Valle de Aburrá, coronel Marco Antonio Pedreros (hoy general), calificó de hechos aislados, ni los violentos ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Mucho menos se avanzó en la desarticulación de las bandas remanentes y emergentes de los paramilitares. Tan grave era la situación, que hace tres meses el alcalde Salazar se reunió en Palacio de Nariño con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el general Óscar Naranjo, y José Obdulio Gaviria, y concluyeron que era necesario crear una unidad de fiscalía de Bogotá para que atendiera los casos más graves de Medellín. Así se hizo y gracias a este trabajo, se lograron capturas como la del 'Cebollero'. En esa reunión incluso se comparó la situación de Medellín con la de Cúcuta hace tres años, cuando se descubrió que la jefe de fiscalías de esa ciudad era una ficha de las autodefensas y recibía órdenes directas de Salvatore Mancuso.

Hace pocas semanas las relaciones entre el Alcalde de Medellín y Valencia Cossio se agriaron del todo. Salazar había ido con la Policía a detener a un desmovilizado sospechoso de haber matado al líder de un barrio. Lo trasladó en el carro de la alcaldía hasta la Sijín, donde fue reseñado, pero esa misma tarde lo dejaron libre. En menos de 48 horas el CTI de Medellín inició la recolección de pruebas para investigar al alcalde por secuestro.

Salazar se sorprendió no sólo con la acusación, sino con la presurosa intervención de la Fiscalía. Como si fuera poco, Salazar asegura que Valencia Cossio se reunió con sus opositores políticos y con un grupo de desmovilizados para promover un referendo revocatorio de su mandato, y que le tenía un seguimiento permanente.

Otro enorme cuestionamiento que pesa sobre el fiscal destituido es el hecho de que desde hace cinco años es director encargado de fiscalías en Medellín, cuando lo puso en ese cargo el muy cuestionado fiscal general Luis Camilo Osorio. Nunca ha sido nombrado en propiedad porque perdería la mitad de su salario como fiscal delegado ante el tribunal. Es decir, quería tener el poder, pero no la remuneración del cargo. Y la Fiscalía, inexplicablemente, se lo permitió.

Lo ocurrido con el fiscal Valencia Cossio tiene dos connotaciones graves. Por un lado, muestra que nadie ha sido capaz de meterle la mano a la Fiscalía de Medellín para desvertebrar los vínculos históricos que algunos de sus miembros han tenido con la mafia y, por otro lado, muestra que el problema es de hondo calado en la región.

Nadie entiende por qué si durante más de una década se ha conocido la presencia de los paramilitares en la Fiscalía de Medellín, aún ninguna autoridad ha intervenido en ella. El destape de este peligroso nexo se dio en 1998, cuando fue detenido Jacinto Alberto Soto Toro, quien era el contador de Carlos Castaño Gil. Soto pudo escaparse de la cárcel con un salvaconducto firmado por un fiscal, y las autodefensas asesinaron a varios de los investigadores.

Desde entonces se sabía que destacados fiscales de la ciudad tenían relación directa con la oficina de Envigado, y lo grave es que los cuestionados, en lugar de salir de la institución, siguieron ascendiendo en ella y algunos ocupan altos cargos en la justicia de Antioquia. Otros han sido asesinados. Recientemente murió acribillado Juan Carlos Palacio, un agente del CTI de quien se pudo establecer que tenía bienes por más de 1.000 millones de pesos, algo inusual en un funcionario con su salario y su rango.

Quizás esta profunda alianza ha incidido en el resurgir de la violencia mafiosa en la ciudad. Si el mensaje de un sector de la justicia, y en particular de sus cabezas, es de impunidad y complicidad, el narcotráfico seguirá creciendo en muchas esferas de la sociedad, tal como está ocurriendo en Antioquia. Quizás ese incentivo de impunidad ha hecho que 'Don Berna', 'Macaco' y quién sabe cuántos capos más se disputen la región. Y quizá la actuación de las cabezas de la Fiscalía -y quién sabe si también de la Policía- explique por qué un desconocido como 'Don Mario', en cuestión de un año logró multiplicar su poder económico, su ejército privado y su capacidad de corrupción a las instituciones. Justamente en Antioquia y Córdoba. Donde habían puesto a los ratones a cuidar el queso.