Los tentáculos de las AUC

La semana antepasada el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez, declaró en la cadena Super: "En un acto de honestidad con el pueblo colombiano, quiero decir que las AUC intervienen directamente en política". Seis meses atrás, 'Jorge Cuarenta', otro poderoso jefe paramilitar, había reconocido públicamente que la alcaldía de Riohacha le desviaba recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), el régimen subsidiado de salud de los más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes que agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.

Lo han dicho a viva voz pero pocos han sabido escuchar: los ejércitos contrainsurgentes que están desmovilizando las autodefensas desde hace más de un año son tan sólo la parte visible del fenómeno paramilitar. Sus tentáculos invisibles son tanto o más dañinos.

Con el apoyo logístico, militar y financiero (con recursos casi ilimitados del narcotráfico) de los jefes de las autodefensas desde el campo, se están tejiendo redes de tipo mafioso en varias ciudades del país, según lo analizó un reciente documento Cede, de la Universidad de los Andes, elaborado por el investigador Gustavo Duncan.

Comparando el fenómeno colombiano con la forma de operar de los mafiosos sicilianos o los japoneses de la yakuza, el documento sostiene que el principal objetivo del proyecto urbano de los 'señores de la guerra' es "producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales" y a la vez "construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales". El grado de infiltración de estos señores de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde el control de las bandas criminales hasta la incursión en la política nacional, pasando por la regulación de ciertas actividades económicas.

Su entrada a las ciudades es generalmente a través de los barrios más marginales, donde la presencia del Estado es endeble y la prestación de los servicios públicos es insuficiente. Las autodefensas entran a estos sectores matando a los ladronzuelos, a los viciosos y a los basuqueros para dar una sensación de seguridad a sus habitantes. Pero sobre todo para ganar el monopolio de la violencia en el vecindario. Eso explica en parte por qué en algunos barrios pobres de Cartagena y Barranquilla, e incluso en algunos sectores de las comunidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar en Bogotá se han disparado los asesinatos, y en cambio han bajado los atracos.

Con esto las autodefensas ganan la legitimidad suficiente para organizar a las comunidades: dan directrices políticas a algunos líderes de acción comunal, conforman grupos de vigilancia con jóvenes, deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del barrio. "Este territorio se convierte en la base popular de las redes mafiosas, donde disponen de asesinos y personal de confianza, votos para las elecciones, refugio contra la justicia y otros competidores, y, en muchos casos, corredores estratégicos que conectan las ciudades con las áreas rurales", dice el documento Cede.

Pero no se quedan allí. Usando todo su poder de intimidación, los paramilitares doblegan o absorben a grandes bandas criminales como ha sucedido en Medellín (ver artículo 'El pacificador') controlando crímenes como el sicariato, el secuestro, o el robo de valores. "Por el robo de una motocicleta que le pertenecía a un conocido de las autodefensas me buscaron para matarme, fue entonces cuando me tocó hablar para quedarme sano y seguir trabajando para ellos", confesó a la Fiscalía 'Jonathan', un testigo clave en una investigación contra las autodefensas en Cúcuta. En Bogotá, según informes oficiales, estos grupos estarían conectados con el desgüese de carros robados.

Para lavar el dinero también han incursionado en la economía lícita. Sobre todo cómo árbitros de aquellos sectores que por estar entre lo legal y lo informal necesitan de alguien fuerte que haga cumplir los contratos. En Valledupar, Santa Marta y Cúcuta es vox populi que los paramilitares controlan muchas de las transacciones del mercado de abastos y regulan a varias empresas de la terminal de transporte. En el mercado de Bazurto, en Cartagena, regulan el negocio de las verduras, el plátano y cobran por sus 'servicios de seguridad'. Y según reportes oficiales, en los barrios Santa Fe y Los Mártires de Bogotá, las autodefensas extorsionan a muchos prostíbulos.

En Barranquilla y Cartagena, tenderos de barrio son asesinados cuando no pagan la cuota de 'protección' ofrecida por las autodefensas. Los paramilitares o sus representantes urbanos también han comprado negocios de alta liquidez, rotación continua de inventarios y en los cuales es difícil de controlar la veracidad de las transacciones declaradas como bombas de gasolina, el negocio de chance, los casinos, la construcción, etc. "En Barrancabermeja sería imposible adelantar una construcción sin antes haber negociado con los grupos de autodefensa que dominan la ciudad", dice el documento Cede.

El máximo nivel de infiltración en las ciudades aparece cuando logran corromper a algunos funcionarios judiciales, de seguridad o del gobierno local. Llegando al corazón del poder 'los señores de la guerra' garantizan impunidad para sus negocios, información de primera mano útil para su protección e influencia sobre decisiones políticas que los afecten.

Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando -por lo menos en las localidades y crecientemente a nivel regional- al mejor estilo de los barones electorales tradicionales, pero apoyándose en el poder de intimidación que les dan las armas.

En las elecciones pasadas por una credencial al Congreso, cobraron a algunos políticos 100 millones de pesos por una curul al Senado, cuando financiar una campaña normalmente supera los 700 millones autorizados por el Consejo Electoral. A cambio de ese dinero, los señores de la guerra garantizaron a sus protegidos que durante la campaña no tuvieran competencia en sus jurisdicciones, y el día de la elección que el pueblo votara masivamente por ellos.

A cambio de ese 'aval', los elegidos se hacen los de la vista gorda ante sus actividades, e incluso han llegado a adjudicarles contratos públicos para sus empresas como ha quedado en evidencia en la escandalosa apropiación del sistema subsidiado de salud (ver artículo siguiente) de varias regiones. Algunos ejemplos dejan ver cómo funciona esta operación. En El Guamo, Bolívar, por ejemplo, cuando dos valientes concejalas liberales presentaron un derecho de petición para ejercer control político sobre el burgomaestre, el alcalde les envió a los paramilitares para obligarlas a renunciar. Ellas optaron por denunciarlo y exiliarse. La Fiscalía capturó al alcalde. En Simití, Bolívar, el comandante de Policía detuvo a dos paramilitares en diciembre de 2003 por portar armas sin salvoconducto. Sin embargo, dos agentes de la estación -que al ser capturados confesaron haber recibido tres millones de pesos mensuales de los paras- lo obligaron a soltarlos amenazándolo con sus armas. A los 15 días el comandante de la Policía fue desaparecido en Cerro Burgos cuando iba al grado de su hijo.

Las causas de esta creciente infiltración paramilitar son las mismas de la mayoría de males del país: la debilidad del Estado, la democracia deslegitimada por un sistema político clientelista que termina sirviendo a los intereses de unos pocos y la eterna impunidad reinante. El primer termómetro de qué tan lejos han llegado, será en unas semanas cuando el proyecto de justicia y paz llegue a las plenarias. De los votos de los congresistas dependerá que el proceso con los paramilitares no se limite a desmovilizar la cara visible de las autodefensas sino que apunte a desmontar su creciente control clandestino de sectores clave del país.