Los tres proyectos en riesgo de quedar como ‘elefantes blancos’ pese a tener un avance del 90 %; la Contraloría les puso la lupa

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la situación de tres proyectos en el departamento del Amazonas, los cuales tienen un avance técnico superior al 90 % y están en riesgo de convertirse en ‘elefantes blancos’.

1. Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Uno de estos proyectos es la nueva infraestructura para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuyo costo inicial fue de $31.797 millones y $1.780 millones de interventoría, y ha tenido dos adiciones por valor de $7.794 millones, con un costo actual de $41.332 millones provenientes de regalías.

A pesar de que el proyecto presenta un avance de ejecución financiera del 97,02 % y físico del 97,27 %, tiene varias falencias, como la falta de servicios públicos, inundaciones y goteras en temporada de lluvias, falta de acabados, grietas, filtraciones y humedad en los salones, entre otras.

Además, el colegio está en funcionamiento, pero la población estudiantil no cuenta con agua potable ni conexión energética. También, las barandas instaladas en el segundo piso de la institución educativa presentan un riesgo para los estudiantes que cursan tercero y cuarto de primaria, debido a la falta de malla de seguridad.

La administración departamental ha manifestado que está evaluando la posibilidad de rescindir el contrato debido a las anomalías presentadas por el Grupo Empresarial Líbano S. A. S.

2. Proyecto energético con suspensiones y prórrogas

Otro de los proyectos en riesgo es el de “Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica”, que fue suscrito por la administración departamental con el Consorcio Amazonas en 2015 con el objetivo de abastecer de energía eléctrica a las comunidades indígenas de Macedonia, San Martín de Amacayacu y 20 de Julio, en el municipio de Puerto Nariño.

Este proyecto tiene un avance técnico del 68,74 % y le restan solo cuatro meses para la entrega final de la obra. Tuvo un costo total de $29.736 millones, incluyendo adiciones por $2.866 millones y un valor inicial de $26.869 millones. Sin embargo, ha tenido 7 suspensiones, 17 ampliaciones y 8 prórrogas avaladas por la interventoría, principalmente debido a la reubicación del lote adjudicado en la comunidad indígena de Macedonia, lo que ha conllevado ajustes integrales en los estudios y diseños.

De acuerdo con la Contraloría, a pesar del interés de la administración departamental en entregar la obra a las comunidades indígenas, el proyecto se encuentra suspendido desde septiembre de 2022 debido a la falta de recursos para finalizarlo, por diferencias jurídicas y administrativas entre la administración y el contratista.

3. Muelle fluvial de pasajeros

El tercero se trata del contrato de obra suscrito en noviembre de 2018 con la unión temporal Faro. Tenía un plazo inicial de ejecución de 12 meses y a la fecha ha tenido 3 suspensiones, 22 ampliaciones y una prórroga.

El proyecto, que beneficiará a 55.355 habitantes de Leticia y Puerto Nariño, tiene un valor de $13.671 millones, de los cuales $12.600 millones corresponden al contrato de obra y $1.071 millones a interventoría.

La obra se encuentra suspendida desde el 18 de octubre de 2021 debido a que se deben realizar ajustes técnicos a los estudios y diseños iniciales. El proyecto se encuentra en un proceso de ajuste técnico y presupuestal ante el Sistema General de Regalías.

Pese a que la obra debió ser entregada el 4 de diciembre de 2019, el avance físico es de tan solo el 14 %, mientras que el financiero es del 50 %.

Actualmente, la administración municipal está tramitando un proceso sancionatorio por el anticipo, el cual está para fallo.

Procesos de responsabilidad fiscal

Por otra parte, durante una auditoría de cumplimiento a la gestión llevada a cabo en el departamento del Amazonas, con respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) ejecutados en los años 2020 y 2021, la Contraloría General de la República encontró un total de 14 irregularidades administrativas, 14 disciplinarias, 4 penales y una que dará lugar a una investigación preliminar. Además, ocho hallazgos fiscales con un valor de $9.245 millones.

Estos problemas llevaron a la apertura de ocho procesos de responsabilidad fiscal, correspondientes a contratos relacionados con proyectos como la mejora del Acueducto de Tarapacá, la construcción del acueducto de Puerto de Santander, la mejora del sistema de alcantarillado de Puerto Arica y la mejora del sistema de acueducto y alcantarillado de Puerto Santander.