"Maquiavelo no tiene curso en este gobierno"

SEMANA: ¿Al fin qué piensa el presidente frente a la Ley de Verdad, Justicia y Reparación?

Sabas Pretelt: Él ha insistido en que el proyecto debe tener credibilidad, equilibrio entre justicia y paz y ser aplicable tanto a los guerrilleros como a las autodefensas.

SEMANA: ¿Le gusta el suyo o el de Restrepo?

S.P.: Los objetivos en los que el Presidente ha sido reiterativo se consiguen en el proyecto presentado por el gobierno.

SEMANA: Pareciera que con el espaldarazo del presidente a Restrepo el gobierno admite que habrá dos líneas oficiales en el Congreso.¿Cuáles son los mínimos que defenderá?

S.P.: No puede haber impunidad; tiene que conocerse la verdad de lo acontecido. Las víctimas tienen que ser el centro de la atención de la reparación, tanto individual como colectiva. Debe aplicarse la justicia. Pero el gobierno no permitirá que lleguemos a una ley de sometimiento. De allí sí no nos vamos a mover.

SEMANA: ¿En cuánto a las penas de cárcel, cual es el mínimo?

S.P.: El proyecto habla de entre cinco y 10 años. Pero sobre ese aspecto específico puede haber flexibilidad.

SEMANA: ¿Qué tanta?

S.P.: Lo que sea conveniente para que no haya ni sometimiento ni impunidad.

SEMANA: ¿No hay una estrategia maquiavélica para quedar bien con la comunidad internacional, apoyando el proyecto de Rafael Pardo y al mismo tiempo con los paras, con la iniciativa de los senadores uribistas?

S.P.: El gobierno no está jugando al doctor Merengue, aquel personaje que decía unas cosas para quedar bien pero por detrás obraba en forma contraria. Los principios de Maquiavelo no tienen curso en el gobierno colombiano.

SEMANA: Parecen irreconciliables. Lo que los paras quieren para desmovilizarse no lo acepta la comunidad internacional.

S.P.: Quien lea el proyecto con detenimiento se da cuenta de que sí hay una línea muy clara. Va a existir un tribunal. Se va a aplicar la justicia. Va a haber pena alternativa para los delitos de lesa humanidad. A las demás personas se les van a dar todas las facilidades para la desvinculación y se va a buscar la reparación de las víctimas.

SEMANA: Pero hay más cárcel de la que están dispuestos a pagar los paramilitares.

S.P.: El gobierno está dispuesto a conciliar los períodos de cárcel. Lo importante es que haya un reconocimiento de los hechos y que haya reparación.

SEMANA: ¿Está el gobierno dispuesto a un debate abierto sobre la relación entre autodefensas y miembros del Ejército, de la Policía, con políticos, ganaderos y empresarios?

S.P.: Creemos que no debe haber un tribunal de la verdad. La verdad se tiene que desprender de la verdad judicial y de la colaboración que se reciba en esa materia. Es una ley que debe propiciar el reconocimiento del grupo de los delitos cometidos pero sin incriminar a terceros ni generar baño de sangre en el país. Eso sería intolerable y el gobierno no lo patrocina.

SEMANA: ¿Cuál sería la verdad judicial?

S.P.: Es la que se desprende de las sentencias del Tribunal de Justicia y Paz concebido en el proyecto más la información que se recoja por dicho tribunal. Pero no vamos a establecer un tribunal de verdad a base de delaciones.

SEMANA: ¿Entonces vamos a depender de la pericia del sistema judicial?

S.P.: Los miembros de las organizaciones armadas cuando se desmovilizan hacen una versión de los hechos. Allí ya hay una dosis importante de verdad. Adicionalmente, lo que recoge la Unidad de Fiscalía de Verdad, Justicia y Reparación y las sentencias de los magistrados es lo que configura el documento de la verdad en estos procesos.

SEMANA: Y sobre la reparación a las víctimas, ¿deben devolver las tierras usurpadas?

S.P.: El gobierno será inflexible en la aplicación de la ley de extinción de dominio a los bienes de procedencia ilícita. Y el Tribunal adelantará también una tarea en materia de tierras para lograr que sean entregadas y vayan al Fondo de Reparación de las Víctimas, que tendrá una veeduría de personajes de la vida colombiana.

SEMANA: ¿Aquí también queda a la iniciativa del Tribunal ?

S.P.: Obviamente depende del espíritu de colaboración de las autodefensas y de las exigencias del Tribunal. Pero a todo bien que se le detecte su procedencia ilícita se le hará extinción de dominio.

SEMANA: ¿Cuál es el sacrificio que tendrán que hacer las autodefensas y las guerrillas? S.P.: Para ser beneficiarios de esta ley, el Presidente tiene que darles primero el visto bueno para que entren al proceso. Segundo, que el Tribunal considere que son beneficiarios de la ley porque cumplen con la dejación de armas, aceptan el desmantelamiento de la organización, reconocen sus hechos delictivos, se alejan totalmente de la actividad ilícita, aceptan la pena efectiva que les corresponde si han cometido delitos de lesa humanidad, hacen entrega de bienes adquiridos ilícitamente y colaboran en la reparación de las víctimas. Así son beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz.

SEMANA: ¿Cómo se integra ese Tribunal?

S.P.: Se sugiere que esté integrado inicialmente por tres magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia y que vaya creciendo hasta nueve, dependiendo del número de personas que haya que juzgar. La composición de la terna será la del mecanismo tradicional de la justicia ordinaria.

SEMANA: ¿Hasta dónde llega el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz?

S.P.: Estados Unidos, la Unión Europea y los países que están acompañando los procesos de paz en Colombia han insistido en los mismos principios del gobierno colombiano: que no haya impunidad, que haya verdad y que haya reparación.Pero este es un proyecto de colombianos para colombianos, respetando los parámetros judiciales internacionales.

SEMANA: ¿Y eso se puede lograr?

S.P.: Si tienes impunidad total el día de mañana, la Corte Penal Internacional llama a estos señores. Las organizaciones armadas aceptan los proyectos si ven que van a tener claridad de futuro y adicionalmente, si la pena es proporcional con el esfuerzo que están haciendo de dejación de armas.

SEMANA: Pero a la comunidad internacional y a las víctimas les interesa es la proporcionalidad frente a los crímenes cometidos.

S.P.: La comunidad internacional presente en Cartagena ha expresado su conformidad con el proyecto presentado por el gobierno.

SEMANA: Obviamente, los paramilitares no se van a desmovilizar para ser extraditados. ¿Qué dice Estados Unidos de eso?

S.P.: El gobierno colombiano tiene una posición inflexible en materia de extradición. No incluye la materia en los proyectos de ley ni en las negociaciones. Cree que a la ley vigente es adecuada y adicionalmente tiene presente que la ley 782 permite que a las personas que están en procesos de paz se les suspenda la orden de captura, y si tienen delitos atroces se les aplica la ley que esperamos aprobar. De tal manera que una persona en esas condiciones tiene que acogerse es a la ley colombiana.

SEMANA: ¿Estados Unidos acepta eso?

S.P.: El gobierno de Estados Unidos respeta las decisiones y la autonomía de Colombia en esa materia.

SEMANA: ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno en lo que finalmente apruebe el Congreso?

S.P.: Nos la vamos a jugar enteros para que el proyecto salga. Pero acogiendo las distintas opiniones. En este tema no hay dogma.

SEMANA: ¿Hasta dónde lo que está realmente en tela de juicio es si el proceso de paz con las autodefensas es viable con las limitaciones impuestas por el contexto internacional?

S.P.: El gobierno no aceptará posiciones en el proyecto que lleven al rompimiento del proceso de paz y a la no materialización de los futuros acuerdos con las guerrillas. El único sentido de este proyecto es la paz.

SEMANA: ¿Qué tanta interlocución tienen las víctimas en todo esto?

S.P.: Además del Tribunal, la Fiscalía y la Procuraduría tendrán una unidad dedicada a asesorar a las víctimas. Se crea un fondo de reparación para recibir las donaciones internacionales, los bienes entregados por las organizaciones al margen de la ley y los aportes del presupuesto de la Nación. Y va a haber un Consejo de Reparación para ayudar a marcar el norte de la reparación. Todo estos recursos estarán asignados en un presupuesto previamente aprobado por el Congreso de tal manera que tampoco generemos una crisis fiscal.