Magistrados en pie de lucha por equilibrio de poderes

Frenteal  Palacio de Justicia todos los días hay una protesta distinta. A veces llegan los maestros, otras veces los sindicatos, los indígenas o los gais. Van por lo general a exigir que la corte les reconozca la salud, la pensión o el trabajo. Pero lo que nunca se había visto era que quienes salieran a protestar en las puertas del edificio fueran los mismos magistrados.

Eso fue lo que pasó el jueves pasado a mediodía. Un letrero enorme colgaba de las vigas que sostienen la principal sede de la justicia: “Reforma sí, pero no así”, decía. Al lado, unos pocos magistrados de las altas cortes y muchos más de los tribunales daban un discurso poco usual para la ponderación y la cautela que caracterizaba ese recinto.

El magistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren habló sin tapujos. La reforma, para él, significa “la destrucción de un poder público… un golpe de Estado”. La mayoría de sus colegas no bajaron a la protesta y en privado algunos dicen que lo que han hecho las cortes para tumbar el equilibrio de poderes es una vergüenza para la majestad de la Justicia. Gómez de hecho no es el vocero de ellos, pues en ese organismo solo habla el presidente, y Luis Rafael Vergara no quiso tomar el liderazgo de la manifestación.

La verdad es que las cortes han hecho de todo para tumbar esa reforma. La pelea ha sido a muerte desde que la senadora Claudia López propuso hace unos meses una Comisión de Aforados con dientes que podía juzgar a los magistrados sin el antejuicio político. El fiscal Eduardo Montealegre la calificó en ese momento como la “segunda toma del Palacio de Justicia”, y llamó a los magistrados, jueces y fiscales a que “salgan a las calles a hacer protestas”, lo cual finalmente sucedió la semana pasada.

La cúpula de la Justicia ha enfrentado la reforma a las buenas y a las malas. En las primeras ha enviado serios documentos, ha participado en foros, ha asistido a las reuniones con el gobierno y con el Congreso. Pero también ha hecho realidad el adagio popular de que “las peleas son peleando”. Durante los siete debates que lleva la reforma se ha dicho que ciertos magistrados, por ejemplo del Consejo Superior de la Judicatura, les han hecho –en términos del presidente Santos– ‘coqueteos’ a los congresistas; tanto así que pidieron crear cerca de 600 puestos adicionales que finalmente no les aprobaron. Usaron la seducción y la coacción, pues también se dijo que les recordaron a varios congresistas los más de 250 procesos penales abiertos que tienen contra ellos. Otros, que hilan más delgado, interpretan que el fallo que suspendió la venta de Isagén o el que tumbó las áreas estratégicas mineras puede ser una retaliación al gobierno.

El punto de quiebre de este tire y afloje fue la carta que enviaron junto con el fiscal al Congreso hace unas semanas, en la que pidieron no solo que archivaran el proyecto, sino una Asamblea Constituyente para la justicia, y de una vez para refrendar la paz con las Farc. La propuesta cayó muy mal pues dejó la sensación que actuaban más como un gremio en busca de proteger sus propios intereses que como los dueños de la balanza de la justicia del país.

Pero la carta tuvo el efecto contrario. Nunca antes extremos distantes del Congreso se habían unido para apoyar una iniciativa del gobierno. La reunión de Horacio Serpa, José Obdulio Gaviria, Claudia López, David Barguil y Horacio Serpa dejó no solo una foto histórica, sino que garantizó el empujón que le faltaba a la aprobación del proyecto.

A los magistrados les molesta sobre todo el Tribunal de Aforados, esa especie de supercorte que podrá enviar sus casos directamente a un juicio penal en la Corte Suprema. Pero lo cierto es que la reforma equilibró el poder sobre todo en la Justicia. Prohibió el ‘yo te elijo, tú me eliges’ que había permitido la creación de las llamadas camarillas que se tomaron las cortes. Restringió la posibilidad de que los magistrados saltaran a otros cargos, algo que es muy frecuente; por ejemplo el procurador fue consejero de Estado y el fiscal, magistrado de la Corte Constitucional. Y sobre todo, les quitó el enorme poder político de elegir procurador, registrador y contralor.

Salvo esos puntos, los demás han sido objeto de un intenso proceso de negociación con el gobierno y el Congreso. Al Ministerio de Justicia llegaron 200 propuestas de la rama, muchas de las cuales se incluyeron. Con una dificultad adicional y es que lo que le gusta a un magistrado no necesariamente lo comparte el otro. El gobierno cedió en varios puntos. Por ejemplo se eliminó la norma de un quórum mínimo para elegir magistrados (quedó que ellos lo arreglaban en su reglamento), se bajaron algunos requisitos para acceder al cargo, se disminuyó a un año la inhabilidad para litigar, entre otros. Y es muy probable que en el octavo y último debate se incluyan otras sugerencias como la doble instancia en los procesos ante la Comisión de Aforados.

La reforma muy probablemente se aprobará la semana que viene. El gran interrogante se centra en lo que puede hacer esta rebelión de magistrados en el futuro. El fiscal y algunos de los togados desde ya sostienen que la demandarán. Argumentan que esta tiene todo tipo de vicios de procedimiento. Advierten que “sustituye la Constitución”, que es el argumento por el cual se cayó la segunda reelección de Uribe. También dicen que se violan los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad. Todo esto lo tendrá que estudiar la Corte Constitucional, que enfrentó en medio del trámite de esa reforma la peor crisis de su historia.

Aunque la demanda al acto legislativo es el camino más viable, no será el único. Otros magistrados sostienen que pueden venir demandados por pérdida de investidura, tal y como pasó con los conciliadores de la reforma a la Justicia que se cayó en 2012. Argumentan que en el trámite 74 senadores tenían conflicto de interés porque tienen procesos abiertos en la Corte Suprema. Esto ha asustado a muchos congresistas, pero no tiene mucho peso jurídico. Como todos se declararon impedidos al comienzo del trámite, pero el Congreso no les aceptó los impedimentos, su votación en las sesiones no era opcional.

Otro punto que ha caído mal es el mensaje de ligar el futuro de la reforma al del proceso en La Habana. “Se trata de una amenaza nacional a la paz, a la dignidad y a la vida en democracia entre los colombianos”, sostuvo el consejero Gómez. Como la Corte Constitucional es quien tiene que estudiar la ley estatutaria del marco para la paz y la Corte Suprema es la competente para aplicar la justicia en los casos concretos, estas frases se han interpretado como una amenaza de las cortes al gobierno.

Tan fuerte ha sido el encontrón entre el gobierno y las altas cortes que hay quienes dicen que la reforma le quitó mucho poder a la Rama Judicial, mientras que a los políticos se los dejó intacto. Pero la verdad es que sí se aprobaron temas relevantes y se hicieron cambios. Eliminó la reelección presidencial, un paso trascendental y en el que hubo consenso desde el principio. Cambió la forma de elegir al contralor, pues si se aprueba sería escogido por el Congreso en pleno por cuatro años. Aumentó la silla vacía contra delitos de corrupción, narcotráfico y pertenencia, promoción o financiamiento de grupos armados al margen de la ley. Permitió las listas cremallera, dando paso a una mayor equidad de género en las listas de candidatos a los partidos.

Sin embargo, dejó el voto preferente, y de aprobarse reviviría la propuesta del Senado regional donde se le dan 11 curules a los departamentos con menos de 500.000 habitantes. Además renacería el artículo que tumba parte del régimen de inhabilidades de los congresistas: podrán renunciar para ser nombrados ministros o embajadores sin tener que esperar un año. Algo que para muchos es igual a mantenerles el mismo poder a los congresistas, permitiéndoles saltar del Legislativo al Ejecutivo sin el menor freno. En todo caso, si en el octavo y último debate no hay contratiempos, el país tendrá una reforma política y de la Justicia, equilibrada para unos y desbalanceada para otros.