Los seguros de la guerra

Cada vez que la guerrilla quema un camión en las carreteras, dinamita la alcaldía de un pequeño municipio o cobra la vida de un miembro de la fuerza pública al país le duele algo más que el orgullo patrio. Después del impacto que dejan las muertes y los destrozos viene la pregunta acerca de quién responde por los daños que diariamente deja la violencia. ¿Hay algún tipo de seguro que cobije a los policías y soldados que pierden la vida en combate? ¿Quién indemniza a los transportadores por las pérdidas millonarias que les dejan la piratería y los paros campesinos? ¿Cuánto gastan las aseguradoras en el pago de siniestros relacionados con la guerra que azota al país?

Calcular el impacto que la violencia tiene sobre la industria aseguradora implicaría sumar los costos directos e indirectos que se producen anualmente en ramos como el de vehículos, daños y personas. Entre los primeros habría que incluir las indemnizaciones por pérdidas humanas y todos los demás daños físicos cuantificables, como la destrucción de alcaldías, puestos de policía y entidades públicas en las zonas afectadas. Los segundos cobijarían todos los daños al medio ambiente, al patrimonio histórico y cultural destruido en los pequeños municipios, así como a la infraestructura vial y las irreparables pérdidas en capital humano. Y aunque es difícil redondear una cifra exacta las aseguradoras estatales consideran que el costo directo del terrorismo en las carreteras y pueblos del país vale unos 70 millones de dólares anuales, mientras que los costos netos del conflicto armado y de la violencia urbana representan un 3 por ciento del PIB (ver gráfica).

Lo único cierto es que asegurar todos los posibles riesgos que se derivan de la situación de orden público que vive el país es tan costoso y tan mal negocio que el Estado ha tenido que asumir prácticamente solo la mayor parte de esos gastos. El resto recae sobre el conjunto de la economía y sobre el bolsillo de los colombianos, como sucede con las redes de transmisión de energía y los atentados dirigidos contra la infraestructura vial, por citar sólo dos ejemplos.



Carreteras en la mira

El tránsito por las carreteras colombianas se ha convertido en un viacrucis para las aseguradoras estatales. Según Alvaro Escallón, presidente de La Previsora, una de las dos aseguradoras estatales (la otra es Central de Seguros), “durante el año 2000 pagamos más de 20.000 millones de pesos por siniestros en el ramo de vehículos y más de 4.000 millones en el de transportes, la mayoría por actos perpetrados por el ELN”. En el caso de los vehículos, el año 2000 significó para esta compañía la más alta siniestralidad en los últimos 11 años. El promedio anual estaba en el orden de las 480 reclamaciones y pasó a 640, lo que en pocas palabras significa que se dispararon los actos terroristas en las carreteras del país.

Según varios transportadores consultados por SEMANA los grupos guerrilleros tienen claro cuáles son los vehículos más costosos y los persiguen, o bien para incinerarlos o bien para hurtarlos, como es el caso de las 4x4, que han ido a parar a la zona de distensión para movilizar a los guerrilleros de la Farc. “Rara vez incendian vehículos privados, pues en un 90 por ciento de los casos se trata de vehículos de transporte pesado, como camiones o tractomulas”, aclara Escallón.

Vale decir que las pólizas de La Previsora sólo cubren los vehículos que transitan por las carreteras nacionales (aquellas en las que se cobra peaje), sin importar si se trata de un camión o de un carro particular, situación que deja a la buena de Dios a los que transitan por las vías secundarias. Aun así la compañía indemniza a las víctimas de la quema, el terrorismo o los paros campesinos en las principales carreteras del país, algo que ninguna aseguradora privada cubre.

Sin embargo la cobertura en seguros para quienes sufren pérdidas millonarias en las carreteras sigue siendo insuficiente, tal como sucede con el sector transportador, uno de los más golpeados por la inseguridad y el terrorismo. En condiciones normales los seguros cubren eventos como la piratería o los retrasos por fuerza mayor, como un derrumbe en la vía, pero no prevén los paros campesinos, ni los retenes guerrilleros, ni los riesgos que corren conductores o pasajeros indefensos ante los actores armados. “Ante eso se necesita un régimen de excepción para el sector transportador, pues éste opera en medio de la guerra y no en un país en paz. El otro problema es que La Previsora sólo cubre el valor del vehículo pero no el de la carga. No hay que olvidar que las primas han aumentado en 400 por ciento en estos últimos tres años y cada vez son menos las aseguradoras que nos cubren”, sostiene Jaime Sorzano, presidente de la Federación Colombiana de Carga por Carretera (Colfecar).

En efecto, si se descuentan el hurto de vehículos y los llamados “actos malintencionados de terceros”, en los que se incluyen atentados terroristas como los de la bomba contra el centro comercial El Tesoro en Medellín, no pasan de tres las aseguradoras que cubren parcialmente a los transportadores frente a la quema de sus camiones y la pérdida de sus mercancías en las carreteras. La principal razón es que son muy pocas las compañías que respaldan este tipo de siniestros en un país con la situación de orden público que vive Colombia. “Además de ser más caros que en otros países, aquí los seguros no ofrecen todas las coberturas que se requieren para un país en guerra. En un solo siniestro se pueden ir ocho o 10 millones de dólares, eso sin tener en cuenta los costos indirectos, que son mucho mayores”, sostiene William Fadul, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Igualmente, “hay compañías de reaseguros que salen corriendo cuando ven los índices de siniestros en un ramo como el de transportes en Colombia. ‘No le jalamos’, es la respuesta de muchas cuando se les invita a formar parte del negocio”, dice Mauricio García Ortiz, presidente de Liberty, una importante aseguradora privada.

Ante las flaquezas del mercado asegurador y la incapacidad del Estado para cubrir todos los costos que genera la guerra, algunos transportadores han optado por fórmulas conocidas como los “autoseguros”, es decir, la creación de fondos en los cuales los mismos empresarios hacen aportes para cubrir sus riesgos. A pesar de ser menos costosas estas fórmulas implican volver a la Edad Media en materia de seguros.



Heroes caidos

Si hay algo imposible de reparar por más pólizas de seguros que se tomen es la cantidad de vidas que diariamente cobra el conflicto armado y que también tienen un alto costo económico para las aseguradoras.

Según cifras de la Policía Nacional en el año 2000 se produjeron 54 ataques a puestos de policía. En ellos perdieron la vida 140 uniformados mientras que en las filas del Ejército cayeron 280 hombres en combates con grupos irregulares. Para cubrir los pagos de los seguros de vida de los hombres que murieron en el cumplimiento de su deber las aseguradoras estatales pagaron cerca de 17.000 millones de pesos durante el año pasado. “De acuerdo con nuestras estadísticas, estamos hablando de un promedio de 45 policías y 54 soldados cada mes, aunque aquí también se incluyen bajas por delincuencia común, lucha contra las drogas, etc.; sin embargo más del 50 por ciento de esas vidas se pierden en tomas guerrilleras”, explica Alvaro Escallón.

Las viudas y los familiares de los soldados y los policías reciben entre 10 y 15 millones de pesos como indemnización de las aseguradoras estatales, dependiendo de si éstos se acogieron al seguro obligatorio o si hicieron aportes adicionales en el sistema voluntario. En el caso de los soldados y los policías secuestrados las pólizas conceden un margen de cinco años de espera. Si en ese tiempo no se tienen noticias o pruebas de supervivencia de los uniformados se procede al pago del siniestro.



Pais sin seguros

Las cifras que pagan las aseguradoras del sector público para cubrir los daños derivados de la guerra sólo permiten medir una pequeña parte de lo que les cuesta al Estado y a los colombianos sufragarla. El año pasado éstas registraron pérdidas por más de 1.800 millones de pesos solamente en la reparación de las sedes de alcaldías y oficinas de entidades como la desaparecida Caja Agraria, entre otras. Sin embargo estas cifras son insignificantes si se comparan con los daños no asegurados, como los destrozos causados al patrimonio histórico de pequeñas poblaciones y la pérdida de vidas entre la población civil, generalmente campesina, que cae inerme en medio del fuego cruzado.

No menos preocupante es el hecho de que ni la infraestructura vial, ni los puentes, ni los oleoductos ni parte importante del sistema energético están asegurados contra actos terroristas. Los daños que sufran, como se vio en los atentados de las Farc contra las torres de energía a comienzos de este año en Antioquia, no solamente afectan la normal prestación del servicio sino que también se reflejan en las tarifas y en los impuestos.

Del mismo modo, los daños al medio ambiente, las pérdidas en capital humano o las regalías no causadas en sectores como el petrolero superan de lejos los costos de reparar lo que la barbarie destruye. Más triste es saber que si el Estado colombiano quisiera asegurar la vida o las viviendas de quienes viven en zonas críticas, como el Magdalena Medio o los municipios del sur del país, no habría compañías que los cobijaran y, en caso de haberlas, esos seguros serían tan costosos que nadie podría pagarlos.