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Carlos Mario Jiménez - Foto: Migración Colombia

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Macaco, otro exjefe narcoparamilitar que hace fila para entrar a la JEP

"Soy consciente de que no me alcanzará la vida para solicitarle a las víctimas que me concedan el perdón", asegura el exjefe del Bloque Central Bolívar en una carta. ¿Tiene chance?

Macaco se suma a la larga lista de excomandantes de las autodefensas que tocan las puertas de la Jurisdicción Especial de Paz. Este miércoles, a través de un comunicado, Carlos Mario Jiménez, su nombre de pila, hizo público el interés que tiene de someterse al sistema de justicia transicional que se encargará de juzgar y sancionar los delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado. 

"He regresado a mi país para trabajar por la verdad plena, la reconciliación y la paz estable. Mi único propósito es resolver mis pendientes con la justicia, toda vez que fui promotor y financiador de grupos de autodefensas y que mis versiones en Justicia y Paz se vieron interrumpidas por mi extradición", asegura el exjefe del Bloque Central Bolívar.

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No hace más de dos días que el exparamilitar, que acaba de purgar 11 años de prisión en Estados Unidos regresó deportado al país después de pagar su condena. Jiménez es el narcotraficante señalado de haberle comprado a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, el Bloque Central Bolívar (BCB) de las autodefensas para ser cobijado por el proceso de paz con ese grupo y que se adelantó durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

Macaco fue extraditado a Estados Unidos en 2008, junto a otros jefes de las AUC. En ese país fue condenado a 33 años de prisión por tráfico de drogas, pero gracias a su colaboración con las autoridades gringas solo estuvo 11 años y el pasado fin de semana fue liberado y deportado a Colombia. Sin embargo, a su arribo al aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Fiscalía lo capturó para que responda por sus crímenes cometidos en el marco del conflicto. 

De acuerdo con los cálculos más conservadores, Macaco tenía bajo su mando a aproximadamente 6.000 combatientes y su estructura armada tenía presencia y control en 10 departamentos. Según su propio relato, hacia 1996 compró dos predios que más adelante se convirtieron en las bases paramilitares que operaban en la región del Bajo Cauca y con eso casi que selló su afiliación al Bloque Central Bolívar. 

Pero más allá del poder territorial y militar, la importancia de Macaco radicaba en que era él quien dominaba el negocio del narcotráfico en las AUC. Él y sus hombres controlaban el negocio en el Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, bajo Putumayo y el Catatumbo. Además, tenía estructuras armadas al servicio del narcotráfico en el Eje Cafetero, Magdalena Medio, Santanderes, Caquetá, Nariño y Arauca.

Sus orígenes en el tráfico de drogas estuvieron ligados al cartel del norte del Valle, en particular a Hernando Gómez, alias Rasguño, quien le presentó a Vicente Castaño, el hombre que tenía la tarea de expandir las AUC por todo el país, vendiéndoles franquicias a los narcotraficantes. Macaco se interesó en la idea de hacerse paramilitar. En poco tiempo se enfundó en un camuflado, se puso el alias de Javier Montañés y se convirtió en el principal comandante del Bloque Central Bolívar. Ese mismo bloque que antes estaba en poder de Carlos Castaño y que había copado a punta de masacres y asesinatos en Barrancabermeja y desde allí, todo el sur de Bolívar y una parte importante del Magdalena Medio.

Sin embargo, quedó por fuera del proceso de Justicia y Paz luego de que a Fiscalía solicitó su expulsión del mismo basándose en la sentencia condenatoria a 33 años que profirió el Tribunal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) por el delito de narcotráfico. Para la Fiscalía, esta aceptación de cargos dejaba claro que violó la Ley de Justicia y Paz, puesto que siguió delinquiendo durante un año y medio más, es decir, entre marzo del 2006 y septiembre del 2007, cuando ya era desmovilizado. 

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Macaco era un narco puro, pero tras el proceso de reinserción adelantado por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, logró mimetizarse en el proceso de paz con las autodefensas y así gozar de los beneficios jurídicos que otorgaba la desmovilización. Así que el 12 de diciembre del 2005 dejó las armas en la vereda San Cristóbal, municipio de Remedios (Antioquia). Lo hizo junto con otros 1.922 miembros de su supuesta estructura. Tan solo tres años después fue extraditado a Estados Unidos.

A pesar de que hasta ahora la JEP no se ha pronunciado oficialmente sobre qué tanta cabida tienen los exjefes paramilitares en el sistema de justicia transicional, lo cierto es que con el tiempo la lista de interesados crece. Salvatore Mancuso, que cumple una condena a 15 años y 10 meses de prisión en una cárcel de Estados Unidos, es otro de los que manifestó su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  Según explicó su abogado, Jaime Alberto Paeres, en declaraciones a La FM, Mancuso considera que esa jurisdicción le da mayores garantías, y por eso se acogió a ella, pero, pese a ello, su proceso ante Justicia y Paz seguirá adelante.

"En el pasado causé mucho dolor y sufrimientos a las víctimas. Soy consciente de que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento. En efecto, regresé con un compromiso inamovible con la promoción de la reconciliación y la paz entre los colombianos, reparar a las víctimas, comparecer ante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas", agrega en la misiva divulgada este miércoles. 

¿Tiene chance?

No basta con acreditar un voluminoso prontuario ni amplio historial criminal para postularse y ser admitido por la Jurisdicción Especial de Paz. El tribunal de justicia transicional tiene solo tres puertas de acceso: la primera está reservada para exintegrantes de grupos guerrilleros que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Estado. Hasta ahora la única organización de esa naturaleza son las extintas Farc. A la fecha 9.700 excombatientes de esa guerrilla han suscrito actas de compromiso que es primer paso para empezar el proceso ante la JEP. La segunda puerta es exclusiva para miembros de la fuerza pública (militares y policías), allí se contabilizan 1.973 personas con esa procedencia que han suscrito actas de compromiso. Y finalmente están los llamados agentes del Estado (exintegrantes del DAS, por ejemplo) y terceros civiles que se someten de forma voluntaria. De momento este grupo no llega a las 50 personas.

Es claro que los exparamilitares que suscriben la carta pidiendo pista en la JEP lo que buscan es hacerse con los favorecimientos judiciales que contempla la misma justicia transicional. Allí ven una oportunidad de aliviar las penas que les ha impuesto la justicia, pero por eso precisamente es remota e improcedente su admisión. Más cuando ya se acogió a  Justicia y Paz. En ese sentido, se presume que difícilmente cumple con los requisitos que impone la JEP. Así las cosas, son remotas las posibilidades de que sea admitido en la Jurisdicción Especial de Paz.