Los ricos también sudan

Una de las discriminaciones más antiguas en Colombia es la que existe entre soldados bachilleres y soldados regulares. Cuando alguien quiere demostrar las injusticias que se viven en este país indudablemente comienza -o termina- su diatriba con el argumento de que a "los pobres los mandan a la guerra y a los ricos al Guardia Presidencial o al Sinaí". Congresistas de Estados Unidos también se han opuesto a darle una mayor ayuda económica a Colombia porque no entienden por qué los contribuyentes estadounidenses deben aportar para una guerra que los colombianos más pudientes no están dispuestos a librar con sus propios hijos.

El tema del servicio militar obligatorio es un asunto sensible como pocos pues una cosa es pagar un impuesto sobre el patrimonio para fortalecer las Fuerzas Armadas y otra ver al hijo irse al frente de batalla. Cuando el presidente Alvaro Uribe prometió en su campaña que acabaría con esta odiosa distinción entre soldados bachilleres y regulares pocos creyeron que lo haría. "Lo tumban antes", se decía en los corrillos.

Por eso sorprendió que el jueves pasado la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, presentara un proyecto de ley para crear un servicio militar obligatorio universal. "Sin distinción en razón de su condición económica, social o nivel de escolaridad, todos los varones están obligados a definir su situación militar", dice el proyecto que deroga la ley 48 de 1993 que reglamenta el servicio militar obligatorio.

Así acaba de un tajo con las categorías de soldado bachiller y regular y unifica el tiempo de prestación del servicio, que hoy es de 12 meses para los primeros y de 18 a 24 meses para los segundos. A partir de enero de 2004, de ser aprobado este proyecto sin modificaciones, el tiempo de prestación de servicio para todos los jóvenes sería de entre uno y dos años, según lo determine el gobierno.

El proyecto también especifica que la prestación del servicio militar será a partir de la fecha en que cumpla la mayoría de edad hasta los 28 años. Con esto se cierra una compuerta que permitía que muchos bachilleres, sobre todo los más ricos que se gradúan más jóvenes, se salvaran de entrar a las filas porque al momento de graduarse -cuando tenían que definir su situación militar- eran menores de edad.

Debido a que por los tratados internacionales Colombia se comprometió a no reclutar a menores de 18 años, éstos quedaban exceptuados. Ahora tendrán que definir su situación cuando alcancen la mayoría de edad, así estén en la universidad. "Se acaba con la injusticia que los que no tienen recursos para estudiar pongan el pecho mientras los que más puedan tengan el privilegio de no ir a la guerra", afirma la ministra Ramírez.

La pregunta del millón es si una nueva ley es suficiente para acabar la discriminación en la práctica, ya que en todo caso la norma que rige hoy en ninguna parte dice que los unos combatirán en el monte y los otros le manejarán el carro a la esposa del general.

Pero lo cierto es que dos sentencias de la Corte Constitucional, una de 1994 y otra de 1997, legitimaron esta diferencia. La primera validó que los regulares prestaran servicio durante más meses por la "inversión intelectual" que habían realizado los bachilleres. Otra sentencia emitida por la misma Corte tres años después justificó que los regulares corrieran más los riesgos del combate porque al prestar el servicio durante más tiempo recibían un mayor entrenamiento militar para defenderse. "Por ello, las tareas más peligrosas y la responsabilidad de ataque y respuesta armada en zonas y situaciones calificadas como de alto riesgo deben ser atendidas primero por los soldados voluntarios, luego por los regulares, y sólo en última instancia por los bachilleres y campesinos", afirmó la Corte.

Al unificar los tiempos de prestación de servicio este argumento se queda sin piso. Aunque, obviamente, cuando se quiere encontrar esguinces para privilegiar a unos más que a otros se encuentran. Y en el proyecto se crea un servicio social obligatorio que eventualmente podría ponerse al servicio de ese propósito.

Dice la norma que cuando, pese a haber resultado aptos físicamente para prestar el servicio militar no haya cupo para ellos, de acuerdo con las cuotas de conscripción, los jóvenes deberán prestar un servicio social por un término mínimo de seis meses. Esta obligación la hace extensiva a las mujeres que no presten el servicio militar, que como en la ley 48 sigue siendo voluntario.

La Ministra dice que no habrá espacio para las palancas pues la conscripción se hará por sorteo electrónico desde la Registraduría entre los 80.000 muchachos que están obligados a prestar el servicio cada año. "Será totalmente automático para garantizar absoluta transparencia".

Este servicio social obligatorio, suponiendo que no se utilice para hacer trampa, puede ser una oportunidad excelente para reforzar la red de apoyo social y crear una mayor conciencia cívica entre las nuevas generaciones. En Alemania, por ejemplo, estos jóvenes trabajan en ancianatos, en asistencia a discapacitados y en alfabetización y cumplen una labor clave.

Esto exige, sin embargo, un difícil manejo logístico. El año pasado se graduaron aproximadamente 400.000 bachilleres, que representan menos de la mitad del total de jóvenes de 18 años. La Corporación Opción Colombia, que lleva más de 10 años manejando un programa de universitarios que escogen trabajar en los municipios durante seis meses antes de graduarse, maneja un promedio de sólo 1.000 estudiantes al año por las exigencias logísticas que tiene para hacerlo bien. Eso da una idea del desafío que se le plantea al gobierno. En todo caso este es pequeño frente al reto que se le viene de sacar adelante en el Congreso la democratización del servicio militar. Su discusión será el termómetro de qué tan comprometidos están todos los colombianos con la solución militar al conflicto armado por la que votaron masivamente.