Mal comienzo

COMO SE VEN LAS COSAS hoy, es bastante probable que los próximos alcaldes de Medellín y Cali sean conservadores. Dadas las mayorías que el liberalismo tiene en esas dos ciudades, para que esto sucediera era necesario meter la pata muchas veces. Y se logró. El proceso se produjo por un intento de introducir un nuevo mecanismo para seleccionar los candidatos oficiales del Partido Liberal: la utilización de una encuesta de opinión pública.
El argumento detrás de esta iniciativa es que, aunque la consulta popular está consagrada en la ley, en la práctica son demasiadas las complicaciones para su aplicación. Hacer una consulta interna de un partido para medir por voto popular las preferencias de sus militantes es igual de difícil a organizar unas elecciones. Requiere la colocación de urnas de votación en todo un territorio, distribuir papeletas con los nombres de los candidatios o repartir tarjetones, promover publicitariamente las elecciones y controlar el fraude, tanto en la votación como en el conteo. Esta ciencia, que no ha sido totalmente perfeccionada por el Estado colombiano después de dos siglos de democracia, difícilmente puede funcionar mejor en manos de los dirigentes regionales de un partido. Por esto la consulta popular siempre ha sido más fácil en la teoría que en la práctica. En Colombia sólo ha operado cuando se ha hecho coincidir la consulta interna de partido con unas elecciones nacionales.
Ese fue el caso del triunfo de César Gaviria sobre Hernando Durán y sobre Ernesto Samper en la selección del candidato liberal a la Presidencia de la República. Se trataba de unas elecciones parlamentarias y en la misma urna en que se votaba por congresistas se agregaba la preferencia, por el candidato liberal. Este mecanismo ha sido considerado válido en Colombia, pero su aplicación requeriría de una elección para corporaciones públicas antes de la elección de alcaldes, de gobernadores o de presidente. A pesar de que con este mecanismo no se impide que personas de otros partidos intervengan en la consulta interna de otro, el hecho es que refleja realidades electorales que permiten evitar divisiones.
El problema a nivel municipal es que no hay elecciones a concejos y asambleas inmediatamente antes de las de alcaldes. Por lo tanto, la consulta popular tiene que ser llevada a cabo por el propio partido, y es ahí donde la cosa se ha complicado. Por esto, la Dirección Liberal Nacional decidió tratar de emplear un mecanismo alterno: la encuesta.
A pesar de que los sondeos de opinión generalmente despiertan escepticismo, es un hecho que realizados en ciertas condiciones y bajo ciertos parámetros, las encuestas reflejan realidades electorales con gran exactitud; Todo depende de la firma encuestadora, del tamaño de la muestra y de que se haga una auditoría para supervisar el proceso. Como todos los políticos son conscientes de que lo anterior es cierto, la Dirección Liberal trató de llevar a cabo un proceso en este sentido que tuviera las garantías de profesionalismo y seriedad necesarias.
El primer experimento fue en Cali. Se decidió preguntar a todos los aspirantes, que eran 11, si estaban dispuestos a someterse a los resultados de una encuesta cuya modalidad de operación fuera acordada con ellos. Todos estuvieron de acuerdo. Se convino entonces en que el encuestador fuera Napoleón Franco, cuya firma es considerada, junto con el Centro Nacional de Consultoria de Carlos Lemoine, las dos de mayor credibilidad en el país. Se discutieron aspectos técnicos como el tamaño de la muestra y las fórmulas para evitar el fraude. Finalmente se llegó a un acuerdo y el 24 de enero todos los aspirantes a la alcaldía de Cali firmaron un documento mediante el cual se comprometían a respaldar al candidato que ganara la encuesta. Cada uno de los precandidatos puso un millón de pesos para fimanciar el costo del sondeo, que era del orden de los 12 millones de pesos. El saldo y los otros gastos corrieron por cuenta de la Dirección Liberal Nacional. La muestra consistió en 3.134 entrevistas repartidas en 270 de los 350 barrios de Cali. Se contrataron 90 entrevistadores y 20 coordinadores. Se contrató a la firma Opinión Pública, de Ana Fernanda Urrea, como auditora de la encuesta con el fin de avalar su seriedad y su imparcialidad. Terminado todo este proceso, se decidió que el resultado sería divulgado en el Concejo por medio de la apertura de un sobre lacrado, cuyo conocimiento Sólo lo tendrían la firma encuestadora y la firma auditora. En medio de gran expectativa tuvo lugar una ceremonia sin antecedentes en Colombia. Un grupo de 11 dirigentes, la mayoría de ellos curtidos en las lides políticas tradicionales que incluyen maquinaria, plata, buses, medios de comunicación y burocracia, fueron sometidos a estar sentados como niños de colegio en sesión solemne, esperando a ver cuál había quedado como el primero de la clase.
Tras una tensión digna de final de reinado de belleza, la corona le correspondió a Gustavo Zafra, quien obtuvo el 20 por ciento de apoyo en la encuesta, doblando a todos sus rivales menos a Raúl Caicedo Lourido, quien obtuvo el 16 por ciento. Ahí fue Troya. Caicedo Lourido impugnó el resultado, señalando que había aparecido una página en un periódico de la ciudad en la cual se señalaba que Zafra era apoyado por los grupos de José Renán Trujillo, del grupo del hoy contralor Manuel Francisco Becerra, y por el de Mauricio Guzmán. Esta era la única publicidad a favor de cualquiera de los candidatos que se había llevado a cabo durante los días de la encuesta, pero el candidato que quedó en segundo lugar consideró que constituía una violación de las reglas del juego. En realidad, durante las discusiones sobre el procedimiento se había mencionado el tema de la publicidad en el sentido de que era necesario abstenerse de hacerla para no influir en la decisión de los encuestados. Sin embargo este punto no fue incluido en el documento firmado por todos los aspirantes, y en consecuencia quedó un poco en el aire. En un barrio la firma anuló 137 entrevistas, porque los encuestados habían recibido un volante de uno de los aspirantes en sus casas.
Pero el caso de la página del periódico no era fácil de solucionar, pues es difícil determinar a quién y hasta qué punto puede influir un aviso aparecido en un periódico. Por todo esto, dos horas después de que el ganador de la encuesta, Gustavo Zafra, se inscribió como candidato a la alcaldía de Cali, Caicedo Lourido hizo lo propio. Ambos se enfrentan al respetado médico conservador Rodrigo Guerrero, quien está vinculado de tiempo atrás con las obras de la Fundación Carvajal y se ha matriculado como candidato cívico.
En Medellín se intentó hacer algo parecido al proceso de Cali, pero la encuesta no llegó a cristalizarse. En una reunión en la casa del senador José Blackburn, Bernardo Guerra, Alvaro Uribe Vélez, Jaime Enriquez y Luis Guillermo Vélez (a nombre de William Jaramillo) aceptaron el mecanismo. Después de 12 horas de discusiones, se llegó a cuatro nombres que serian confrontados en la encuesta: se trataba de Aurelio Aguirre, José Roberto Arango, José Prieto Mesa y Juan Manuel del Corral. La firma escogida para realizar la encuesta había sido Invamer, la cual no sólo cuenta con un gran prestigio por estar asociada a la firma Gallup, sino que además tiene sede en Medellín. Todo parecia estar de un cacho, hasta que Alvaro Uribe Vélez, cuyo candidato era José Roberto Arango, comenzó a sacarle el cuerpo a la cosa diciendo que era necesario consultar con los otros grupos que no estaban presentes. Se aplazó la decisión final para una reunión posterior, y en esta Uribe Vélez anunció que no le jalaba a la encuesta. Su justificación oficial era que era necesario acompañarla de garantías de despolitización de la burocracia, y que esto implicaba no incluir la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín en ninguna componenda política. En la práctica lo que sucedia eran tres cosas. En primer lugar, se había filtrado una encuesta elaborada por el conservador José Jaime Nichols, en la cual se demostraba que Aurelio Aguirre, el candidato de Bernardo Guerra, le ganaría a José Roberto Arango, el candidato de Uribe Vélez. En segundo lugar, que el gerente de las Empresas Públicas, Carlos Enrique Moreno, es cuñado del joven dirigente liberal, y éste, obviamente, no quería que un fortín burocrático de esa dimensión pudiera pasar a manos de sus enemigos en cualquier acuerdo de "gobernabilidad" que es el término nuevo para lo que antes se denominaba "clientelismo". Moreno es un hombre de talla ministerial que ha mantenido la tradición de seriedad y eficiencia de las empresas públicas, y en realidad ni le debe el cargo, ni se ha entregado a su cuñado. Sin embargo, nunca sobra que un centro de poder de esta naturaleza esté en manos de la familia. Por último, Uribe Vélez obtuvo la lista mayoritaria del Senado en las últimas elecciones, y considera que si él ha cedido varias veces a las aspiraciones de sus adversarios en aras de la unidad ahora, le corresponde el turno a él, independientemente de cualquier encuesta. Por todas las razones, montó tolda aparte y la consulta popular a través de sondeo de opinión no se pudo llevar a cabo. Y lo peor no fue esto. La tolda aparte fue en la otra orilla, ya que apoyó al candidato conservador Luis Alfredo Ramos. En esto lo siguieron Mario Uribe, César Pérez y Alberto Foronda. Como candidato liberal, apoyado por Bernardo Guerra y el resto del oficialismo liberal, quedó Aurelio Aguirre, un controvertido ex financista que tuvo renombre en los días de Félix Correa.
El balance de estos dos episodios es la casi seguridad en Medellín y la alta probabilidad en Cali de que los candidatos conservadores ganen la alcaldía. Para el Partido Liberal represerta un golpe muy fuerte el hecho de que por problemas de ego y de burocracia pueda perder la segunda y tercera alcaldías más importantes del país.
¿A qué conclusiones se puede llegar del intento de hacer consulta popular a través de un sondeo de opinión ? La que primero salta a la vista es que es muy difícil poner de acuerdo a los dirigentes políticos sobre una encuesta. La limitación no radica tanto enla validez de la misma, pues un sondeo de opinión de las características del que se llevó a cabo en Cali tiene un grado de precisión y seriedad muy considerable. 3.134 entrevistas repartidas equitativamente en 270 barrios ciñéndosea las técnicas modernas de sondaje revelan, sin mayor margen de error, cuál sería el resultado electoral en la eventualidad en que se llevara a cabo una elección el día de la encuesta. El problema, por lo tanto, no radica en la validez estadística del mecanismo sino en la legitimidad del mismo. Una encuesta revela quién ganaría en la eventualidad de que no se hiciera campaña política, y muchos consideran que eso no es suficiente. Una campaña puede variar el orden de los candidatos en cualquier momento, en la medida que sus ideas convenzan o en la medida que las fuerzas políticas que los apoyan sean predominantes. En Colombia la gente sale elegida no sólo en razón de su popularidad sino en razón de quién lo apoya, de cuánto dinero tiene y de cuánto acceso tiene a los medios de comunicación. La encuesta lo que hace es una radiografía de qué está sucediendo en un determinado momento, pero no contempla la posibilidad de cambiar situaciones, que es de lo que se trata la política electoral. Si el próximo presidente fuera a ser escogido hoy por encuesta, sería probablemente Andrés Pastrana o Antonio Navarro.
En la práctica el que más posibilidades tiene Ernesto Samper, quien en el momento de la verdad tendrá no sólo un repunte importantísimo si llega a ser nombrado candidato oficial del partido, sino una ventaja de maquinaria que probablemente garantizaría su triunfo. Esto mismo sucede, proporciones guardadas, a nivel municipal en cual quier ciudad del país. Por esto, la encuesta, a pesar de revelar una realidad electoral, no refleja todas las realidades políticas de situaciones que por lo general son complejas. Sin embargo, no hay que descartar el mecanismo. Lo peor que se puede decir de éste es que es tan imperfecto como cualquiera de las alternativas que lo pueden reemplazar mientras la consulta popular no sea viable.