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| 3/14/2018 11:46:00 AM

Ante la ONU, Colombia propone cambios en la evaluación de la lucha antidroga

Ante la Comisión de Estupefacientes, en Viena, el vicepresidente Naranjo pidió que no solo se cuenten las hectáreas cultivadas, sino que se valore la voluntad política, los esfuerzos fiscales y la disminución de la violencia en los territorios.

Lucha antidrogas: propuestas de Colombia a la ONU Ante la ONU, Colombia propone cambios en la evaluación de la lucha antidroga

En medio de la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, Colombia propuso una transformación en el enfoque que se usa para medir el trabajo de los países en la lucha antidrogas. El escenario es clave, pues esa reunión es la más importante para definir las políticas contra el narcotráfico en el mundo, y Colombia llegó con el antecedente que las mediciones de la misma organización identificaron el año pasado: el incremento en un 52% de los cultivos ilícitos en el país.

La evaluación de la labor de cada país contra las drogas es relevante porque de ella se desprende la magnitud del apoyo internacional que recibe para el mismo fin. Hasta ahora, el parámetro de medición ha sido la disminución o el aumento de los cultivos ilícitos. Colombia se rajó el año pasado en ese rubro, y eso derivó en una ofensiva de erradicación ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, quien trazó como meta la eliminación de 100.000 hectáreas de coca en un año.

“La medición del desempeño de los Estados, y es nuestra propuesta hoy en esta asamblea, debería ser multidimensional. Esto nos permitirá salir del viejo paradigma de que el éxito o fracaso depende de la cantidad de droga que se produzca o el volumen de droga que se consume", dijo el vicepresidente, el general Óscar Naranjo, en medio de la cita que reúne a los representantes de los 53 países miembros de esa comisión.

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La propuesta que evaluación que llevó Colombia a Viena incluye la voluntad política de cada país para enfrentar el narcotráfico, y el reflejo de esa determinación en las políticas públicas que implementa. Para Naranjo, en ese punto es necesario establecer si el andamiaje institucional que se construyó para la lucha antidroga del siglo XX es suficiente ahora, o si debe ser transformado.

El vicepresidente señaló como otro parámetro de calificación la forma como se integra la sociedad civil a la lucha antidrogas. Y puso como ejemplo el caso colombiano en el que, dijo, el costo en víctimas demostró que actores diversos deben involucrarse para que el esfuerzo no sea infructuoso.

Otros de los puntos de revisión de la propuesta colombiana son el esfuerzo fiscal de cada país contra el narcotráfico y la relación de esa lucha con la disminución de la violencia en los territorios más golpeados por ese crimen. “Nuestros logros en razón del número de capturas, de desmantelamiento de organizaciones criminales y de incautación de cocaína especialmente, han batido los récord históricos en los últimos años", dijo Naranjo.

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El fondo de la propuesta no solo apunta a los términos de evaluación de la lucha antidrogas, sino que a partir del cambio de concepción de lo que es el éxito o el fracaso en esa materia, se cambien también los enfoques de las políticas, para que se incluyan además de las apuestas policivas, las de derechos humanos y salud pública.

Esa es una transformación que en Colombia está en marcha, sobre todo después de lo pactado en el apartado de cultivos ilícitos en los acuerdos de La Habana. Sin embargo, aún hay muchos pendientes en la materia. Por ejemplo, el balance que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) le hizo a la sustitución de cultivos durante el 2017, indica que las tasas de homicidios en los municipios con sembrados de coca aumentó en un 11% y que la respuesta del Estado se ha enfocado más en el incremento del pie de fuerza en esas áreas que en la construcción de un modelo de seguridad rural.

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El informe también evidencia otras debilidades, como que la inversión de recursos ha sido insuficiente, especialmente en la obras de infraestructura, como las vías terciarias que necesitan esos municipio. Pero también da cuenta de avances, como que los recursos de la sustitución han llegado a las familias cultivadoras, y que esas mismas están cumpliendo a la hora de abandonar la coca. La FIP también resalta el programa que se está ejecutando en las zonas de cultivo para formalizar la propiedad de la tierra entre sus habitantes.

La intensificación de la erradicación de cultivos en el último año en el país ha evidenciado la complejidad de la tarea, y todas las variantes que deben ser atendidas. Por eso, la propuesta de Colombia es que esa complejidad, y no solo la cantidad de hectáreas sembradas, también sea evaluada a la hora de establecer el éxito o el fracaso de la lucha antidrogas.

EDICIÓN 1884

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