Magistrada les da tres días a concejales de Bogotá para que expliquen por qué hundieron el POT

El sábado pasado, con ocho votos en contra y cinco a favor, el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial se hundió en la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá. Los concejales que votaron de manera negativa argumentaron su voto diciendo que en el POT las reservas y los cerros de la ciudad quedarían desprotegidos, ya que se permitiría "el endurecimiento de los mismos con la construcción de senderos, miradores y alamedas".

También señalaron que la Secretaría de Planeación, encargada de construir esta hoja de ruta que define cómo se debe construir en la ciudad por los próximos 12 años, "no había tenido en cuenta las cifras actualizadas del Dane y se proponía construir más viviendas de las que se necesitaba". 

Sin embargo, estas razones no fueron suficientes para la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien ordenó que, en un plazo de tres días máximo, el Concejo debe responder en un informe cuáles fueron "las razones técnicas y jurídicas que se tuvieron en cuenta para no aprobar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial". La encargada de hacer dicho informe será la presidenta de la corporación, Nelly Patricia Mosquera.

El argumento de la magistrada Villamizar es que al no modificar el POT se está incumpliendo con la sentencia del Consejo de Estado que desde el 2014 ordenó salvar el río Bogotá. Desde mayo pasado, los municipios por los cuales atraviesa el río, entre ellos Bogotá, tenían un año de plazo a partir de la expedición del Plan de Manejo del Río (Pomca) para adecuar sus POT a la decisión judicial. En ese sentido deben incluir las variables ambientales, de cambio climático y de gestión del riesgo asociados.

En los debates del POT que se vieron en el cabildo la revitalización del río Bogotá no fue uno de los temas de controversia. 

Villamizar fue la magistrada que falló en primera instancia la sentencia que ordenó salvar el río Bogotá en 2004 y fue designada en 2014 por el Consejo de Estado para hacerle un detallado seguimiento al cumplimiento de ese fallo en segunda instancia.

Ella es la misma que se vio envuelta en una polémica tras haber ordenado a la CAR “aprobar y acoger completamente” el plan de realinderar, recategorizar y sustraer una parte de la reserva Thomas van der Hammen.