Los venezolanos llegaron para quedarse

YANIELA SILVA, UNA VEnezolana de 23 años, llegó a Colombia con su hermano Eloy, de 22 años, después de vender todo lo que tenía en su país para costear el viaje desde Valencia hasta la frontera. Le pagó a un hombre para que la pasara por una trocha y gastó el dinero que le quedaba en un bus que –pensó ella– los llevaría de Cúcuta a Medellín. Terminó en Bogotá sin un peso, sin pasaporte y sin nadie a quien acudir. Pero decidida a quedarse. “Porque para Venezuela no quiero ir. Ni a palo. Eso es de terror allá”.

Para miles de migrantes venezolanos, al igual que para Yaniela, lo más duro no es cruzar la frontera, sino sobrevivir en la ciudad.

De acuerdo con cálculos del Proyecto Migración Venezuela*, unos 408.200 venezolanos –más de la mitad del total– llegaron el último año y tienen la intención de quedarse al menos por seis meses. El cálculo surge de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane que a julio de este año estima que, de estos, el 25 por ciento se encontraba en Bogotá. Es decir, uno de cada cuatro venezolanos que tenía el objetivo de instalarse temporalmente en Colombia había decidido hacerlo en la capital del país.

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Se sabe que esta es una cifra imperfecta porque cada día más los venezolanos cruzan la frontera. Christian Kruger, director de Migración Colombia, cuenta que, según los últimos registros de entradas y salidas de los puestos de control fronterizo, un promedio de entre 50.000 y 60.000 se quedan en el país todos los meses.

Para ellos, las principales ciudades son las más atractivas. “Muchos de los migrantes que llegaron el año pasado tenían un familiar o un conocido. Lo que estamos viendo es que hoy ya no tienen ese arraigo y terminan en las ciudades porque consiguen más fácilmente un trabajo que les dé recursos para sobrevivir y enviar remesas a Venezuela”, explica.

Un reto sin precedentes

Valdete Willeman dirige la Fundación de Atención al Migrante (Famig) de la arquidiócesis de Bogotá, que tiene un hogar de paso al que llegan unas 50 personas cada semana. Cuenta que la mayoría son jóvenes venezolanos con hijos. “No tienen el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y tampoco tienen un pasaporte sellado, entonces, las dificultades para ellos son grandes”, cuenta. El PEP es un documento creado por el gobierno en 2017 para regularizar de forma temporal la situación de los venezolanos que contaban con un pasaporte. Tiene una vigencia de dos años y permite trabajar, afiliarse al sistema de salud, matricularse en instituciones de educación pública y abrir una cuenta bancaria. Pero el plazo para que los migrantes sacaran este permiso terminó el 7 de junio y desde entonces el gobierno no ha vuelto a habilitar esta vía. En ese momento, había expedido 181.472 en todo el país; un número muy pequeño teniendo en cuenta que para la misma fecha Migración Colombia calculaba que ya había 935.000 venezolanos. Esto quiere decir que no solo muchos de los que estaban aquí en ese momento se quedaron por fuera, sino que hoy un venezolano que tenga pasaporte, pero esté hace más de tres meses en Colombia no tiene cómo regularizar su situación migratoria.

“Debemos actuar de manera responsable. Mal haríamos en regularizarlos a todos porque esto solo multiplicaría el fenómeno de Venezuela en otros países”, sostiene Kruger. Afirma que están trabajando en una ley migratoria nacional para flexibilizar las normas, y están hablando con otros países de la región para que reciban a los migrantes. “No es un fenómeno de Colombia, Perú o Ecuador. Todos estamos llamados a responder”.

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Conscientes de la magnitud del fenómeno, en septiembre la Alcaldía de Bogotá anunció la creación de una gerencia dedicada a atenderlo, con el fin de articular una serie de medidas sociales que hoy son responsabilidad de distintas dependencias. Además, el alcalde Peñalosa informó sobre la apertura de una oficina en la terminal de Salitre para orientar a los migrantes recién llegados, y la habilitación de al menos 50 albergues temporales en la ciudad. Estas medidas están pensadas para atender temporalmente a los venezolanos que llegan sin dinero y sin documentos. Pero no resuelven su principal problema: integrarse a la sociedad legalmente. Cristina Vélez, secretaria de Integración Social, ha estado al frente de este tema desde sus inicios y afirma que la ciudad está respondiendo, mientras esperan que el gobierno nacional regularice a los migrantes.

Reconoce, sin embargo, que la respuesta del Estado va a un ritmo mucho más lento que la llegada de migrantes. “Siendo muy eficientes, nos demoramos un mes haciendo el traslado presupuestal entre proyectos para poder atender la situación a toda velocidad. Pero un mes significa que pasamos de tener 220 a 390 personas en el bosque –el sector cercano a la terminal de transportes de Salitre donde acampan los venezolanos–”, ilustra. A largo plazo, el gobierno local apuesta por los Centros de Atención e Integración al Migrante en los que se les dará información sobre la oferta institucional en salud, educación y asesoría jurídica, entre otros. El primero está siendo adecuado en Teusaquillo y debe abrir sus puertas este mes.

Las oportunidades

Los bogotanos deben dejar de ver a los migrantes venezolanos como un problema. La mayoría vive en las localidades de Bosa, Suba y Kennedy. Luis Torres y José Daniel Gómez llegaron a comienzos de este año y trabajan como mecánicos en un taller. “Nuestras jornadas son de más de 12 horas”, cuenta Daniel. Ganan un poco más del mínimo, pero solo se gastan unos 100.000 pesos en comida y otros 180.000 pesos en el alquiler de la pieza que él comparte con otros tres familiares. El resto lo manda a Venezuela. “Yo no vine aquí a pasear, a pasarla rico. Vine porque allá las cosas realmente son insoportables”, dice Luis.

Para Cristina Vélez integrar a los venezolanos sin despertar recelo entre los colombianos es probablemente el reto social más grande que va a vivir la capital en mucho tiempo. “Bogotá es una ciudad que se está envejeciendo y la posibilidad de tener migrantes jóvenes ya formados es un regalo demográfico. Pero tenemos que generar unas ayudas mínimas para integrarlos y no crear más problemas”.

Identificar las oportunidades que trae consigo este fenómeno pasa por reconocer que, al final, este es un tema humanitario que le compete a toda la sociedad. Como señala la filósofa española Adela Cortina –quien acuñó el término aporofobia para hablar sobre el rechazo a los inmigrantes pobres–, “Uno de los retos del siglo XXI es la crisis de refugiados políticos e inmigrantes pobres que han cobrado proporciones inusitadas y ponen a prueba nuestro sentido de la justicia”.

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Otras experiencias similares han mostrado que solo un tercio de los migrantes regresan a su país de origen, por lo que Mehmet Ozkan, experto en migración y profesor de relaciones internacionales en Turquía, recomienda decidir qué hacer con los venezolanos y construir un discurso frente al tema. “Es un reto para Colombia y a la vez, es una oportunidad para reorganizar el Estado, las instituciones y el sistema”, afirma.

*Esta publicación hace parte del Proyecto Migración Venezuela, una iniciativa de SEMANA RURAL con el apoyo de SEMANA y Usaid. Espere su lanzamiento en noviembre