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Margarita Cabello fue elegida procuradora general de la Nación con 83 votos en la plenaria presencial del Senado. Dijo que solo opinará cuando asuma el cargo en enero.

POLÍTICA

Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, ¿bajo el control de Duque?

La elección de la exministra de Justicia Margarita Cabello como nueva procuradora general de la Nación plantea un gran desafío acerca de la independencia de los organismos de control frente al poder de la Casa de Nariño.

29 de agosto de 2020

Tal como estaba previsto, la escogencia de la persona que reemplazará a Fernando Carrillo en la Procuraduría a partir de enero próximo no tuvo sobresaltos. Un grupo de 83 senadores votó en la plenaria por Margarita Cabello, exministra de Justicia, postulada por el presidente Iván Duque.

Esa votación, aplastante para algunos, fue una victoria política de la Casa de Nariño, empeñada desde el primer día en sacar adelante la candidatura de esta abogada barranquillera, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente, en eso radica la preocupación hoy. En efecto, a la Procuraduría llegará una persona proveniente de las entrañas del poder presidencial.

Surgen múltiples preguntas. ¿Podrá Margarita Cabello actuar con independencia? ¿La unanimidad partidista en torno a su nombre le impedirá proceder frente a los propios congresistas que la eligieron, algunos de ellos con investigaciones pendientes en la Procuraduría? ¿Logrará quitarse la camiseta del Gobierno y ponerse la de una entidad esencial en la lucha contra la corrupción?

La primera procuradora del país es una de las personas mejor preparadas de la rama judicial en Colombia. La antecede una larga trayectoria y formación académica, y un gran olfato político que la ha llevado a la cúspide de los poderes públicos. Su hoja de vida nunca ha estado en el centro de la controversia. Y muchos de quienes la conocen dicen que tiene carácter y que no va a ser títere de nadie, menos finalizando su carrera en el sector público. En realidad, se discute el origen de su candidatura y la rapidez con que la eligió la plenaria presencial del Senado, en la que no hubo puja con sus otros dos contendores (Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz).

Asimismo, la opinión conoció las movidas políticas del presidente y su gabinete para alinear a los partidos en la elección de Cabello, con el impulso adicional de la familia Char, a la que ha estado ligada la nueva procuradora desde años atrás. Nada de esto se había visto hasta ahora, pues Duque siempre había dicho ser un enemigo de la mermelada y el cruce de favores.

Sin embargo, bastó un puente festivo para que el Gobierno recogiera los votos suficientes entre el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal. Al unísono, cuando apenas se conocía la candidatura de Cabello, los senadores decidieron su voto y anticiparon la elección, aunque tendría que haber ocurrido hacia octubre o noviembre, ya que su periodo solo comienza en enero.

Cuando tome posesión de su cargo, Cabello tendrá sobre sí la lupa de la oposición. Al igual que ella, personas estrechamente vinculadas a Duque dirigen los demás organismos de control. El fiscal general, Francisco Barbosa, es amigo personal del presidente desde la universidad. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tuvo el guiño del mandatario para imponerse en la elección en la Cámara de Representantes. Y en el Gobierno se refieren a Carlos Felipe Córdoba como un contralor amigo.

La independencia y separación de poderes no es un asunto de poca monta y menos en la actual coyuntura cuando los ciudadanos desconfían del papel de sus instituciones. A sus representantes los perciben más preocupados por defender intereses particulares que el bienestar general. Que se hable de organismos de control de bolsillo solo alimenta el desencanto frente a la institucionalidad y la rabia frente al manejo del poder, y eso a nadie le conviene. Y ese será el gran reto de Cabello: demostrar que su autonomía no depende de la mecánica de su elección.

Algunos dicen que lo ocurrido con Duque y la nueva procuradora, el fiscal y el defensor corresponde al diseño institucional contemplado en la Constitución de 1991, en la que el presidente quedó con facultades para ternar candidatos en dichas entidades.

El entonces mandatario Juan Manuel Santos afrontó el mismo debate cuando el exministro Néstor Humberto Martínez fue elegido fiscal y cuando el también exministro Fernando Carrillo alcanzó los votos para llegar a la Procuraduría. O cuando Carlos Negret, exsecretario del Partido de la U, clave en la Unidad Nacional de Santos, llegó a la Defensoría.

En sus primeras declaraciones, Cabello dijo tres cosas: no se sumará a la polarización, buscará modernizar la lucha contra la corrupción y será una vocera de la gente y sus problemas. Como dice el dicho, habrá que ver para creer.

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